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5.4.11

Falso o Verdadero: El Gobierno dice que no son ellos sino es la justicia la que imputa a Doria Medina y pide su detención

Nota publicada en LOS TIEMPOS 5/04/2011.
La Fiscalía de Chuquisaca pidió la detención preventiva del jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y presentó la imputación formal en contra del también empresario cementero por supuestos daños causados al Estado con la firma de un contrato entre la Universidad Mayor de San Francisco Xavier y la Sociedad Boliviana de Cemento SA (Soboce) en 1999.
El fiscal de distrito de Chuquisaca, Weimar Guzmán, informó ayer que junto a Doria Medina fueron imputados los exrectores de la universidad Jaime Barrón y Jaime Robles, y el actual rector de esa casa de estudios, Walter Arízaga.
Doria Medina rechazó esta nueva acusación penal en su contra y considera que ésta forma parte de la “estrategia política” del Gobierno, que busca únicamente amedrentarlo. No obstante, manifestó que asumirá su defensa y probará que no cometió ninguna ilegalidad.
Tampoco abandonará el país, aseguró ante el pedido del fiscal, a las autoridades judiciales, de que ordenen su detención preventiva mientras se lleva adelante el proceso.
Doria Medina enfrenta otras dos acusaciones por varios delitos, entre ellos por sedición, debido a que según el Ministerio Público, las declaraciones que realizó en un canal de televisión en diciembre del año pasado sobre una presunta depreciación del dólar con relación a la moneda nacional generaron una corrida de poco más o menos 300 millones de dólares en el sistema financiero boliviano. El empresario prestó ya sus declaraciones informativas en las dos denuncias.
Con relación a esta segunda denuncia por el caso Fancesa, Doria Medina manifestó que ya no le extraña nada de lo que sale del Ministerio Público, debido a que responde a decisiones políticas digitadas desde el Gobierno.
Dijo que todos conocen que Fancesa creció, multiplicó sus inversiones y utilidades, aumentó el número de empleos desde su alianza con Soboce, pero se le enjuicia por invertir en Chuquisaca. “Si quisieran enjuiciar a quienes causaron daños al Estado, hay una cantidad de gente que habría que imputar por hacer quebrar empresas, y a todas luces dicen que hay daño pero no se toman medidas contra estas personas”, expresó.
En 1999, las autoridades de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier firmaron un convenio con Soboce donde se establecía que la empresa cementera se hacía cargo de Fancesa a cambio de 12,5 millones de bolivianos por siete años, dado que la casa de estudios era socia junto a la Alcaldía de Sucre y la extinta Corporación Boliviana de Fomento (CBF). Este convenio, que fue ampliado en la gestión 2006, según el Ministerio Público causó daños lesivos al Estado.
El Gobierno decidió romper ese acuerdo y revertir el 33,33 por ciento de las acciones en Fancesa de Soboce (empresa de la que Doria Medina es el principal accionista) a la Gobernación de Chuquisaca mediante un decreto a fin de que los bienes del Estado retornen bajo su control.
La alcaldesa de Sucre, Verónica Berríos (MAS), denunció hace tiempo que desde que Soboce administra Fancesa, el municipio no percibió recurso alguno y, por tanto, hubo perjuicios a la población. Por ello pidió un resarcimiento, a lo que el diputado Juan Carlos Apaza (MAS) inició el proceso legal ante la Fiscalía contra los responsables de la firma de ese contrato.
El ministro de Comunicaciones, Iván Canelas, negó que el Gobierno esté detrás de la imputación contra Doria Medina o que ésta tenga carácter político. “Es un tema que tiene que ver estrictamente con la justicia boliviana (…), no es cierto que el Gobierno esté detrás de este tema”, manifestó.
Canelas sostuvo que todo ciudadano tiene la obligación y el derecho de responder ante la justicia ante alguna denuncia.
El jefe de la bancada de UN, el diputado Jaime Navarro, corroboró las declaraciones del jefe nacional de ese partido político, aseveró que esa nueva imputación contra Doria Medina es una acción “estrictamente política” que busca dañar la imagen del empresario cementero y político. Acusó al Gobierno de estar detrás de esta determinación.
La demanda
• El fiscal de Chuquisaca Weimar Guzmán lo sindica de haber ocasionado daños al Estado con la firma de un contrato entre la universidad pública y Soboce

La denuncia incluye a tres rectores
El fiscal del distrito de Chuquisaca, Wiemar Guzmán, informó que el actual rector de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier, Waler Arízada Cervantes, ha sido imputado formalmente por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes así como por conducta antieconómica.

La imputación formal contra el exrector Jaime Robles es por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado; mientras que Jaime Barrón por contratos lesivos al Estado.

El fiscal precisó que en el caso de las tres autoridades universitarias, al igual que del empresario Samuel Doria Medina, en la resolución conclusiva se ha pedido al juez que ordene su detención preventiva.

Fancesa fue creada en enero de 1959 como sociedad anónima entre la Universidad Mayor de San Francisco Xavier, la Alcaldía de Sucre y la extinta Corporación Boliviana de Fomento (CBF), con una participación accionaria de un tercio por socio.

La CBF desapareció en 1986 y pasó sus acciones a la Corporación Regional de Desarrollo de Chuquisaca (Cordech), que también se extinguió en 1996 y entregó acciones a la exprefectura.

En 1999, en el marco de la política de privatización, las acciones fueron transferidas a Soboce, en un proceso que fue denunciado como irregular.

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