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A la izquierda Potosí y a la derecha Cochabamba, el río Caine es la frontera entre ambos departamentos...

20.6.11

GOBIERNO Y CHOFERES SELLAN PACTO Y EL PARO SE SUSPENDE

La derogación de las partes conflictivas del decreto 890, un acuerdo de cinco puntos entre el Gobierno y los choferes y la conformación de una comisión de trabajo para consensuar la Ley de Transportes, desactivaron anoche el anuncio del paro indefinido de transportes.
A las diez de la noche, luego de aproximadamente cinco horas de negociación, el presidente Evo Morales y el representante de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Franklin Durán, anunciaron la suspensión de la medida de protesta, que había sido convocada en rechazo a la renovación obligatoria de las unidades del transporte público de más de 12 años de antigüedad  y otras medidas de regulación tarifaria incluidas en el Decreto Supremo 890.
Un día antes, el Gobierno ya había logrado un acuerdo con el transporte libre, con el compromiso de derogar estas disposiciones, lo que se concretó a primera hora de este domingo con la aprobación del decreto 915.
“Felizmente hemos llegado a un acuerdo para la resolución del conflicto”, anunció anoche Morales.  El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, leyó el acuerdo con el transporte sindicalizado, que en su primer punto establece que “es importante preservar los derechos de los usuarios  y también de los transportistas”.
En segundo lugar se decidió conformar una comisión de trabajo para “consensuar” los artículos no derogados del decreto 890 vinculados a la Ley General del Transporte, cuya primera reunión se celebrará el jueves a las 6.00 en el Palacio de Gobierno.
El tercer punto del acuerdo determina que se incorporarán “los artículos, parágrafos, numerales e incisos derogados a través del Decreto Supremo 915, en la futura Ley General del Transporte” y el cuarto que se dará continuidad al diálogo entre el Gobierno y el sector del transporte pesado nacional e internacional en lo relativo a la reconsideración del cuadro de valorización aduanera para la regulación de remolques y semirremolques y se incorporará a todos los sectores involucrados.
“Mañana (hoy) tenemos una reunión en la Aduana Nacional, será a las 8.00”, anunció Gustavo Rivadeneira, representante de la Cámara de Transporte de El Alto. “Reprochamos al Gobierno la falta de visión para poder buscar los órganos correspondientes para la negociación”, acotó.
El quinto punto levanta todas las medidas de presión y garantiza el normal servicio del transporte público.

Sobre la jornada de negociación
 Revisión
“Estamos totalmente de acuerdo con que el parque automotor esté sometido a una revisión técnica”, señaló ayer en la mañana el representante de la Confederación Nacional del Transporte Libre, Roberto Copa, en conferencia con el presidente Evo Morales.
Análisis
El ministro de la Presidencia Carlos Romero, en el programa “El pueblo es noticia” no pudo explicar cómo mejorará el actual control para la revisión técnica de los vehículos, cuáles serán los parámetros para que salgan de circulación y dejen de dar el servicio al público. Indicó que se conformará una comisión técnica.

El Presidente pide disculpas a los choferes

El presidente Evo Morales pidió ayer “disculpas” a los trabajadores del autotransporte por los “errores” que se cometieron en la redacción del Decreto Supremo 890 y que ayer fueron enmendados con la aprobación de otra norma similar que derogó los artículos referidos a la limitación para el uso de vehículos de más de 12 años de antigüedad en el servicio de transporte público.
“Hemos cometido un gran error porque cuando se habla de la antigüedad de los carros estamos afectando a la gente más pobre del transporte. Pedir disculpas a los transportistas, principalmente a los de base, lamentablemente por errores técnicos me equivoqué y nos equivocamos con el gabinete”, enfatizó el gobernante durante la conferencia de prensa en la que anunció el acuerdo al que llegó con la dirigencia del sector.
“Debo decirles con todo respeto que hubo un error, hemos derogado el decreto para que no haya conflicto en Bolivia y no se perjudique a los transportistas ni lo transportistas a la población. Si algún opositor dice que Evo se equivoca es más digno y honesto reconocer los errores, por tanto no debería haber ningún conflicto", insistió.
Dijo que este retroceso es una muestra más de que su administración cumple con su compromiso de “gobernar con el pueblo”.
Ya en la mañana, durante una concentración popular en Trinidad por sus 325 años de fundación, el Jefe de Estado dijo que es "más digno y honesto reconocer y enmendar errores", al referirse al acuerdo que había logrado el sábado con los sindicatos del transporte libre.
"Es importante que las autoridades hagamos siempre un seguimiento para conocer los alcances técnicos de las medidas que adoptamos para no equivocarnos", reflexionó la autoridad.

Svetlana Salvatierra y Paolo Cuiza. Publicado en La Razón, 20 junio 2011

Empresa pública que aplica la auditoría de gestión es eficiente

La auditoría de gestión evalúa el grado de eficiencia y eficacia de los logros obtenidos por una empresa en función al cumplimiento de sus objetivos y la correcta utilización de sus recursos. Tendencia que se puede aplicar a empresas públicas del país.
En el marco de apoyo de la cooperación española al proceso de fortalecimiento institucional de Bolivia, se realizó un seminario taller en el que se analizó el “Proceso de la auditoría de gestión de una empresa pública”, y se transmitió la experiencia de ese país sobre normativa y gestión de los procesos de auditoría del sector público.
En el evento participaron expertos del Tribunal de Cuentas de España (TC) y de la empresa pública de agua Canal de Isabel II, que junto a sus pares de la Contraloría General del Estado (CGE) de Bolivia y funcionarios de empresas públicas bolivianas, analizaron la importancia de avanzar y profundizar las auditorias de gestión en las empresas públicas.
Este tipo de auditoría no sólo evalúa la parte contable, también estima los objetivos y planes organizacionales; vigila la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento; comprueba la confiabilidad de la información y de los controles; verifica la existencia de métodos adecuados de operación y comprueba la correcta utilización de los recursos.
Canal de Isabel II es la empresa responsable de la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad (Autónoma) de Madrid. Fue creada en 1851. En 1984, se le encomienda, además de los servicios tradicionales del abastecimiento, la depuración de las aguas residuales y la mejora y conservación de los ríos.
“Casi 2.200 trabajadores cumplen su cometido con la máxima eficiencia, haciendo uso de la más moderna tecnología. Lo que coloca a Canal de Isabel II como empresa puntera y líder en su sector a escala internacional”, destacan en su sitio web.
“Permanentemente hacemos auditoría de gestión, a los riesgos, para enfocar nuestros procedimientos y se cumpla con los objetivos de la empresa con el fin de que sus procesos sean más eficientes, eficaces y más globales”, subrayó Soledad Llamas, responsable de Auditoría Interna del Canal de Isabel II.
“Los procesos que se están auditando nos permite mejorar”, se implantan nuevos controles y procedimientos. “Somos una empresa pública pero queremos ser la mejor, compitiendo con las privadas”, expresó.
Un ejemplo. “Las empresas privadas buscan ganar dinero y obtener beneficio, Canal de Isabel II busca dar el mejor servicio al ciudadano, la forma de gestionar marca la diferencia: quizá a nosotros no nos interese tanto el coste de algunas cosas si va en beneficio del ciudadano”, explica Llamas y recuerda que la empresa rinde cuentas a la Comunidad de Madrid.

Fiscalización. El Tribunal de Cuentas, que funciona desde mediados del siglo XVI, es un Órgano Constitucional del Estado, previsto en el artículo 136 de la Constitución Española y cumple las funciones fiscalizadora (control externo) y jurisdiccional del enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurren los que tienen a su cargo el manejo de bienes y recursos públicos.
El TC al igual que la Contraloría General del Estado boliviano fiscaliza a posteriori. En el caso de la española, ingresa a fiscalizar a petición de los parlamentarios o por decisión propia en función a un plan anual de fiscalizaciones porque no podrían abarcar a todas las entidades públicas. Por ejemplo, España tiene unas 400.000 sociedades estatales, además de empresas públicas de todo tamaño.
Administración estatal, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, empresas públicas y sociedades estatales entran en ese plan. Los informes se realizan generalmente en el lapso de un año. En 13 de las 17 comunidades autónomas española operan las Cámaras de Cuentas que son órganos de control autonómicos. “Dependen de la Cámara de Representantes autonómicos. Somos órganos independientes del Ejecutivo”, precisa el subdirector del Departamento Financiero y de Fundaciones y Otros Entes Estatales, Alberto Rubio García.
Por ello, es que buscan que más empresas públicas en su país incluyan la auditoría de gestión, aunque tiene empresas públicas que cotizan en bolsa y tienen más exigencias. “En general, la mayoría de los informes no dan lugar a un proceso de tipo penal (malversación de fondos y cohecho). La normativa es exigente. Es garantía de una buena gestión”, sostuvo Rubio.

Doble control si cotiza en bolsa

Una empresa pública española tiene el 51% de las acciones y la normativa que aplica a sus actividades es pública, indica el subdirector del Departamento Financiero y de Fundaciones y Otros Entes Estatales del Tribunal de Cuentas, Alberto Rubio. “Independientemente de las exigencias que pide el mercado de valores a las empresas públicas que están cotizando en bolsa”, aclaró.
El usar ambas normativas es casi un doble control, manifiesta Soledad Llamas, responsable de Auditoría Interna de Canal de Isabel II. Sin embargo, Rubio explica que en algún momento se creó un  problema de competencias para auditarlas “por temas de confidencialidad, pues cierta información es sensible a la valoración de sus acciones”, precisa. Lo que no impide que estas empresas cumplan con la norma pública y entreguen toda esa documentación a los órganos autonómicos y ellos, a su vez los remiten al TC.

Contraloría General del Estado
En Bolivia
La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. Está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa.

Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero, 19 junio 2011

13.6.11

BDP otorgó créditos al sector productivo por Bs 1.303 millones

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) hasta el 31 de mayo de este año otorgó Bs 1.303.688.214 en créditos productivos a 20.118 clientes, la mayoría productores de alimentos en áreas rurales del país.
Esto en el marco del Fideicomiso para el Desarrollo Productivo (FDP) constituido, a partir de recursos del TGN, para implementar nuevas herramientas de financiamiento para el desarrollo que permitan mejorar las condiciones de acceso al crédito a micro y pequeñas unidades productivas que actualmente no responden a las condiciones tradicionalmente requeridas por las entidades de intermediación financieras nacionales.
La gerente general del BDP, Verónica Ramos, señaló que el FDP administra más de 1.200 millones de bolivianos.
Este monto está orientado a promover y mejorar el acceso al financiamiento de los pequeños productores urbanos y rurales, para que puedan obtener recursos financieros a través de créditos . “El crédito es un instrumento y no un fin”, sostiene.
Estos créditos facilitan al productor el desarrollo de su actividad cuyos ingresos los recibe en momentos distintos al de sus gastos, señaló. “Estamos tratando de que lleguen a un crédito accesible en términos de tasas de interés”. Años atrás las tasas para estos clientes eran del 30 y 40 por ciento, similar al las tasas para el sector comercial.
“Pero un productor de papa tiene al menos seis meses de ciclo productivo. No es lo mismo. Y además se incluye la etapa de comercialización. Si tú lo presionas por un crédito muy corto o una tasa muy alta, tiene que vender muy rápido su producción” y, por tanto, bajan sus ingresos, explicó Ramos.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo para la promoción de financiamiento, se ha logrado que la tasa de interés sea del 6%. “Está dirigida a productores que están fuera del mercado (financiero) y que ahora ampliamos a los que tuvieron alguna experiencia financiera”, indicó la gerente.
El margen de ganacia de la actividad que realiza es mayor.
“También incluimos en este producto el plazo. Ya no trabajamos con créditos tan cortos. Ahora son específicos para el sector agrícola y para el de manufacturas. En un mes no pueden reponer todo lo que han gastado en un mes (como en el sector comercio). Por ello tenemos créditos de hasta 10 años de plazo en función al techo del fideicomiso”, subrayó. El FDP tiene tres años de implementación.
“Consideramos que fue un producto interesante porque tuvo éxito en promover el acceso. Aprobamos 20.118 créditos” para igual cantidad de clientes, precisó.
Esto ha sido posible porque la cartera ha rotado, enfatizó. La demanda se concentró principalmente en el sector alimentos. El 74,4 por ciento de los créditos fue destinado a la actividad agropecuaria, principalmente primaria, en cultivos como la papa, palmitos, bananos, piña, crianza de ganado, leche, carne y otros.
Ramos indicó que existen dos tipos de créditos, los individuales y los asociativos. En el caso de los primeros, el monto crediticio es hasta los  80.000 bolivianos. Respecto al crédito asociativo (asociaciones de productores campesinos) los recursos en su mayoría tienen el mismo destino: alimentos.
El FDP da créditos individuales y asociativos y hasta la fecha el primer rubro en recibir el beneficio del financiamiento es alimentos, después está textiles y en un bajo porcentaje madera (carpinteros). Por departamento, en La Paz está el 28% de los créditos productivos, le sigue Cochabamba con el 21% y Santa Cruz con el 18,5%.
Haciendo una diferencia entre productores urbanos y rurales, el  porcentaje de los créditos otorgados es el 63%, que está destinado al área rural y el 37%, al área urbana. “Pudimos responder al productor, pero nos falta avanzar y enfrentar muchos retos”, manifestó.
Respecto al monto del fideicomiso, Ramos destacó que los Bs 1.200 millones ya están rotando. “Hemos colocado más de Bs 1.303 millones, que implica los repagos. La cartera ha rotado”, destacó.
Sin embargo, el principal desafío continúa siendo la garantía. “Además de la tasa y el plazo se considera una garantía personal como principal requisito, y esto ha permitido el acceso”, precisó Ramos.
“Trabajamos con garantes personales. Es la más importante diferencia con otros créditos”, manifestó. Sin embargo, aún resta avanzar en una educación financiera. En general, los nuevos clientes rurales del FDP son personas que nunca han tenido la oportunidad de conocer la actividad bancaria. Las oficinas de esta entidad, a través de la que se otorgan los recursos del Banco de Desarrollo Productivo, no llegan a zonas rurales (áreas dispersas) por los costos en seguridad, personal, infraestructura y telecomunicaciones.
“Lo más importante es que el cliente sepa cuándo, cómo y cuáles son las implicaciones de sacar un crédito” y “eso ayudará al BDP y al conjunto de los productores tomar conciencia de lo que significa una actividad financiera”, subrayó.

Mora. Fuentes del sector señalaron que la mora del FDP está en un promedio del 23%. Hay varios productores agrícolas y agropecuarios que por efecto de los fenómenos climáticos de los años pasados tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias.
Respecto de los créditos individuales, la mora alcanzaría el 19% y la de los créditos asociativos llegaría al 35% del total colocado.

Un banco de segundo piso que intermedia  

El Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta (BDP SAM), es una entidad de intermediación financiera de segundo piso, regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI). Tiene por objetivo intermediar fondos hacia entidades financieras privadas (banca tradicional y de microcrédito) que cuenten con licencia de funcionamiento de la ASFI.
Además, actúa como banco fiduciario, administra patrimonios autónomos, así como activos y componentes financieros. El FDP forma parte de su administración.


Créditos para empresas mixtas están en carpeta

“Estamos trabajando para tener crédito para empresas mixtas y empresas públicas; también en el área de infraestructura productiva donde hay mucha demanda”, adelantó la gerente general del BDP, Verónica Ramos al referirse a los retos.
El BDP es un banco de segundo piso que financia a instituciones financieras de primer piso, (banca tradicional). “Trabajamos con la mayoría de los bancos nacionales porque ahora hay un excedente de recursos”.
“Damos créditos a los bancos de primer piso para que ellos lleguen a los clientes”, indicó Ramos. Este trabajo cuenta con una metodología, sistemas informáticos y requisitos establecidos antes de que el BDP naciera de lo que fuera la Nacional Financiera Boliviana SAM.
Aclara que el BDP “no sustituye el rol de la banca lo que hace es promover y cumplir con una obligación que tiene el Estado para acceder a los financiamientos. Es por ello que se coloca a través de ellos una gran cantidad de recursos”, dijo Ramos.
“La perspectiva desde la fundacion de Nafibo y el cambio a BDP queremos consolidar la banca de desarrollo”, promoviendo el desarrollo del sector productivo, su transformación y su diversificación. Ramos enfatizó que el crédito es un mecanismo de apoyo y no el fin.
Se busca ampliar la articulación con los bancos para orientarlos al sector productivo. En un principio no estuvieron muy convencidos, pero ahora, por la coyuntura económica del país y tasas atractivas e inversión interna en algunas áreas, los bancos utilizan los recursos del BDP.

Demanda de créditos de la banca
Hay una mayor demanda de uso de los recursos del BDP en relación al año pasado por la banca privada, subrayó Verónica Ramos. Sin embargo, anuncia que los bancos advierten riesgos para llegar a las áreas rurales con tasas bajas, garantías y rentabilidad.

Mejorarán garantías de créditos sectoriales
El BDP se está convirtiendo en un referente para entender las necesidades de los sectores productivos dando apoyo a los bancos para que, a su vez, promuevan el crédito a sectores de la economía que antes no eran muy atractivos para ellos, expresó la gerente general del banco, Verónica Ramos.
“Hemos incorporado algunos productos financieros específicos como el crédito para los cañeros. Ya desembolsamos Bs 39 millones y ahora estamos negociando unos Bs 25 millones con otros productores”, informó la ejecutiva.
“Este producto está dirigido a mejorar y fortalecer la actividad cañera del pequeño productor. Hemos articulado un modelo que, de acuerdo al tipo de ingenio, puede tener la garantía de ellos para acceder a los créditos. Un ejemplo es Unagro”, expresó. Pero no todos tienen esa misma relación con estas industrias y para ello “buscamos garantías más adecuadas”. Adelanto que están en proceso de definición de este aspecto.
“Estos son créditos hechos a la medida. Más discutidos con la gente, más próximos a lo que son las posibilidades de los productores. Estamos también trabajando con productores de quinua, sésamo y frijol”, precisó.
Por el momento tienen 800 solicitudes de productores quinueros, pero están en el proceso de visitarlos. “No es tan simple. El área de la quinua es mucho más dispersa. Ahí estamos articulando con el FAAS, el fondo de los quinueros, y el Banco Union realizará una forma de tutelaje para desarrollar habilidades con ellos”.

Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero, 12 de junio 2011

Boliviano gana concurso y va a Sillicon Valley

Vladimir Tirado Márquez, director ejecutivo de la empresa ClicMart, ganó, junto a otras ocho empresas chilenas, el premio a la Innovación Tecnológica en el concurso nacional convocado por la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo).
Él es boliviano, paceño, y creó su empresa en Chile en el 2006. Al ganar este premio se hizo acreedor a una estadía de tres meses en la más importante incubadora de innovaciones tecnológicas del mundo, Sillicon Valley, que cuenta con la tuición científica de la Universidad de Stanford (EEUU).
Sillicon Valley es una referencia empresarial de industrias high-tech de orden mundial, que influye en la transformación de la economía de la sociedad de la información en el planeta. Es cuna de exitosas compañías como IBM, Hewlett Packard, Google, Facebook y Twitter y de importantes innovaciones como la computadora personal, el modem, el mouse y el internet.
La innovación tecnológica con la que Vladimir Tirado ganó el concurso auspiciado por Corfo, consiste en una plataforma móvil que conecta a los consumidores de bienes y servicios con las marcas y los proveedores, por medio de la utilización de teléfonos celulares. Es un sistema que permite, desde un iphone o un Android, utilizar un lector de códigos para obtener información de un producto y tomar decisiones acerca de compras y transacciones desde estos teléfonos celulares.
Durante su estadía en Sillicon Valley, de octubre a diciembre del 2011, este profesional boliviano presentará su propuesta a un grupo de expertos y participantes en tecnologías digitales, con el propósito de capitalizar su contenido, promover su difusión y captar inversionistas en el mercado internacional. Se trata de testear sus emprendimientos en uno de los mayores escaparates empresariales del mundo, tener accesos a inversionistas internacionales, conectarse con redes de emprendedores y descubrir, in situ, las necesidades de clientes globales.

Ingeniero. Vladimir Tirado es ingeniero de sistemas. Además de dirigir su empresa de tecnologías digitales en Santiago de Chile, es profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y director del Movil Innovation Lab de esa casa de estudios superiores. Asimismo, participa, como expositor, en paneles latinoamericanos de tecnologías móviles digitales.

Publicado en El Financiero, 12 de junio 2011

A las empresas nacionales les falta invertir en comunicación

En general, las empresas nacionales no están preparadas para un adecuado relacionamiento con los medios de comunicación que les permita fortalecer o mejorar su reputación corporativa, según muestran los resultados del estudio de Mora y Araujo.
Este grupo de comunicación aplicó una encuesta entre 200 periodistas de prensa escrita, televisión y radio del país, que partió del cuestionamiento sobre, ¿qué piensan y sienten los periodistas bolivianos sobre las organizaciones del país y su forma de relacionarse con los medios?
El objetivo era conocer la opinión de los periodistas en torno a las organizaciones, entender qué demandan de la relación entre ambos y qué problemas enfrentan actualmente.
La encuesta fue realizada por Captura Consulting en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, desde la tercera semana de marzo hasta la segunda semana de abril. El 48% de la muestra seleccionada corresponde a prensa escrita, 28% a televisión y 24% a radio.
“Los periodistas piden mayor valor noticioso en la información, comunicados más claros y personal especializado para vincularse con ellos”, es uno de los principales resultados del estudio y permiten reflexionar, manifestó el gerente de Ventas de Mora y Araujo, Andrés Shoai, en la presentación realizada a periodistas, agencias de comunicación y responsables de comunicación (finanzas, petrolero, cosmética, bebidas, organismos de cooperación y otras).
Un estudio de la consultora Hill & Knowlton destaca que “además de los clientes y la opinión pública, la prensa es considerada uno de los tres stakeholders (grupos de interés) más importantes”.
Las organizaciones se relacionan con los periodistas para difundir información que facilite su posicionamiento, divulgar nuevos productos y servicios y proteger su reputación en momentos de crisis.
“Porque saben que no es lo mismo poner una publicidad pagada a que lo diga un medio de comunicación”, pero, esa información debe ser un hecho noticioso que rompa con lo cotidiano, dijo Shoai.
“Las compañías son dueñas de sus marcas, pero los grupos de interés son dueños de la reputación”, subraya. Un ejemplo es el concepto de “mantener el perfil bajo”, estar fuera de los medios de comunicación los afectará cuando alguna situación cambie y perjudique a la empresa o cualquier organización.
Entonces, las organizaciones se relacionan con los periodistas para difundir información que facilite su posicionamiento, divulgar nuevos productos y servicios y proteger su reputación en momentos de crisis.
Pero no están preparadas. El estudio muestra que envían comunicados poco claros o mal redactados; organizan eventos donde no vale la pena participar; dan información de bajo valor noticioso; tienen voceros poco capacitados para hablar con los medios y poca preparación para enfrentar situaciones de crisis.
Por ello, la práctica  que más se valora (75%) es que tengan  un responsable de comunicación o una agencia especializada que facilite el contacto con el periodista y evite la burocracia para atender entrevistas.
El estudio muestra que las organizaciones que mejor se comunican son las instituciones públicas (en orden: alcaldías, gobernaciones y ministerios) y las empresas de telecomunicaciones. Le siguen las entidades financieras, grandes comercios,  empresas de bebidas, cosmética, alimentos, hidrocarburos y construcción (ver cuadro).
La relación actual es regular; el 60% de los periodistas coincidieron en ello; sólo el 26% señaló que es buena; el 14% considera que el relacionamiento es malo.

Mejoras en el relacionamiento
El estudio de Mora y Araujo Grupo de Comunicación explica que la reputación corporativa está asociada a los públicos que interactúan con la empresa y es el resultado de su habilidad de relacionarse con ellos. “Será positiva cuando el manejo sea bueno y será negativa cuando el manejo sea malo” y aclaran que “el prestigio se construye no sólo a través de la comunicación sino del comportamiento”. En ese marco, los periodistas sugirieron a las empresas que “inviertan más en comunicación” frente a la publicidad. “Que cuenten con una empresa de comunicación y que no sólo los llamen cuando tienen buenas noticias sino que atiendan cuando se  los necesita”. El 70% de los periodistas respondió que es muy importante que una empresa cuente con una agencia de comunicación y relaciones públicas.
También señalan que “consideren que la información es un bien público”. De esta forma se podrá enfrentar los problemas que evitan una mejor comunicación; lentitud y burocracia para compartir información y voceros poco capacitados.
“Los periodistas son un grupo de interés clave para las empresas y no una simple herramienta retransmisora”, señaló Andrés Shoai.

Svetlana Salvatierra, Publicado en El Financiero, 12 junio 2011

‘En Latinoamérica dan más atención al diseño, calidad de sonido e imagen’

Takeshi Uekawa llegó a Santa Cruz para celebrar los 15 años de Sony en Bolivia y presentar los nuevos televisores LCD-LED Bravia con acceso a internet y productos compatibles con el mundo 3D creados por la empresa japonesa, que enfrenta con eficiencia el impacto que provocó el tsunami en algunas fábricas. Es presidente de Sony Chile y Bolivia y anunció que pronto se abrirá una oficina de Sony en el país y expandirá la venta directa porque el mercado nacional así lo demanda.
— ¿Cuáles las diferencias entre los consumidores de Sony en los países en los que trabajó?
— Depende de cada país. En China y Taiwán compran los productos de manera directa, mientras que en Latinoamérica prestan más atención al diseño, a la calidad del sonido, de las imágenes. Afortunadamente, tanto en América Latina como en el Asia la marca es muy fuerte. En este momento no tengo cifras en la cabeza, pero tenemos los mercados más grandes que también poseen la mayor población.
— ¿Es la primera vez que usted se presenta en Bolivia?
— (sonríe) Verdaderamente es la primera vez que vengo oficialmente a Bolivia; sin embargo, he estado cuatro veces con anterioridad. La primera ciudad que visité fue La Paz, es muy interesante, está a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar y, cuando bajaba a la ciudad, se veía un panorama muy bonito. Paseamos por las calles... las vendedoras en la calle... muy diferente. Es importante que esa gente entre en nuestro mercado.
— ¿Cuál la importancia de Bolivia para Sony?
— Estuve en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba y veo la presencia de Sony con bastante fuerza. He hablado con muchas personas y les gusta, aman Sony. Aún antes de venir a Bolivia sabía que es una marca fuerte en el país. Sabía que tenía que tomarse en cuenta a los clientes de Sony en esta región y para nosotros es muy importante atender al cliente boliviano, que use los productos todos los días.
— ¿Cómo evalúa estos 15 años de Sony en Bolivia?
— Recién hace un año me trasladaron a Chile y Bolivia. Echando una mirada retrospectiva creo que Sony ha hecho bastantes esfuerzos y es la primera empresa que ha establecido el sistema de garantía de productos (cuatro años en televisores por ejemplo) y que abrió salas de exhibición y centros de servicio al cliente en Santa Cruz y en La Paz. Hemos hecho mucha inversión en Bolivia. Lo importante es atender a los clientes bolivianos e introducir las últimas tecnologías como la televisión que ya tiene conexiones de internet. Es tecnología de punta y de última moda. Tenemos un servicio posventa bastante fuerte y vamos a continuar con ello.
— Cifras de inversión...
— No podemos revelar las cifras, pero es bastante dinero. Hicimos estudios de marca con la empresa GFK. Nos llevamos la noticia grata de que Sony es una marca que está muy arriba... no puedo dar cifras... es sobresaliente... (su mirada se ilumina mientras observa dicho documento).
— ¿Estos resultados marcan algún cambio en sus planes?
— No necesitamos cambiar, la marca es tan fuerte que simplemente tenemos que seguir adelante atendiendo las exigencias de los clientes bolivianos.
— ¿Cómo van a mejorar esta atención en el país?
— Sony está desarrollando nuevas tecnologías de alta calidad y continúa haciendo inversiones
— ¿Abrirán tiendas Sony?
— Si se refiere a tiendas directas, ahí está la sala de exhibición en Santa Cruz donde empezamos a vender accesorios y productos muy específicos que no se hallan en otro lugar. En el web site se hallan productos que no están aquí y a todos los clientes tenemos que darle servicio.
— ¿Qué planes tienen para el 2011 en  Chile y Bolivia?
— Continuaremos con campañas de marketing en televisión y otras actividades. Abriremos oficinas corporativas en La Paz y Santa Cruz. Tendremos una mayor presencia en el país. En general, vamos a expandirnos. Festejamos los 15 años de Sony con un Open House en el que se presentan tecnologías innovadoras en el ámbito de la electrónica y el entretenimiento.
— Sony es una empresa japonesa que también recibió impactos por el tsunami que afectó a su país meses atrás...
— Algunas fábricas de Sony estaban en la zona más afectada por el tsunami, pero ahora que estamos en junio ya han empezado a recuperarse. Algunas fábricas de partes o piezas generaron alguna escasez, pero en el caso de Sony no afectó mucho... afortunadamente. En este sentido diría que estamos bien. Muchos de los fabricantes siguen trabajando para recuperarse. La velocidad de recuperación es mucho mayor a la que se pensaba en un principio.

Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero, 12 de junio 2011

Manquiri restaura bocaminas coloniales en el Cerro Rico

Cerca de 200 bocaminas coloniales construidas en diferentes épocas desde hace 466 años, cuando se inició el ingreso a las entrañas de plata del Cerro Rico, tienen estilos arquitectónicos que datan de hace 10 siglos y ahora son restaurados por la empresa minera Manquiri.
En un comunicado de prensa explica que uno de los primeros de esos portales de socavón fue construido por orden del Virrey Toledo en 1545, con técnica y arte Cister que la orden religiosa benedictina —fundada en el siglo XI—  empleaba en la construcción de sus monasterios. Hoy, tales rasgos persisten como reliquias que sostienen fragmentos de la historia de la minería boliviana.
“En estas bocaminas quedan huellas constructivas europeas, reflejadas en los arcos de piedra de ingreso a los socavones con salientes que representan detalles sutiles”, señala en un informe la arquitecta Ana María Luna, experta en restauraciones. La Fundación para el Desarrollo de Potosí (Fundespo) de la Empresa Minera Manquiri entregó el 4 de mayo al Comité de Defensa de Preservación de Áreas Históricas de Potosí y, tiempo después, a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Culturas, un estudio a detalle de la implementación de un circuito turístico y reposición de 138 bocaminas coloniales y republicanas del Cerro Rico, de las cuales 19 ya fueron restauradas. Tiene el propósito de “consolidar el circuito turístico interpretativo Rumi Colque (piedra de plata, en quechua), para promover una política de preservación y conservación del Cerro Rico y su morfología”. En relación con los portales de las bocaminas, pretende “recuperar, conservar  y fortalecer el valor arquitectónico, histórico y patrimonial de las 138 bocaminas identificadas como monumentos del proceso industrial minero de la historia de Potosí y Bolivia”.
El circuito tendrá un recorrido por diferentes zonas en las que se encontrarán las bocaminas restauradas, coloniales, republicanas y actuales y terminará en la cumbre, a 4.786 msnm. El presidente de Manquiri, Humberto Rada, sostuvo que la remoción y retiro de desmontes antiguos que depositarán en un dique de colas, convierte a sus operaciones en un proyecto de remediación ambiental, que aporta a la preservación del Cerro Rico de Potosí.

Destacan valor del proyecto
-Wálter Zabala, de la Sociedad Geográfica e Histórica de Potosí, aseguró que el emprendimiento de Fundespo beneficiará el inicio de tareas más complejas de preservación del Cerro Rico.

-Julio Quiñones, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí, señaló que esas bocaminas y sus galerías que estuvieron escondidas durante centenares de años, y que fueron descubiertas al
retirar los desmontes; guardan un incalculable valor histórico.

Svetlana Salvatierra, Publicado en El Financiero, 12 junio 2011

7.6.11

Protel moderniza mercado de seguridad electrónica en La Paz

La protección electrónica es un servicio que crece en el área metropolitana. Protel SRL en tan sólo un año de vida incrementó su cartera de clientes, hogares y empresas en La Paz y El Alto, atendiéndolos con equipos y sistemas de última tecnología.
Es una empresa privada, la más joven de este rubro en el mercado nacional. “Nacimos el 8 de enero de 2010; pero, para dar este servicio se debe cumplir una serie de requisitos exigidos por  la Policía Boliviana. Los cumplimos y el 15 de abril del año pasado nos autorizaron dar el servicio de monitoreo en la ciudad de La Paz y el interior del país”, precisó el gerente general de Protel SRL, Pablo Camacho.
“Estoy hace muchos años en el campo de la seguridad y es una de las industrias que tiene las mayores tasas de crecimiento a nivel mundial porque la inseguridad es siempre un factor de necesidad en hogares, empresas, instituciones y el Gobierno”, enfatizó Camacho.
Advierte que “el nivel de delincuencia avanza conforme a la tecnología”, motivo por el cual se  requieren de sistemas cada vez más avanzados para poder otorgar seguridad en las instalaciones públicas y privadas.
Camacho señala que en Estados Unidos y Brasil se han desarrollado grandes empresas de seguridad electrónica y física. Y en el mundo, la industria tecnológica avanza continuamente.
“Si bien se veía el tema de seguridad como un gasto, ahora las personas entienden que es una inversión, es una necesidad de controlar lo que está pasando en sus casas,  empresas e instituciones... y poder dormir los 365 días del año con tranquilidad”, manifestó Camacho.
Brindan seguridad electrónica, resguardo y vigilancia a bancos, campos petroleros, hospitales, hoteles, fábricas, colegios, universidades y domicilios.
Su esposa, Sandra Bedregal, mencionó que “en la industria de la construcción dan importancia al tema de contar con las cámaras y alarmas, desde el acceso a los edificios”, un ejemplo es el condominio Tierra Madre que pidió este servicio, precisó Bedregal.
Por cuarto año consecutivo, asistieron a la ISC West 2011, feria internacional de seguridad que se realiza en Las Vegas, donde se efectúan contactos con los expositores de la industria en Control de Acceso, Alarmas y Vigilancia, Biometría, Video Vigilancia, Control de Incendios, Control Remoto, Integración de Sistemas de Seguridad Pública y Seguridad, Aplicaciones Inalámbricas, entre otros. “Es importante la calidad y garantía”, subrayó Camacho. Especialmente en equipos y sistemas inalámbricos y que utilizan la red de internet.
Una novedad fueron las chapas de acceso biométrico para el hogar. Lee hasta el tercer nivel de la piel.
El sistema biodireccional permite ver si el sistema de alarma está armado o no hasta 200 metros. “Es  único en La Paz”, aseguró, porque son pocas las empresas que importan; “además, somos mayoristas y distribuimos a otras empresas locales del rubro y al resto del país”.
Son representantes exclusivos de DCS, empresa internacional reconocida por sus equipos. Protel SRL anuncia que tienen autorización de fábrica para cambiar gratuitamente los paneles antiguos de DSC por nuevos con pantalla.
Su equipo de trabajo cuenta con 26, profesionales y técnicos capacitados, que cumplen con exigencias y reciben beneficios legales vigentes y tienen seguro de vida, afirman los ejecutivos.
“Lo que falta es control a las empresas ilegales de seguridad”, subrayó Camacho; pero ven “señales de que el Gobierno quiere avanzar” en este tema.

Un sistema de verificación doble en centro de control
Protel SRL utiliza equipamientos y software de última generación para recibir y procesar las señales de alarmas.
Los sistemas de información se encuentran duplicados, lo que significa que los cortes de energía no son impedimento para mantener sus operaciones.
Su centro de control cuenta con doble sistema de verificación de alarmas que implica que permite dar un servicio continuo sin interrupciones.
Además, el sistema está soportado por el UPS on line que elimina la posibilidad de interrupción del servicio. El sistema de comunicaciones y la central telefónica también poseen backup de baterías asegurando de esta forma el mantenimiento de las comunicaciones ante cualquier problema por tema indeterminado.

Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero 5 de junio 2011

ATT define reglas para regular las tarifas de transporte público

El parque automotor nacional superaría los 910.000 vehículos y la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones (ATT) inició la transferencia de capacidades regulatorias técnicas y operativas a los gobiernos subnacionales para el servicio público.
En ciudades cuyo eje urbano no supera el diámetro de cinco kilómetros, la tasa de motorización casi iguala a algunos países en desarrollo, según el estudio El auto nuestro de cada día. El parque vehicular de Bolivia. Diagnóstico y Control del proyecto Aire Limpio, de abril del 2011, de Cosude (Agencia Suiza para el Desarrollo).
Cochabamba puede considerarse la ciudad más motorizada de Bolivia con  275 vehículos públicos y privados por cada 1.000 habitantes, y Tarija con 195 vehículos por cada 1.000 habitantes; en esa misma relación, Oruro tiene 180 vehículos, Potosí, 175;  Santa Cruz, 140, y La Paz y El Alto, 110 unidades. La tasa de motorización nacional es de 158 vehículos por cada 1.000 personas, unas seis personas por automóvil (cifras del 2007).
Se estima que la tasa de motorización en el país, para el 2011, es de ocho personas por unidad, afirma Javier Cornejo, encargado sectorial de Transporte Automotor  de la ATT, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas. El 2006 se calculó para Bolivia una tasa de 15 personas por vehículo frente a cuatro personas por un vehículo en Argentina.
El crecimiento en promedio anual del parque automotor, privado y público, en Bolivia, hasta el 2008,  fue de un “alarmante” 25 por ciento,   advierte el proyecto Aire limpio y “con ese ritmo de crecimiento paulatino y sostenido, en cuatro años más Bolivia habría duplicado el número de vehículos sin que la infraestructura vial de las ciudades sufriera alguna variación que acompañe este fenómeno”.
El 2008, el Decreto Supremo 29836 prohibió la importación de vehículos usados con cuatro años de antigüedad, que aún saturan las rutas, tanto urbanas como intermunicipales y departamentales.  Más del 52% de los vehículos que circulan en El Alto, así como el 60% en Sucre y  Tarija y 68% de Potosí son de antes de 1991 y otros datan de las décadas de los años 80 y 70.
El INE y el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) establecieron para el 2009 un total de 905.870 vehículos en el parque automotor boliviano, lo que habría subido a más de 910.000 para este año. El 89,9% corresponde al sector privado y un 9,43% al transporte público, explica Javier Cornejo.
Se estima que los minibuses  aumentaron en un 150% en una década y los microbuses, un 31%.  Se podría pensar que a mayor aumento de vehículos mejor servicio, pero no es así, afirma Cornejo, y precisa que la “miniaturización” del transporte público urbano “crece a un ritmo del 7% anual en Bolivia”.
Transferencia. Los problemas operacionales pueden resumirse en horarios, rutas, frecuencias y cantidad de vehículos, resume Cornejo (ver cuadro).
Según la ATT, “todos estos  problemas  repercuten en factores de gestión deficiente  que se traducen en costos operacionales altos debido a un mayor consumo de combustible, desgaste de los vehículos por horas improductivas y una sobreoferta o suboferta en horas pico”.
El problema, sin embargo, es estructural, tiene larga data”, afirma, la directora Técnica Sectorial de Transporte de la ATT,  Verónica Jordán. El camino de la motorización sin retorno se inicia desde que Nicolás Suárez, el industrial del caucho, trajo un vehículo a Bolivia en 1903.    
Jordán señala que ni la Superintendencia de Transportes, creada en 1994, ni la ATT, desde el 2009, tuvieron competencia  plena en la autorización para la prestación de servicio público. La CPE y  la  Ley de Autonomías, de julio del 2010, asignan nuevas competencias a los gobiernos autónomos como la regulación sectorial del transporte.
La ATT inició la transferencia de capacidades regulatorias técnicas y operativas a gobiernos autónomos departamentales de Cochabamba, La Paz y Oruro y a los gobiernos municipales de Sucre, Potosí, Cercado (en Cochabamba) y El Alto, desde fines del 2010 para que éstos puedan ejercer las competencias regulatorias, de fiscalización y de defensa de los usuarios de los servicios de transporte urbano, informa Jordán.
Esta transferencia forma parte de un proceso más amplio  iniciado por la ATT con apoyo  de la   Cooperación Técnica Alemana.
Con ese fin,  el equipo de la ATT elaboró el “Manual de Regulación Económica para el Servicio de Transporte Público Automotor Interprovincial, Intermunicipal y Urbano”. Carla Camacho, consultora de la cooperación alemana, destaca que se busca “fomentar mercados competitivos para un mejor servicio de transporte, con calidad y tarifas justas” y “proteger los derechos de los usuarios” de los abusos, deben ser los principales objetivos de la regulación.
Por su parte, Verónica Jordán manifiesta que “los gobiernos departamentales y municipales tienen funciones y competencias  normativas, reguladoras, supervisoras fiscalizadoras, sancionadoras y hasta una función para la solución de controversias”, lo cual les permitirá  mejorar la calidad del servicio terrestre automotor. Los desafíos son enormes, subraya.

RESULTADO DE GESTIÓN DE LA ATT
“Un resultado de gestión que la ATT ha asumido públicamente ante las  federaciones de juntas de vecinos y otros actores sociales del sector,  es la transferencia de sus capacidades técnicas de regulación económica del transporte urbano a las nuevas entidades territoriales autónomas”, confirma la Asesora Técnica de Gestión Institucional del PADEP, Verónica Gamarra.

95,7% de vehículos contaminan

El 95,7% de los vehículos que circulan en Bolivia  contaminan, reveló el estudio “Análisis ambiental de la política energética boliviana”, de Teresa Coaquira Siñani,  del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
Sólo un 4,5% de los vehículos son nuevos, sostiene Coaquira. La mayoría de los vehículos nuevos se halla en Cochabamba y Santa Cruz.
La siniestralidad aumenta con el crecimiento del parque automotor. En Bolivia morían cuatro personas por día en accidentes de tránsito, el 2006, según el INE, que  informó de 1.465 fallecidos ese año. Para el 2009, el número de decesos bajó a 973. Los accidentes de tránsito superan  la media andina. El 2002 se registraron 22.040 accidentes y el 2009 un total de 41.874, muchos por problemas humanos y vehículos viejos, muestra la Comunidad Andina. El  Gobierno emitió un decreto de suspensión definitiva de la licencia de conducir  para conductores en estado de embriaguez y que provoquen accidentes. 

ANÁLISIS DE LA ATT SOBRE EL TRASPORTE INTERMUNICIPAL Y URBANO

SITUACIÓN ACTUAL
  • No existe una planificación del Servicio de Transporte Automotor Urbano e Intermunicipal que esté en función al crecimiento poblacional, ordenamiento territorial del país y que tome en cuenta los horarios y costumbres de la población.
  • No existen procedimientos en función a estudios de oferta y demanda para las autorizaciones; hay incumplimiento en rutas, horarios y frecuencias autorizadas por gobiernos municipales; no hay acreditación para conductores.
  • No existe un régimen de estándares técnicos de calidad y seguridad; falta mantenimiento adecuado a los vehículos del transporte público urbano y circulan excediendo su capacidad; además habrían alterado sus condiciones de fabricación para transportar pasajeros; la emisión de gases contaminantes no es controlada; se carga gasolina con pasajeros; los vehículos no cuentan con condiciones de confort e higiene. Tampoco existe una capacitación a los conductores sobre educación, seguridad y otros aspectos viales.
  • Respecto a la fiscalización, no existen procedimientos ni personal para ejercer una adecuada fiscalización al transporte urbano.
  • Sobre el régimen tarifario no existe una metodología de cálculo tarifario actual; los costos operativos del transporte urbano no están actualizados; no existe una real cuantificación de la demanda de pasajeros y la oferta del parque automotor; tampoco se cuenta con un mecanismo de actualización tarifaria ni factores relacionados a las tarifas que incentiven la mejora de la calidad del servicio.
  • No existen procedimientos adecuados para resolución de conflictos, atención de reclamos y régimen sancionatorio.

SITUACIÓN IDEAL
  • Según la ATT, la planificación debería atender las necesidades de transporte originadas por el fomento y desarrollo de nuevos núcleos poblacionales y de zonas con demandas insatisfechas, producto de la expansión urbana.
  • Realizar un estudio de mercado por ciudad, distritos, zonas; establecer procedimientos adecuados para otorgar autorizaciones; restringir cantidad de vehículos por zona; incentivar conversión al GNV con rutas de mayor flujo.
  • Tender a la disminución de los niveles de siniestralidad a través del mejoramiento del desempeño del transporte público; cumplimiento de estándares de calidad y seguridad; definir las condiciones para la prestación del servicio; favorecer la progresiva integración de las personas con discapacidad, de la tercera edad, embarazadas y niños facilitando su acceso (infraestructura y tarifas) a los vehículos de transporte público.
  • Contar con procedimientos, mecanismos, instrumentos y recursos humanos suficientes para realizar una fiscalización; incorporar mecanismos de control social especialmente en el cumplimiento de horarios, rutas y frecuencias; realizar inspecciones para verificar los estándares de calidad, seguridad, reglamentos de prestación del servicio, obligaciones y normativa; incentivar la escuela y acreditación de conductores, mismos que cuenten con licencias especiales para el tipo de servicio; flexibilizar las condiciones de operación otorgando mayores posibilidades a los permisionarios de los servicios públicos (exclusivos y expresos) para ampliar la gama de prestaciones ofertadas.
  • Definición de mecanismos de aprobación tarifaria, condicionada al cumplimiento de estándares de calidad y seguridad; se debe contar con políticas que no generen discriminación y sí una libre y leal competencia con tarifas que respondan a una estructura eficiente de costos, para ello se debe contemplar un periodo transitorio o de adecuación a la metodología; a través de un consenso se definirá una tarifa inicial que será actualizada por un factor de ajuste que determine mejoras de la productividad del sector; el Gobierno central formularía guías metodológicas voluntarias para ser adecuadas por los gobiernos locales.
  • Establecer procedimientos de faltas y sanciones desde el apercibimiento, multas y suspensión de la autorización.
 
Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero, 5 de junio 2011

‘El despachante de aduanas garantiza el correcto pago de los tributos’

Carlos Andia. Secretario Ejecutivo de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana, enfatiza en que la participación de los auxiliares de la función pública, como manda la Ley General de Aduanas, es esencial en el proceso de regularización de los vehículos indocumentados que entraron ilegalmente al país y que hoy tienen espacio para una nueva amnistía; sin embargo, le preocupa que la nueva norma no permita su trabajo que minimiza el riesgo de fraude y espera el reglamento.
— ¿Cuál es la posición de la CNDA frente a la ley para los vehículos chutos?
— En este  proceso de saneamiento de propiedad de vehículos indocumentados figura que se haría sin la participación de los despachantes de aduana. Eso genera una  profunda preocupación. Sin embargo, de lo que se trata es de que vehículos que han ingresado del resto del mundo en el país, quizá de manera ilegal, tienen que sanear su situación. Para esos aspectos, los despachantes de aduana como auxiliares de la institución pública debemos coadyuvar a que cualquier disposición que salga de la Asamblea Plurinacional arriben a buen puerto y sea exitosa.  Nos ha preocupado que no se tome en cuenta el trabajo técnico de los despachantes.
— ¿Hay  alguna norma que señale que es necesaria la participación del despachante de aduana?
— Sí. La Ley General de Aduanas (vigente) tiene todo un capítulo que se refiere a la función pública que desempeña el despachante de aduanas como el profesional  que se ocupa de que se cumplan las normativas y las disposiciones aduaneras.
— ¿No lo puede hacer otra institución o profesionales?
— No, porque el despachante de aduanas se somete a una serie de exámenes de pruebas, actualizaciones en conocimientos de la normativa aduanera para poder tener una licencia. Ahora, como propietario, voy a hacer una nacionalización o sanear un vehículo, hago alguna omisión o pago un tributo inferior al que debería hacer, después de que el oficial de aduanas me ha dado el visto bueno y nunca más me van a ver, más aún si soy del área rural... El despachante de aduana como tiene esta garantía por los tributos es el que responde al Estado. Mantenemos una carpeta  donde está toda la documentación física desde la factura, documentos de transporte, cómo se ha liquidado los tributos para esa importación, el pago que se ha hecho, la DUI (Declaración Única de Importación). Muchas veces un propietario de vehículos que tiene que presentar  la DUI a alguna instancia del sector público le pide al despachante de aduana una papeleta legalizada y éste tiene la potestad que le otorga la Aduana Nacional para hacer aquello. Si no participamos se va a perder el rastro.
— ¿La Aduana bajo la norma  actual puede hacerse cargo de estos procedimientos?
— La Aduana siempre se ha hecho cargo de toda la normativa, pero quien se presenta para poderse acoger a este proceso es el propietario del vehículo. En los anteriores procesos (amnistías) el propietario llevaba físicamente el vehículo a un recinto  aduanero y allí el despachante de aduanas facilitaba que  la operación sea expedita. Un minibús de 15 ó 16 asientos o de  2.400 cm cúbicos de motor a gasolina, diésel o gas, o si es del Japón o de Corea o China, todos esos son parámetros que permiten fijar el valor. No digo que sea una cosa de otro mundo pero la parte técnica de determinar el valor y la partida arancelaria para el correcto pago de tributos y para que la Aduana recaude lo correcto, por supuesto el despachante tiene un papel trascendental.
— ¿Cuánto tiempo tarda?
— Si hablamos de una cantidad tan grande de vehículos y de un plazo limitado (tres meses); asumiendo que trabajarán sábado y domingo van a tener que nacionalizar mil vehículos por día.  En experiencias pasadas con la intervención de los despachantes se tardaba un promedio de dos días, en el 2004 con la última amnistía. No representamos un costo para el Estado.
— ¿Cuál era el costo mínimo que se pagaba?
— Era como unos 20 dólares de un proceso con valor de 10 mil dólares. Pero ahora sigue el problema de congestión en la Aduana y no hay funcionarios suficientes.  ¿Qué va a pasar con el resto de las importaciones regulares? Si no hay alguien que sea el nexo y el facilitador entre el propietario del vehículo la administración aduanera también se va a afectar.
— ¿Esta ley abriría el paso para que se elimine al despachante  de aduanas en Bolivia... en contracorriente de lo que sucede en el mundo?
Si estaríamos. Pero sucede que la propia Ley de Aduanas vigente dice que el trabajo del despachante de aduanas es opcional; lo mismo sucede en países como  Brasil, Argentina, Perú. Todos los importadores o el 99% trabajan con despachantes de aduanas; son los facilitadores para que las operaciones comerciales se hagan de manera mucho más expedita y minimiza el riesgo de fraude y el no pago de tributos.
— Después de promulgada se tendría 15 días para hacer el registro, ¿cuánto podrá cambiar el procedimiento en el reglamento a la ley?
Operativamente va a ser muy complicado por el número de vehículos que hay... lo que yo entiendo es que primero se registra y recién se programará, algún rato, todo el proceso en 90 días. En los anteriores eran  vehículos, pero ahora entran tractores y maquinaria agrícola.
— ¿Como procedimiento el tractor tendría que ir a un recinto aduanero?
— Imagino que la Aduana tendría que tomar una decisión, como en el Chapare, Beni, Pando o Cobija, donde hay muchos indocumentados, de poner una ‘sucursal’. La ley es más macro, pero vale la pena analizarlo y tendría que estar en el reglamento e implicaría mucho más logística, infraestructura e inversión para el Estado.
— ¿Qué pasa con vehículos legalmente importados?
— Sale con la DUI que ya tiene todo en regla y refleja que se han pagado todos los tributos y puede ir al municipio que le corresponda para tramitar placas.
— ¿Presentarán propuestas para el reglamento a la nueva ley para los chutos?
— Importante es señalar que la labor nuestra es coadyuvar. Hay 200 empresas (micro y pymes) de despachantes de aduanas en el país. Esperamos que realmente sea por última vez y que no se dé  ni mínima cobertura al contrabando, que no es bueno para el país.

Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero, 5 de junio 2011

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