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A la izquierda Potosí y a la derecha Cochabamba, el río Caine es la frontera entre ambos departamentos...

12.12.11

“Yo también soy Bolivia”


Ivan Arias Duran en Columnistas.net
Con estas palabras entrecortadas por el dolor, un dirigente de los discapacitados, reclamaba ser atendido por el Gobierno a través de una marcha que se inicio el 15 de noviembre en Trinidad y que pasando por Santa Cruz, continuando por Cochabamba y atravesando Oruro tiene como meta, de no ser atendidos previamente, llegar a la Sede de Gobierno. El recorrido por la carretera se hace en sillas de ruedas, con muletas y bastones. Como señala una crónica de El deber, el  asfalto, caliente es letal para la silla de ruedas de Carmela Jiménez. Las gomas delanteras de ese aparato que hace las veces de sus pies están picadas como si alguien las hubiera picoteado con tijeras. En más de 15 días de caminata por la carretera no solo las gomas se han deteriorado. Otras partes de las sillas también están estropeadas. Es que en varias zonas de esa ruta existen baches que son un ‘veneno’ para esos aparatos rodantes. “La mía está toda destartalada”, dice José Barraga Arrieta, que no puede mover sus pies y con sus dos manos sacude la silla que suena como una bolsa con fierros sueltos.
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La Confederación Boliviana de las Personas con Discapacidad (COBOPDI), antes de iniciar la medida de presión,  tuvo una Cumbre Nacional donde determinó enviar una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS), para que pueda agilizar el tratamiento del proyecto de ley del "Trato Preferente para las Personas con Discapacidad" pero a raíz de la falta de interés y de no  respuesta a la misiva se determinó iniciar con esta caravana que inicialmente la conformaban 17 personas con capacidades diferentes y que ya suma  más de 80 personas y con vigilias que se abren en algunas ciudades. El proyecto de ley fue presentado a la Asamblea Legislativa, pero ha sido estancada en el pleno sin motivo alguno.
 
El proyecto de Ley de Trato Preferencial posee cuatro pilares: jubilación de las personas con discapacidad a los 45 años; inclusión laboral en entidades públicas y privadas (10 por ciento de los cargos en su favor); descuentos del 50 por ciento en tarifas de luz, agua, impuestos y transporte; y el bono dignidad de Bs 3.000 para 25 mil personas con discapacidad severa. Con esta ley se busca regular el trato preferente bajo un sistema de protección integral, tendientes a asegurarles una vida digna, a través de la atención médica, rehabilitación física, síquica, social, económica y profesional. Se entiende por trato preferente a las acciones integradoras que procuran eliminar las desventajas de las personas con discapacidad. Se instruye que todos los órganos del poder del Estado e instituciones privadas quedan obligados a adecuar sus estructuras arquitectónicas, de tal manera que las personas con discapacidad puedan tener fácil acceso y desplazamiento en condiciones de seguridad y autonomía. Se establece que la jubilación para trabajadores con discapacidad que tengan igual o menor al 45% de grado de discapacidad, será a partir de los 45 años.

El Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad fue creado mediante Ley 3925 de 21 de agosto del año 2008 a favor de las personas con discapacidad. Dicho fondo fue financiado con un aporte anual de Bs. 40 millones (provenientes del Tesoro General de la Nación. Pero los líderes de las personas con discapacidad dicen que ese dinero no se ha visto materializado en un bono, que es lo que están demandando desde hace cinco años.

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Se calcula que el 10 por ciento de la población boliviana sufre alguna deficiencia y tres de cada diez personas no pueden valerse por sí mismas. Las personas con discapacidad cuentan con la Ley 1678 aprobada el 15 de diciembre de 1995. La Resolución Ministerial 244/08 dispone la obligatoriedad de contratar un 4 por ciento de personas con discapacidad en instituciones y empresas públicas y privadas. Esa norma no se aplica. Tampoco el Decreto 29608 que establece la contratación preferente de personas con discapacidad, la inamovilidad en sus puestos de trabajo, la promoción de unidades productivas, la prioridad en las compras estatales y la concesión de puestos de venta. Muchos niños y niñas con discapacidad no asisten a la escuela porque hay barreras físicas en los centros educativos. 

Presionados por la marcha de personas con discapacidad que avanzan hacia La Paz, la Comisión Integrada de Política Social y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados inició el jueves el debate del proyecto de ley. Ojala la aprueben en el plazo más breve posible y no esperen  a que la marcha llegue a la plaza murillo para recién cumplir su rol legislador.



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