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| Urubichá |
Svetlana Salvatierra
Frontanilla
El latifundista, penado
por las últimas constituciones, muda a inversionista. De acaparar tierras pasa
a liderar en varios eslabones de la cadena agroindustrial. El alquiler o
aparcería es la clave de este negocio. Son muchos extranjeros y bolivianos,
campesinos, productores y empresarios que firman contratos que violan las leyes
para usufructuar sin cuidar a la Madre Tierra. Ahora apuntan a tomar más de las
tierras comunitaria de origen (TCO) en el oriente. Urubichá trata de frenarlos.
Una versión editada de este reportaje se publicó en el libro ¿Bolivia Verde?
Así funciona. “Me alquila
las 50 hectáreas que tiene y ganará un buen dinero”, propone un extranjero a un
campesino. “Trato hecho, me la desmonta y me paga los veinte mil dólares por
parte de la soya que coseche”. Tres años después del trato ya no hay bosque y
la tierra desmontada no rinde los mismos buenos frutos. En San Julián y Cuatro
Cañadas los dueños de tierras alquilaron y luego vendieron pequeñas parcelas a
campesinos colonizadores convertidos hoy en pequeños productores de soya, con
más tierras. La historia es similar con brasileños, menonitas, argentinos y
colombianos, la diferencia es que estos adquirieron más tierras de ex latifundistas.
En estos lugares la ley
permite alquilar y vender tierras con excepciones: no se puede hacer
agricultura ni ganadería porque los suelos sólo son aptos sino para actividades
forestales y agro silvicultura, según la norma nacional del Plan Uso de Suelos
(PLUS). De eso se olvidan en ambos municipios y en los que siguen como en El
Puente y Ascensión de Guarayos; en estos últimos, es un secreto a voces el
alquiler y aparcería que además están prohibidos por la nueva legislación
agraria al estar dentro de la TCO Guarayos.
“Es un buen negocio”, cuenta
un joven de San Julián, compañero casual de viaje en el bus que va de Santa
Cruz a Ascensión; un viaje que toma cinco horas en una carretera asfaltada y
cuyo pasaje vale cincuenta bolivianos. “Si tiene medio millón de hectáreas
seguidas, no separadas por otras propiedades, puede obtener unos doscientos mil
dólares por cosecha”, señala. A algunos jóvenes de su edad les preocupa
estudiar para convertir la tierra de sus padres en empresas agrícolas como las
de los grandes soyeros a otros les parece más atractivo alquilarlas. “Obvio que
es mejor, ellos trabajan y el dueño sólo recibe la platita”, enfatiza. El aún
no sabe qué hará con la herencia de tierra que le dejarán sus padres, migrantes
del altiplano.
“Alquilan, venden y se
quedan sin nada. En Ascensión hay familias guarayas que ya no tienen parcelas y
que viven de otras actividades (peones de ganaderos). Pero todavía hay tierra
de los recortes del proceso de saneamiento de los grandes y son disponibles por
las organizaciones. Y ahí está la otra estrategia de pedirlas y venderlas,
causando la división en las organizaciones indígenas”, detalla el técnico del
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Adrián Cruz.
“El problema es que los migrantes,
los que adquieren las tierras, saben que son de la TCO pero igual lo hacen;
ellos ven a la parcela como un ingreso al alquilarla”. Y si les va bien
comunican a sus parientes y atraen a sus familiares. “No es ocupación abusiva o
por la fuerza, es una ocupación comercial y capitalista e ilegal”, afirma Cruz.
Dentro de la TCO Guarayos,
en el camino que va al Beni hay un cartel hecho en cemento que dice “16 de
Julio. Comunidad Campesina”. Allí viven campesinos que llegaron de Cochabamba,
Potosí y Oruro. Esta TCO, que incluye a los municipios de Urubichá, Ascensión
de Guarayos y El Puente, limita con el departamento beniano.
Los migrantes a pesar de
darse cuenta de la estafa no hacen la demanda porque la legislación ordenaría
su desalojo e investigación de los dirigentes que traficaron con esas tierras. “Y
se complica la figura. Tenemos otro problema con los menonitas. Querían comprar
100.000 hectáreas y querían instalar su colonia. Lo que querían comprar era
para su colonia y la parte que querían alquilar era para producir. El jefe de
esa zona agraria hizo el negocio. Lo destituimos. Le dije que si se da curso
todos van a querer vender para tener su moto”, advierte el presidente de la
Asociación Indígena de la Central Guaraya Urubichá, Paul Miky, un joven
profesor en el cargo desde hace dos años enfrentado a una organización paralela
con dirigentes corruptos.
De los tres municipios,
Urubichá se convierte en la frontera de la expansión agrícola. Y sus actuales
dirigentes se enfrentan a una organización dividida con facciones corruptas y
apoyadas por terceros, indígenas que no tienen acceso al crédito ni
capacitación para un mejor aprovechamiento de sus tierras a pesar de la Ley
INRA, y un modelo capitalista y extractivista de la tierra. “Lo que a mí me informaron
es que hay tres parcelas en Urubichá cerca de Monteverde están trabajando con
maquinaria, sus acciones son del 40% y del dueño de la máquina es el 60%, por
tres años. Según la ley es ilegal. Querían que les certifiquemos. Sé que son
tres indígenas porque ellos vinieron para querer legalizar. En esa misma zona
agraria hay un ganadero que quería 100 hectáreas en alquiler, iban a ser socios
a los indígenas y les iban a dejar los potreros y el iba a ganar el 60%. No sé
cuanto ganarían. Pero ese suelo no es para agricultura ni ganadería”, afirma
molesto el dirigente.
Algunos ex dirigentes
indígenas que lucharon en los noventa por la demanda de tierra y territorio
ahora están haciendo tráfico de tierras. La fama de “guarayo vende tierras” es
resultado de estos hechos de corrupción, lamenta Miky. “En 2005 la gran
Asamblea del Pueblo Guarayo autorizó crear un tribunal disciplinario para que
investigue todas las denuncias de ventas de tierras, certificaciones,
conciliaciones entre dirigentes y terceros, justamente cuando se estaba en
proceso de saneamiento de tierras. Recopiló todo de cada propiedad que estaba
en duda, las transferencias y todos los temas legales que hicieron. Se hizo
todo un volumen pero ahí quedo y no hubo un seguimiento a esa investigación
para identificar responsables que puedan rendir cuentas”. Y ahora algunos
indígenas protestan y quieren hacer lo mismo y el Gobierno en vez de apoyarlos
utiliza esa documentación en su contra, relata indignado.
Otros indígenas, en los municipios
de Ascensión de Guarayos y El Puente alquilaron y vendieron sus tierras por
necesidad de atención médica, para adquirir una moto, una casa en la zona
urbana, refrigeradores. Y ahora se quedaron sin nada. Indígenas pobres sin
tierra y dirigentes corruptos presionan para que les den tierras en Urubichá
bajo la lógica que la TCO es de todos. “Este es el nuevo conflicto”, enfatiza
Miki.
Sin embargo, el conflicto
con el ruso en Monteverde parece ser un freno a la actividad y mentalidad capitalista.
Es límite entre la zona de reserva forestal de Urubichá y la zona agraria de
Ascensión que se llama Santa Victoria. “Los que eran jefes de esa zona le
habían dado parte de Urubichá al ruso antes de que termine la titulación. Le
pedimos al ruso que se retire de esas tierras y los dirigentes de Ascensión
salieron a su favor porque ellos también estaban en ese negocio. Fue venta. Y
todavía le aumentaron otras 600 hectáreas más adentro de Urubichá que afectó a
otros parceleros, que se movilizaron porque el ruso ya estaba haciendo su
deslinde. Esto se paralizó”, asegura.
Las instituciones
estatales no parecen estar de su lado. “Fuimos a denunciar a la ABT porque
estaba sacando madera y no se movilizó porque ya le había dado los permisos.
Los del INRA nos mandaron a un juez agrario en Pailón y no tuvimos una
respuesta alentadora que nos defienda y nos mando a conciliar. Seguro que
trabajó hace años y lo único que tiene que hacer para no seguir peleando es
conciliar. En otras palabras nos dijo “déjenselo o agárrense algo”. Conciliar
es como decir que nos pagará o nos dará algo y se quedará con la tierra. No
hemos encontrado una fuerza que nos acompañe. El juez agrario que mínimamente
debería hacer respetar el título, no lo hace. No puso ni si oficio ni su interés”,
relató el dirigente preocupado porque el ruso sigue ahí trabajando y dejó
entrever que sigue pagando por las ilegalidades.
En “Saneamiento de la
tierra de seis regiones de Bolivia 1996-2007”, investigación coordinada por
Ismael Guzmán, para la serie Cuadernos de Investigación de CIPCA, se detalla
que el “tribunal disciplinario de la COPNAG en su informe sobre ventas ilegales
de tierras, establece que la superficie total de tierras vendidas de forma
ilegal asciende a 109.209 hectáreas por un monto de 1.168.275 dólares. Los
miembros del tribunal aseguran que entregaron esa información a las autoridades
competentes para su investigación y sanción”. En el documento se menciona que
del lado legal está Elida Urapuca, reconocida por la CIDOB y las centrales guarayas
y que hay otra otra dirigencia a la cabeza de Wilfredo Torrico que tiene apoyo
de terceros (ganaderos, soyeros, extranjeros y nacionales opositores al actual
gobierno).
Los investigadores
constatan que “ante el vacío legal en la legislación agraria respecto del
arrendamiento de tierras, colectivas o individuales, en las tierras bajas se ha
dinamizado el alquiler ilegal de este recurso natural y el Estado no creó
mecanismos de control”. Una forma que permite el avasallamiento y apropiación de
la tierra con fines económicos por parte de personas externas a las TCO. A
diferencia de los otros dos municipios de la TCO Guarayos, sólo Urubichá mantiene
su zona urbana y el territorio alrededor está organizado en zonas agrarias,
reservas forestales y bosques con aprovechamiento sostenible. Llama la atención
que el alcalde de este municipio es un ganadero que no es indígena.
La Ley INRA 1715, del 18
de octubre de 1996, promulgada en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada dice
en la disposición final décimo primera que “los contratos de aparcería o
arrendamiento serán regulados en el reglamento de esta Ley. Pero no se avanzó
en esa normativa y más bien provocó “especulación en el mercado de tierras que
permitieron a los latifundistas justificar la FES a través del alquiler y arrendamiento
de tierras y consolidar el derecho propietario de forma fraudulenta”, es una de
las constataciones a las que llega el equipo de Guzmán.
Muchos propietarios y
poseedores de tierras , que previo al saneamiento, no estaban cumpliendo la
función económica y social (FES) de la tierra atrajeron a empresarios
menonitas, rusos, brasileños, uruguayos, argentinos y colombianos para que
realicen sus desmontes e inversiones en sus tierras y así burlar la ley agraria
y su reglamento. Y se e alude a que las autoridades nacionales,
departamentales, y locales no están haciendo cumplir la ley del Plan de Uso del
Suelo, la ley 1715, la Ley Forestal 1700 y ninguna otra norma.
Prohibido alquilar
Ahora, la Ley de
Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (2006) prohíbe el alquiler de la
tierra en las TCO. “Eso dice la ley, pero la realidad es mucho más dinámica y
compleja”, asevera el director regional de la Fundación Tierra, Alcides
Vadillo. “En el caso de Santa Cruz es una práctica totalmente común y frecuente
en muchas regiones. Y contrariamente a lo que puede pensarse desde una visión
académica o política, los principales propietarios que alquilan tierra no son
los grandes sino los pequeños propietarios”, precisa.
Investigaron este fenómeno
en municipios cercanos a la TCO Guarayos, en Cuatro Cañadas y San Julián, zonas
que viven en torno a la actividad productiva de la soya. Un cultivo que es
mecanizado y necesita desmontar el bosque. Hay zonas donde el desmonte vale
entre 400 y 500 dólares la hectárea. El pequeño propietario de 50 hectáreas ve
que sus vecinos a través del cultivo de la soya generan una actividad más
rentable pero no tiene recursos y quiere desmontar 10 hectáreas y para ello precisa
5.000 dólares y las semillas, fumigación y otras actividades de cosecha tienen otros costos. “Este productor
que no tiene acceso al crédito, es un productor abandonado de los organismos de
apoyo y cooperación y se ve metido en las reglas del mercado y es el que
termina alquilando su tierra más o menos por 100 o 150 dólares por hectárea al
industrial o productor soyero”, explica Vadillo, quien también fue ex director
del INRA.
“La realidad de la
agricultura es convertir la riqueza de
la tierra en alimento. Es el sistema que está funcionando con el
alquiler de tierras. Son contratos privados que no se reconocen ante un
notario, que no van a un registro público porque son ilegales y quedan sujetos
a la voluntad y a las reglas entre ambos y que tiene que resolver sus problemas
como puedan después. Si ese que alquila no paga el alquiler en tiempo y en
cantidad no puede quejarse. Tal vez impedirá que vuelva a sembrar. La realidad
es más compleja que la legislación”.
¿Cómo se resuelve el
conflicto? “La gente tiene como autoridad en esa zona al sindicato y es el que
asume el papel de autoridad que regula un poco estas relaciones en función a
los intereses de sus afiliados. Al respecto, el secretario ejecutivo de la
Federación Sindical de Campesinos de Santa Cruz, Benigno Vargas, evitó en tres
oportunidades la entrevista para dar a conocer la situación de los campesinos
propietarios de tierras que alquilan tierras, cultivan en zonas no aptas para
la agricultura y del tráfico de tierras en la TCO.
Sin embargo, el mayor
problema son los extranjeros que alquilan tierras y los brasileños son la
mayoría. La investigación de la Fundación Tierra “ Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia”,
realizada por Miguel Urioste en 2011, señala: “como la superficie sembrada de
soya en Bolivia bordea el millón de hectáreas y los brasileros siembran casi un
35% de ellas, y dado que el alquiler de tierras por parte de los brasileros es
marginal, es fácil deducir que -únicamente en tierras destinadas a las
oleaginosas- los brasileros son dueños de cerca de medio millón de hectáreas de
las mejores tierras agrícolas de categoría I (uso agrícola intensivo) y II (uso
agrícola extensivo), sin contar aquellas que están en descanso o rotación, ni
tomar en cuenta otras tierras destinadas a otros cultivos y las de uso
ganadero, que usualmente son superficies mucho mayores.
El mismo estudio señala
que en la campaña 2006/2007, el 40,3% de la superficie cultivada de soya por
tipo de propietario es de los brasileños, le siguen los menonitas con el 20,2%,
nacionales con el 28,9%, japoneses 7,1% y otros suman el 3,1%. Unos quince años
atrás, lideraban estos cultivos los menonitas y los nacionales. Según algunas
estimaciones de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo) el
valor total aproximado de la inversión realizada (valor de los activos,
especialmente de la tierra) por el agronegocio soyero en Santa Cruz en la década
1989-1999 bordeaba los dos mil millones de dólares.
La presencia brasileña en
Bolivia empieza en los años ochenta del siglo pasado, la compra de tierras para
el cultivo de la soya se inicia en 1993 cuando empieza el saneamiento y
titulación de tierras y entre el 2005 y 2010 las adquieren para uso ganadero y
con interés en los agrocombustibles.
Extranjerización de la tierra
Urioste precisa que en
2007 no eran más de 250 los propietarios empresarios brasileños cada uno con
unas 1.000 hectáreas. Menciona al grupo Mónica Norte que poseía cerca de 7.900
hectáreas cultivadas de soya y 1.700 de maíz. La empresa argentina El Tejar
tenía alquiladas y cultivadas 5.700 hectáreas. Agrega, en base a reportajes periodísticos
que en 2005, unos 75 empresarios, la mayoría extranjeros tienen 250.000
hectáreas a un promedio de 3.330 hectáreas por empresario. Recuerda que los
tres mayores productores de soya son extranjeros y entre ellos cosechan 180 mil
toneladas de soya lo que supondría (a un rendimiento promedio de tres toneladas
por hectárea) que cada uno posee por lo menos 20 mil hectáreas. Otra
investigación estima que la cantidad de grandes empresarios que cultivan más de
1.000 hectáreas no supera los 300, de los cuales la mayoría son brasileros, con
un núcleo poderoso no mayor de 100 productores, quienes poseerían predios de
entre 3.500 a 8.000 hectáreas. Cifras que alertan sobre el proceso de
extranjerización de la tierra en Bolivia cuya estimación ronda el millón de
tierras en el oriente boliviano.
“Bolivia tiene 3,8
millones de hectáreas en producción agrícola de 107 millones de tierras
rurales, hay unos ocho millones que ha sido desmontadas y ya no pueden producir
en el altiplano, valles, chaco, oriente. De esos tres millones de hectáreas dos
están en Santa Cruz. Esto significa que hay un nivel del cultivo de la
agroindustria que está generando cierta seguridad alimentaria porque de los dos
millones de hectáreas, 1,2 millones son de soya y en invierno se combina con el
maíz y el frijol”, apunta Vadillo. Sin embargo alerta que esta forma de
agricultura, que si bien es ayuda por la tecnología está llevando a un uso
desmedido de agroquímicos. “Esa mentalidad de la inversión capitalista en el
agro en la que se pierde toda relación afectiva con la tierra, con la
producción y se vuelve un tena de negocio, lleva a hacer un uso irresponsable
de la tierra, de los agroquímicos y de los alimentos”.
Un brasileño pagaba en
1993 una hectárea por 90 dólares; las tierras de su segunda propiedad le
costaron 190 dólares la hectárea, por la tercera pagó 850 dólares la hectárea;
hoy sus tierras, unas tres mil hectáreas valen por lo menos a dos mil dólares
la hectárea. Según cuenta este mismo ciudadano brasilero “la posesión de la tierra
por brasileros es mucho mayor que la superficie destinada al cultivo de la
soya, estamos también en la actividad ganadera y forestal, incluso en las zonas
de frontera en la faja de prohibición de propiedad para extranjeros en los 50
kilómetros del límite fronterizo, restricción que se supera contrayendo
matrimonio con ciudadanas bolivianas”. Estas datos fueron obtenidos por Heloísa
Marques Giménez, brasilera, que en 2009 realizaba su maestría y autorizó a
Urioste difundirlas.
La actual Constitución Política
del Estado establece 5.000 hectáreas como máximo de tenencia de la tierra y
señala que los extranjeros pueden comprarlas con excepciones.
“La opinión de los
sectores populares respecto del agronegocio soyero y de la hegemonía brasilera,
es heterogénea. Los campesinos-colonizadores integrados al proceso
“exitosamente” -cerca de 10.000 familias que cultivan el 5% de la superficie total
de la soya- se benefician de las innovaciones de los grandes, que copian y
adaptan a sus condiciones”, advierte Urioste.
Los extranjeros no solo
son dueños o alquilan las tierras a otros que son pobres o no acceden al
crédito sino también tienen propiedad de las grandes casas comerciales
dedicadas a la provisión de insumos y maquinaria, agroquímicos, silos y
almacenes, además de las industrias transformadores de aceite y otros
derivados.
La tecnología los ayuda,
sostiene Vadillo. En estos 14 años del siglo XXI la tecnología agrícola ha dado
grandes saltos dejando atrás a los zafreros o cosechadores. Un ejemplo: en 1993
había en Santa Cruz 50.000 hectáreas de caña sembrada y 75.000 zafreros y en
2013 los cultivos llegaron a 150.000 hectáreas de caña y los trabajadores se
redujeron a 15.000 trabajadores.
“Hace 15 años los
comerciantes de tierras podían comprar una hectárea a 15 o 30 dólares y podían
venderlas a los extranjeros a unos 100 dólares. El grupo económico del Banco
Santa Cruz fue uno de los precursores y actor importante en operaciones de
venta de tierras a extranjeros. No cabe la menor duda de que si no hubiera habido
la intermediación o el involucramiento de estos grupos empresariales y de los
bancos para comprar y vender tierra, quizá la llegada de los agricultores
brasileños -y ahora de los argentinos- no hubiera sido tan decisiva como la que
se dio en aquella época”, precisa Urioste.
En el camino principal
entre El Puente y Ascensión de Guarayos, se observan grandes extensiones de cultivos
de soya que pertenece a los menonitas. Queda por investigar cómo adquirieron
esas tierras, al igual que otras en municipios aledaños que están en los
juzgados agrarios para recuperar su estado de tierras fiscales. Es el caso de
Bolibras.
Mercado e impacto en el medio ambiente
El mercado de tierras está
generando impacto en el medio ambiente, la desaparición de los curichis es una
alerta y los desmontes ilegales entran en acción. “Ahora estamos resolviendo un
problema de desmontes y nos damos cuenta que en el país hay más de cinco
millones de hectáreas desmontadas sin autorizaciones y la mayoría estaba sin
sanción. Se tomó un periodo de 10 años desde 1996 al 2011. Las sanciones son
duras”, señala el gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO),
Edilberto Osinaga. Cuestiona que antes no se haya hecho el control respectivo y
que ahora es el momento de hacer cumplir todas las normas existentes.
Hacer el seguimiento es el
quid del problema. Sin embargo, “pese a que salen las normas, la gente no está
acostumbrada a actualizarse. De repente sale una ley y los que más van a
cumplir y estar al día van a ser los grandes, los que tiene técnicos que están
monitoreando y tienen consorcios de abogados que están al día, pero de los
medianos hacia abajo que no tiene asesores son los que más caen, no se
informan, no le toman la debida atención. En el tema de desmontes cuánta gente
hay que no sabía que era prohibido. Es la gente menos informada, la más
vulnerable en el tema económico financiero y en el de la información”, expresa
Osinaga.
Si bien la CAO difunde a
través de sus red de organizaciones a los productores en el oriente la
información sobre el sector, es insuficiente para llegar a todos, manifiesta
Osinaga.
En la investigación de Eslid
Ana Guerra Cerezo sobre el “Análisis multitemporal de la cobertura y uso de la tierra
a través del sistema LCCS en la cuenca baja del Río Grande-Santa Cruz” que
comprende tres secciones Municipales de la Provincia Obispo Santiestevan
(Minero, Fernández Alonso, San Pedro) Municipio El Puente, parte del Municipio
San Julián y Okinawa, para el periodo 1986 – 2005 se halló en el procesamiento
digital de las imágenes tomadas para determinar el cambio de uso de la tierra
de 1990- 2001 hasta el 2005 en base al PLUS de Santa Cruz que “hubo un aumento
de las áreas dedicadas a cultivos, una disminución de áreas con bosque y una
intervención en áreas que deberían conservarse”. En el periodo de 20 años “se
ha visto un fuerte cambio de áreas de bosque a áreas de agricultura, es así que
en 1986 se tenia un 61 % de bosque hasta el año 2005 hubo una reducción hasta
el 37 %, y mediante las observaciones en campo se pudo determinar que existen
muy pocas áreas con bosque especialmente zona central del área de estudio, este
ha sido fragmentado debido a la fuerte expansión de la frontera agrícola”.
Lo más preocupante es que
se comprobó que los cultivos llegan a orillas de ríos y de los caminos sin ninguna
protección de bosques. Se han intervenido en áreas que son frágiles y que
deberían conservarse, “de ahí podemos relacionar los problemas frecuentes de
inundaciones en el área afectando a la economía del país”, señala la
investigadora y propone socializar, involucrar y concientizar a partir de
estudios a las instituciones político administrativas dentro de los municipios
a la regulación del crecimiento agrícola haciendo caso de lo que se establece
como Ley 100 metros de bosque en las orillas de ríos caudalosos, además
establecer mecanismos de control cuenca arriba para detener procesos de erosión
que causan efectos de sedimentación en la cuenca baja haciendo que el río salga
de su cauce y afecte a las poblaciones. El estudio es de 2006.
En estas últimas décadas
se ha producido un significativo crecimiento de la superficie cultivada en Santa
Cruz, pasando de 413,320 hectáreas a 1,821,631 en el año 2007. El cultivo de la
soya y otras oleaginosas bordea el millón de hectáreas y las 800 mil hectáreas
restantes se destinan a la caña de azúcar, algodón, trigo, arroz, maíz y otros
cultivos alimenticios. De ese modo en Santa Cruz se concentra casi el 66% del
total de las 2.7 millones de hectáreas anuales que se cultivan en Bolivia,
rescata Urioste en base a información de 2008.
“No puedo decir que todos
los productores sean conscientes del tema ambiental pero hay una actitud hacia preservar
los árboles mucho más que antes y de hacer manejo sostenible porque va en
contra del agricultor y del ganadero”, expresa Osinaga. El motivo es que “la gente
que se dio cuenta que desmontó y no dejó una cortina de arboles ve que el
viento afecta a las plantas y cada vez se está haciendo profesionalmente en el
uso de los agroquímicos en las medidas correctas porque cada vez las plagas son
más resistentes y se ha hecho caro”, afirma.
Para Vadillo, en esta
época del calentamiento global y del cambio climático “no podemos seguir pensando
como a mitad del siglo pasado. Hoy lo que tenemos que hacer es obligar a que
haya un porcentaje de la tierra que debe ser para seguridad ya no alimentaria
sino ambiental”. Eso significa que la legislación debería enfocarse a obligar a
todo propietario de tierra a conservar su bosque y ese es un gran cambio mentalidad.
A pesar de los obstáculos
que enfrenta Urubichá, “las organizaciones indígenas están buscando formas de
preservar su territorio y eso está en avanzar en los planes de gestión
territorial indígena y la demanda de un gobierno autónomo indígena. Ellos ven
que la frontera agrícola sigue avanzando y el alquiler seguirá avanzando. Y
esto les hará perder su historia”, enfatizó, la responsable del CIPCA, Paola
Suárez.
