El miércoles, la Asamblea Legislativa
Plurinacional sancionó la ley que convierte al Banco Unión SA en entidad
estatal y además autoriza al socio mayoritario, el TGN, realizar un
aporte de capital que le permitirá nacer con un patrimonio aproximado de
$us 140 millones.
“Crease la Entidad Bancaria
Pública en la persona del Banco Unión SA y como una forma de
organización económica en la que el Estado, a través del Tesoro General
de la Nación (TGN), mantendrá una participación accionaria mayor al 97%
de capital social que tendrá por objeto realizar, en el marco de lo
previsto en esta ley, las operaciones y servicios financieros de la
Administración Pública, en sus diferentes niveles de Gobierno, como
también operaciones y servicios financieros con el público en general y
la ley que regula la actividad de entidades de intermediación
financiera”, se establece en el artículo 3.
“En esta
nueva etapa el banco tiene que demostrar que puede seguir siendo
rentable, competitivo y eficiente para evitar los paradigmas del
pasado”, sostuvo la gerente general, Marcia Villarroel.
Actualmente, el accionista mayoritario ya es el Estado a través del TGN
con 97,42% y el resto son 28 accionistas privados, personas jurídicas y
naturales, entre los que están el Banco Nacional de Bolivia (0,1995%) y
las empresas bolivianas Simexbol Ltda. (0,0066%) y Soteca Ltda.
(0,0006%).
El “balance inicial” de la entidad estatal
será el Balance General del Banco Unión SA “al cierre del mes que se
publique la ley”. Se espera que la promulgación por parte del presidente
Evo Morales se realice este mes. Por norma todo entidad financiera
regulada realiza su balance hasta el 31 de diciembre.
El patrimonio actual del Banco Unión SA es de $us 70 millones. La ley
establece que el aporte de capital del accionista mayoritario TGN será
de aproximadamente $us 50 millones (Bs 350.000.000). Se estima que las
utilidades de la gestión 2012 lleguen a unos $us 15 millones (antes del
pago de impuestos) que serán reinvertidos en su totalidad como se hace
desde hace varios años, precisó.
El entidad estatal
que mantendrá la razón social del Banco Unión SA contará con
aproximadamente $us 140 millones de patrimonio. “Esto nos va a dar la
fortaleza para crecer más y competir con mucha fuerza en el sistema
financiero”, afirmó Villarroel.
La ley determina que
el aporte de capital será otorgado de acuerdo con “disponibilidades del
TGN para fines de sostener el crecimiento de dicha entidad bancaria”. El
artículo 10 permite que por decreto supremo se realicen nuevos aportes
para expansión de operaciones y que deberá pedir permiso al Parlamento
cuando deba reponer recursos por perdidas, establecida en una ley.
Villarroel recordó que: “no podíamos emitir boletas de garantía por
monto altos, teníamos que unirnos con otros bancos”, ahora generarán más
ganancias.
El Banco Unión SA manejará en negocios
estatales que incluyen a las empresas públicas (como YPFB, ENDE, Entel y
otras), el pago de salarios de funcionarios y continuará atendiendo al
sector privado. “Son roles fuertes y vamos a competir como cualquier
otro banco, con las mismas reglas”, aseguró Villarroel.
El representante del Estado es el ministro de Economía y Finanzas
Públicas, Luis Arce Catacora, porque el TGN depende de esta cartera
estatal. El actual directorio está presidido, desde hace dos años, por
Fernando Arteaga, ingeniero industrial con amplia experiencia en el
sector financiero.
Hoy, el Banco Unión SA atiende el
pago de salarios de 418 mil funcionarios públicos y maneja 6.299 cuentas
corrientes fiscales. El saldo promedio mensual de estas cuentas
fiscales es de Bs 24 mil millones.
Luego de la
promulgación se estima que el número de funcionarios públicos crezca en
60 mil personas más. “Todavía no pagábamos a las Fuerzas Armadas,
municipios y algunas instituciones públicas que tienen contratos con
otros bancos”, precisó.
Villarroel espera que
aumenten los depósitos para dar más créditos. “También crecerá nuestro
crédito convenio que ya damos a los funcionarios públicos”.
Desde 2006, la entidad triplicó su patrimonio; su cartera creció cuatro
veces, de $us 194 millones a $us 750 millones. Los depósitos subieron
de $us 250 millones a 998 millones en cinco años. “El banco está entre
los tres primeros. Este año pensamos cerrar con una utilidad de $us 15
millones”.
El 50% del aporte de capital servirá para
invertir en infraestructura y tecnología, el resto se destinará al
sector productivo. De la cartera actual, el 30% es crédito productivo.
“Nuestro reto es llegar a los $us 1.000 millones de cartera”, cuidando
la solvencia, dijo.
Unos $us 50 millones del aporte del TGN irán al crédito productivo
“El 33% de nuestra cartera, préstamos por unos $us
750 millones, está en el sector productivo”, afirmó la gerente general
del Banco Unión SA, Marcia Villarroel, y además estima que el 50% del
aporte de capital del accionista TGN se destinará a incrementar el
crédito productivo y rural.
La promulgación de la ley
permitirá al Tesoro General de la Nación (TGN) dar un aporte de
capital de unos $us 50 millones (Bs 350 millones), de los cuales la
mitad se destinaría a “otorgar crédito a los sectores de las micro y
pequeñas empresas, artesanía, servicios, organizaciones comunitarias y
cooperativas de producción, sin exclusión de otro tipo de empresas o
unidades económicas, principalmente en los sectores productivos, para
promover la generación de empleo y apoyar políticas estatales de
desarrollo económico social (art. 6)”.
Será un reto,
asegura la ejecutiva. Sin embargo, destaca que el Banco Unión SA viene
cumpliendo con esta misión desde hace varios años. Empezaron manejando
los fideicomisos del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) que ahora
suman créditos por unos $us 60 millones otorgados a pequeños productores
de sésamo, frejol, cañeros y productores de quinua orgánica.
“La ley dice que vamos a seguir manejando los fideicomisos”, dijo. Si
bien estos son manejados por el banco, no son parte de su patrimonio;
son dineros de las entidades con las que firma un contrato, como los
fideicomisos del BDP.
Los productos creados para el sector productivo por el Banco Unión SA lograron generar un total de préstamos por $us 244.388.
Entre los nuevos productos está el microcrédito agropecuario o MAP, que
financia a los pequeños agricultores con créditos de $us 1.000 y $us
3.000.
“El MAP se lanzó hace tres meses y se va a
profundizar el próximo año. En este momento se han colocado unos $us 4
millones”, manifestó Villarroel. La ley sancionada determina que la
entidad también coordine con bancos del Estado y otras instituciones que
estén a cargo de programas de asistencia técnica.
Respecto al mandato de contribuir a la inclusión financiera, Villarroel
indicó que: “somos el único banco que está utilizando el fondo de
garantía Propyme (otorga el 50% de la garantía que necesita el pequeño
productor para obtener un préstamo), creado por nuestra SAFI Unión”,
para facilitar el acceso al crédito.
Anunció que el
próximo año lanzará “PYME Ganadero” para el sector ganadero en el
oriente y valles. “Va a mostrar diferentes tipos de garantías. Queremos
que la gente tenga acceso al crédito y lo que no tiene son garantías o
sus propiedades no son hipotecables. El banco esta creando otras
garantías prendarias, personales y mix de garantías”.
Para evaluar el riesgo al otorgar este tipo de créditos se utiliza la
base de datos que elaboraron para conocer los ciclos productivos de
diversos rubros. “La base de datos se empezó a crear este año y está
completa y sistematizada en función de la cosecha y siembra”, precisó.
Sobre el capital
Artículo 10
I. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, mediante decreto
supremo, podrá disponer efectuar nuevos aportes de capital para fines de
expansión de operaciones, cobertura de necesidades de requerimiento
patrimonial que deriven en su crecimiento y otros relacionados con el
cumplimiento del objeto de la entidad bancaria pública.
II. Cuando los nuevos aportes de capital tuvieran como propósito la
reposición de capital afectado por pérdidas, los mismos deberán
efectuarse con autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional,
mediante ley del Estado.
III. Los accionistas
privados podrán suscribir nuevas acciones en proporción al número que
posean. En ningún caso la participación social de ellos podrá ser mayor
al porcentaje que posean.
IV. La participación
accionaria del sector público no podrá ser objeto de disminución por
reducción voluntaria del capital estatal aportado.
Artículo 14
I. La representación en la Junta General de Accionistas con plenas
facultades, voz y voto, de las acciones a nombre del TGN, será ejercida
por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas o, mediante delegación
expresa, por el Viceministro del Tesoro y Crédito Público.
II. Cuando la estructura accionaria contemple la participación de otras
entidades o empresas estatales, la representación será ejercida por la
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).
Svetlana Salvatierra
Publicado en El Financiero, 23 diciembre 2012
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