miradas desde el sur de la ciudad de La Paz....
SS
30.8.13
Despachantes de Aduana ya no son únicos en tramitar las importaciones
— Tiene 46 años en esta actividad, ¿puede mencionar tres aspectos positivos y negativos de su experiencia hasta la fecha?
— Son más los positivos que los negativos. Está la Ley de Aduanas que
permite realizar de mejor manera nuestra actividad. Además, el uso de la
tecnología por parte de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y de
nosotros (los despachantes de aduanas), que optimiza el trabajo. Un
pilar es que en 1990 se introdujo en la malla curricular de las
universidades los cursos de comercio exterior. Entre los negativos están
las nacionalizaciones de vehículos indocumentados; en la última década,
la desinstitucionalización de las entidades públicas; y en la época
anterior, la politización de las instituciones públicas que en la
actualidad ya no está tan arraigado.
— ¿Cuáles son los principales retos de su gestión?
— Mejorar la comunicación interna y externa, la tecnología, la
capacitación permanente y sostenida porque esta actividad enfrenta
continuos cambios y hay que estar actualizado. Otro desafío es la
unificación de todos los despachantes en sus cámaras regionales y con la
cámara nacional para que participen activamente y no sólo sus
directivos.
— ¿Cómo está la relación con las entidades públicas del área?
— Está muy bien desde hace varios años. Ambos hemos entendido que somos
complementarios. Somos auxiliares de la función pública. Debemos
cumplir las decisiones (de la autoridad) y nuestra labor es que la gente
perciba que está pagando lo justo y que también el Estado cobre lo
justo.
— ¿Qué significa tener una buena relación?
— Tener acceso a reuniones de complementación y técnicas para que las
reglamentaciones a las disposiciones den buenos frutos en el
funcionamiento, para que en la puesta en marcha no hayan tropiezos. De
11,9 millones de bolivianos recaudados en 2012, unos Bs 10,3 fueron
pagados con la intervención del despachante.
— ¿Es así con todas las normas?
— Sí, estamos permanentemente mirándolas, es así.
— ¿Y cuál la situación de la nueva norma del despacho aduanero de importación?
— La controversia actual es que el despacho aduanero de importación,
que es la tramitología aduanera para pasar a recoger un producto de la
aduana, ahora está permitida a los importadores de manera directa o a
través de no-sotros. El cambio es que antes era obligatorio hacerlo a
través de un agente despachante de aduanas.
— ¿Qué norma modificó esto?
— La que pone en vigencia la Ley del Presupuesto General del Estado
2013 (artículo 47 de la Ley 317) y con el Decreto Supremo N° 1487 se
modifica la reglamentación. Además, con la Resolución Ministerial N° 566
se define el “despacho directo” (ésta fue emitida por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas).
— ¿Ahora cuáles son los requisitos del importador, se parecen a los de ustedes?
— Nosotros tenemos que estar autorizados y dar un examen que ellos no
lo harán. Para trabajar damos la garantía en función de la cuantía de
tributos que realizamos el pasado año; los importadores darán una
garantía mínima hasta el próximo año. Ésta es para que el Estado tenga
la manera de cobrarles si se equivocan o tienen algún inconveniente.
— ¿En qué beneficia al Estado?
— Nos imaginamos que el Estado ha abierto esta posibilidad para que los
despachos sean hechos por los importadores para beneficiar a las
pequeñas y medianas empresas, suponiendo que somos un gasto en el
proceso de importación. Los grandes empresarios tienen toda una sección
que se ocupa del manejo de sus cosas de importación y exportación.
— Ejemplifiquemos: ¿qué pasa ahora para un importador de alimentos en Cobija o equipos e insumos en Santa Cruz?
— Para no cuantificar valores: en el caso de Cobija tiene que sacar un
permiso del Senasag y luego hacer su despacho una vez llegue su
mercancía a la aduana más cercana, dependiendo de dónde viene su carga
puede ser en La Paz, Guayaramerín o Puerto Suárez. En el otro caso debe
hacer algo similar y estar registrado en el Senasag para importar
agroquímicos o fertilizantes y hallar tiempo para hacer los trámites (en
la ciudad) y atender su parcela.
— ¿Costos?
— Creo que será siempre menor al del contratar a un despachante.
— ¿Hay normas similares en otros países?
— En países de América Latina con la misma opción, la estadística señala que un 90% sigue importando con un despachante.
— ¿Cuántos despachantes hay en el país? ¿Son suficientes para una actividad importadora que ha aumentado?
— Somos 200 (atienden a unos 30.000 importadores registrados). A partir
de 2009 (la ANB) no se han tomado exámenes para habilitar despachantes.
No hay presión porque si alguien importaba una cantidad “x” ahora es
más.
— ¿Hay cosas más fáciles de importar que otras? ¿qué pasa con las sustancias controladas?
— La facilidad la da el operador dentro del proceso de importación o
exportación (despachante, transportista, otros). El nuevo importador
tendría inconvenientes sin los permisos y registros previos (para
aceites lubricantes, ácido sulfúrico y otros). El importador puede
inclusive ir a la cárcel.
Perfil
Nombre: Hans Hartmann
Profesión: Abogado
Cargo: Presidente CNDA
Experto en aduanas
Paceño. Es bachiller del Instituto Americano. Estudió Derecho en la
UPSA. Es Técnico en Aduanas y Comercio Exterior del instituto IDEA.
Tiene un Diplomado en Aduanas de la UAGRM y un MBA en Administración de
la Escuela Europea de Negocios. En 1974 se mudó a Santa Cruz y su primer
trabajo fue en una agencia aduanera, continúa en esa actividad. Fundó,
en 1977, la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana (CNDA).
Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero, 25 agosto 2013.
26.8.13
Cementera comunitaria Kaa Iya pide gas para operar desde 2016
Cuatro miembros del directorio de la sociedad anónima Empresa Minera
Comunitaria Kaa Iya visitaron el jueves la sede de gobierno para conocer
algún avance al respecto en el Ministerio de Economía Plural. Hasta el
cierre de esta edición, este medio esperó a que ese despacho respondiera
sobre la situación de una carta enviada en marzo, en la que solicitan
el suministro del energético.
“Necesitamos que el Gobierno nos apruebe la provisión de gas para el
proyecto de los ayoreos, guaranís y chiquitanos. Es un sueño para
nosotros”, enfatizó Rebeca Chiqueno, secretaria de Género de la Central
Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) y miembro del directorio.
La empresa es una iniciativa aprobada en 20 asambleas por las
comunidades indígenas que están en el área de influencia del Parque
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Kaa Iya, en el
departamento de Santa Cruz.
SOCIOS. Pertenecen a la Capitanía del Alto Isoso y Capitanía del Bajo
Isoso donde habitan guaranís, los ayoreos de Santa Teresita y la Central
Indígena de Comunidades Chiquitanas. Ellos tienen el 49% de las
acciones de la sociedad anónima: También son responsables de los
recursos naturales que hay en su territorio.
Manuel Chiqueno, dirigente de la CANOB, destaca que la Constitución
Política del Estado reconoce a los indígenas y pueden conformar empresas
y “soñar con mejores días”. El segundo capitán del Alto Isoso, Ricardo
Romero, coincide: “Eso es lo que queremos para nuestro pueblo, estamos
avanzando con el proyecto porque es histórico. Nunca pensamos tener
empresa. Gracias a nuestro Gobierno que nos ha reconocido mediante la
Carta Magna”.
El 51%
está en manos de un grupo de empresarios privados liderados por Rosendo
Barbery, quien posee la concesión minera a 87 kilómetros de Roboré, en
el límite del AMNI Kaa Iya, en la provincia Cordillera, cerca de Fortín
Ravelo. La extensión del área de la concesión minera Caliza Santa Cruz
es de 19.850 hectáreas (74 cuadrículas). Según las opciones que permite
el plan de manejo del Parque Nacional AMNI Kaa Iya, el proyecto minero
se ubicará en la zona de “uso intensivo extractivo” en el área 8 de la
Quebrada Abaroa y el área 6 del Bosque Chiquitano en Transición.
Respetarán la aplicación de medidas de mitigación que manda la norma
vigente y por la que se les otorgó la licencia ambiental en marzo de
2012. La inversión previa de los estudios corre por cuenta de los
empresarios privados. Las estimaciones señalan que en el yacimiento hay
caliza de buena calidad para ser explotada durante unos 100 años o más.
Pero no son los únicos que aguardan por la aprobación de la provisión
de gas, hay al menos un par de proyectos de Soboce e Itacamba que
esperan lo propio.
La
fábrica de cemento de la sociedad comunitaria empresarial estará fuera
del ANMI, a unos cinco kilómetros del gasoducto al Brasil. Si YPFB les
provee de gas natural construirán un ramal que conecte a la planta con
el gasoducto. “Necesitamos que el Gobierno nos garantice que vamos a
tener gas en los próximos 36 meses (2016)”, precisó Higinio Flores,
representante de la empresa.
La inversión para la planta alcanza los 166 millones de dólares. “Este
es un modelo novedoso”, en relación a la sociedad entre la “fuerza
social” indígena y la empresarial y técnica, agregó Flores. La
construcción de las instalaciones estará a cargo de FL Smith, fabricante
de maquinaria con tecnología de producción limpia.
Los directores esperan la aprobación a la solicitud de compra de gas.
Ya cuentan con la ingeniería energética, el plan de negocios, la
licencia ambiental de exploración y estatutos donde cualquier decisión
se toma por unanimidad del directorio (no hay simple mayoría y consultan
a las comunidades según sus usos y costumbres).
Con el contrato de provisión podrán cerrar el negocio con la compañía
FL Smith y empezar la construcción. Anhelan que después de 2016, cuando
la planta esté en pleno funcionamiento, puedan usar los recursos para
proyectos que mejorarán sus viviendas (habitan en chozas de madera con
techo de palmas o en precarias viviendas de adobe donde la vinchuca
ronda, pica y provoca chagas) y sus cultivos que hoy son para su
sobrevivencia.
Los hitos históricos del modelo
Inicio
La Empresa Minera Comunitaria Kaa Iya empezó a gestarse en 2009. Veinte
asambleas y coordinación entre pueblos indígenas logró acuerdos.
Registro
En noviembre de 2010 realizaron el registro en Fundempresa con todos los documentos legales exigidos por ley.
Permiso
La licencia ambiental de exploración les fue otorgada en marzo de 2012. Esperan el contrato de provisión de gas.
Erradicar la pobreza es la meta en las comunidades
Los recursos que generará la planta serán utilizados en varios proyectos de desarrollo integral
En el marco de la Constitución Política del Estado, según los artículos
30, 306, 397 y otros, la Empresa Comunitaria Indígena Kaa Iya busca
“generar un polo de desarrollo en sus regiones postergadas del progreso
cientos de años”, con el fin de mejorar la calidad de vida de los
habitantes del Gran Chaco.
En un boletín de esta empresa se subraya que “ cumplidos diez años de
la creación del Parque Kaa Iya del Gran Chaco, los pueblos ayoreo,
chiquitano y guaraní (coadministradores del parque junto al Servicio
Nacional de Áreas Protegidas) son tan pobres como en el principio, pese a
vivir en una región rica en minerales, madera, ganadería y otros
recursos naturales”, y agrega que hay gente inescrupulosa que “explota
clandestinamente madera y otros recursos naturales, evadiendo los
frágiles controles de esa área protegida”.
Tener viviendas con buenas habitaciones, servicios básicos, escuelas,
educación de calidad, agricultura y ganadería que genere excedentes son
parte de los sueños de las comunidades indígenas que forman parte de la
empresa minera, cuyos ingresos futuros ya tienen destino. Y esa es una
decisión unánime del directorio de la futura cementera.
“Hemos visto la necesidad para nuestros hijos y nietos y queremos
proyectos para mejorar la educación y salud de nuestros hijos y nietos”,
enfatizó Rebeca Chiqueño, una de las directoras de la empresa. Ella es
ayorea. Reclama que el 80% de los ayoreos enfrentan problemas del
chagas. Un programa de salud comunitaria recién empezó a ser
implementado este mes con recursos del Fondo Indígena. “Queremos salir
de la pobreza”, enfatiza Ricardo Romero.
Los socios de la minera
La estructura societaria de la Empresa Minera Comunitaria Kaa Iya SA
está compuesta por el 13% Alto Isoso, 13% Bajo Isoso, 13% Central de
Comunidades de Indígenas Chiquitanos-Turubó, 10% Santa Teresita y 51%
empresarios bolivianos.
Directores
Rebeca Chiqueno Necesitamos programas de educación
“Necesitamos proyectos de educación para nuestros hijos y nietos,
porque el pueblo ayoreo no está educado, faltan técnicos del pueblo
ayoreo. Necesitamos proyectos de salud y también para diabetes, hay
muchos con este problema. No tenemos mercado para nuestras artesanías;
tejemos y vendemos en la calle. Si llueve, no se vende nada”.
Manuel Chiqueno Es importante hacer proyectos productivos
“Para el pueblo ayoreo es importante hacer proyectos productivos y
mejorar las viviendas y tener buenas habitaciones. La otra parte que nos
falta es mostrar nuestra artesanía. Queremos que nuestros sembradíos de
maíz, arroz y yuca mejoren. Tenemos que encontrar formas para que en el
futuro tengamos cambios”
Cirilo Yerema Queremos ampliar la agricultura
“Cada comunidad tiene un proyecto de ganadería, pero no tenemos los
recursos suficientes en este momento para llevarlos hacia adelante.
Queremos ampliar la agricultura, porque a eso nos dedicamos los pueblos
de Alto Isoso. En noviembre empezamos a trabajar, porque viene la
lluvia, viene el río y empieza la agricultura; la ganadería es
permanente”.
Ricardo Romero Soñábamos con constituir esta empresa
“Nosotros soñábamos con esta empresa para un desarrollo integral. La
capitanía tiene sus programas para invertir en la erradicación de la
pobreza que existe en la zona. Tenemos proyectos en ganadería,
agricultura en 600.000 hectáreas y para agricultura mecanizada unas
1.500 hectáreas. Vamos a tener el sueño y ampliarlo”.
Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero, 18 de agosto de 2013.
Harasic es la dulce y centenaria marca del chocolate de Oruro
La fábrica Chocolates Harasic Hnos. destacó y aún lo hace por ofrecer
productos elaborados 100% con cacao boliviano. Han pasado 108 años desde
que se empezó a fabricar y esta marca es considerada la más codiciada
en Oruro, y una de las más tradicionales en otras cuatro regiones.
Ofrece tres tipos de chocolate en barra para preparar: el tradicional
Harasic, el Chocolate Extra Fino Harasic y el Chocolate Amargo Harasic,
este último especial para repostería.
La empresa —que entre la década de los 70 y 2008 fue administrada por
uno de los sobrinos de sus fundadores, Jorge Harasic Stipinovic y su
esposa Teresa Munitic de Harasic, (ambos yugoslavos pero nacionalizados
bolivianos)— tuvo que enfrentar una drástica reducción en la producción
en la década de los 80. La razón fue la “relocalización” minera (DS
21060) porque sus principales mercados eran las minas de la Corporación
Minera de Bolivia. El personal que en esa época sumaba 45 miembros se
redujo a ocho.
En la
actualidad cuenta con 20 empleados entre profesionales, técnicos y
obreros. Produce unas 60 cajas semanales, cada una con 100 unidades. Los
precios al consumidor son accesibles: Bs 15 el tradicional Harasic, Bs
18 el extra fino y Bs 12 el amargo. En todo caso, la barra preferida por
los clientes es la primera.
La calidad de los chocolates Harasic es celosamente cuidada por
Maximiliano Guzmán, dueño de la firma desde hace cinco años y quien
además posee una gran experiencia en el proceso productivo, pues lleva
54 años en la factoría. “No existe ningún secreto”, afirma. “Sólo es el
cacao criollo que traemos de Trinidad para fabricar nuestro chocolate y
obviamente le añadimos un poco de azúcar”, precisa. En territorio
beniano, comunidades indígenas se dedican al cultivo sostenible del
cacao silvestre. “La mano del hombre no interviene para nada en ninguno
de los 12 pasos” de la producción, asegura.
El cacao criollo, el híbrido y cultivado son utilizados como materia
prima, pero es el criollo (silvestre) el ideal para elaborar los
chocolates Harasic, enfatiza Guzmán. El grano es sometido a un proceso
en un horno industrial para eliminar la cáscara; luego pasa a una
moledora y se mezcla con azúcar; se amasa; ingresa a los moldes, según
el peso que corresponda para cada tableta; y una vez frío, se empaqueta y
etiqueta. Luego se almacena y se distribuye al mercado orureño y
nacional.
Guzmán está
próximo a cumplir 72 años y recuerda que Jorge y Teresa Harasic, al
momento de partir para Yugoslavia en 2008 en un viaje sin retorno, le
pidieron: “mantener la calidad de los chocolates Harasic y el sabor que
le da el cacao criollo”.
En 1903 la fábrica funcionaba donde hoy está el colegio Arce. Luego se
mudó a unos predios entre la avenida Sargento Flores y la calle Potosí.
Allí continúa en operación una maquinaria de fabricación alemana —JM
Lehmann Dresden MáchinenFabrik— del siglo XIX adquirida para producir
este manjar. Llama la atención la mezcladora que posee dos rodillos de
piedra sobre una base del mismo material en forma de charola (bandeja)
circular.
“Es una piedra especial porque en los más de 100 años de vida de la fábrica no se ha desgastado nada”, destaca Guzmán.
Chocolates Harasic recibió premios desde sus primeros años. Empezó en
1909 en una exposición en Sucre y en 2009 obtuvo la Medalla “Gran
Sajama” del Gobierno Municipal de Oruro por el centenario servicio de la
industria orureña.
Este
chocolate también se comercializa en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y
Potosí. Por un breve tiempo fue saboreado en Virginia, Estados Unidos,
mientras se exportaba.
La calidad tiene sello Ibnorca
Familia
Maximiliano y sus hijos Jhonny, Gróver y Juan Guzmán Laura son los dueños.
Garantía
El sello de calidad fue otorgado por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca).
Texto y fotos de Juan Mejía.
Publicado en El Fiannciero, 18 de agosto 2013
El comercio mayorista renace en Cuba; agricultores se benefician
“Llegan camiones de toda Cuba, unos 80 cada día”, dijo a la AFP Argelio
Méndez, encargado del “Mercado de Abastos” de la Calle 114 de Marianao,
un municipio del oeste de La Habana.
Explicó que los “principales compradores” son dueños de puestos en
mercados minoristas agrarios, de carretas de mano que venden vegetales
en la calle y de restaurantes privados, que como el Mercado de Abastos
operan bajo las leyes de oferta y demanda, una novedad en la isla
comunista.
“Todo lo
compro aquí porque ellos tienen productos de muy buena calidad y buenos
precios”, dijo el carretonero Iván García, quien acababa de adquirir
“una docena de racimos de plátanos y dos cajas de excelentes mangos”.
Durante medio siglo la empresa estatal “Acopio” fue la única encargada
de comprar y distribuir toda la producción de las fincas estatales, las
cooperativas y los campesinos privados del país, a partir de acuerdos
sobre volumen y precios establecidos al inicio de las cosechas. Pero
este sistema era muy ineficiente, había pérdidas y deterioro de los
alimentos por retrasos en la distribución, por lo que los agricultores
reclamaban el fin del monopolio estatal.
Como parte de las reformas económicas, el presidente Raúl Castro
autorizó a fines de 2011 a los campesinos a vender sus cosechas a
hoteles y en julio facultó a todos los productores agrícolas de la isla a
comercializar libremente sus remanentes después de cumplir sus
contratos con el Estado. Los agricultores están contentos de vender sus
productos en el mercado mayorista de la Calle 114, aunque el lugar
carece de instalaciones, salvo un contenedor que sirve de oficina.
Lo que no les gusta es el horario, pues funciona desde las 17.00 hasta
las 08.00 del día siguiente, lo que causa filas de camiones esperando
largas horas antes de entrar a ofrecer sus aguacates, papayas, plátanos,
ajos y cebollas. “Aquí no puedes vender ni un diente de ajo hasta que
no abra el mercado, son las reglas”, declaró a la AFP Joel Vázquez, de
20 años, mientras esperaba que abriera el centro de abasto después de
llegar desde Güira de Melena, 40 kilómetros al sur de la capital, con un
camión lleno de plátanos, boniatos y ajo.
A pocos metros, Rony, de 29 años, permanecía bajo su viejo camión Ford
para protegerse del sol que castigaba “sin piedad” su cargamento de 85
sacos “de naranjas y limones de primera calidad”. “Si el horario no
fuera tan limitado, quizás ya estuviera (de regreso) en casa”, se quejó;
Rony condujo 130 kilómetros desde Jagüey Grande.
Actualmente se construye un nuevo mercado mayorista en La Habana, El
Trigal, con capacidad para 250 camiones, que será techado y tendrá
cafetería y otros servicios. Funcionará en Boyeros, municipio donde está
el aeropuerto de La Habana, y acogerá a los camiones que ahora venden
en la Calle 114. A él podrán “acudir los compradores estatales como los
no estatales”, dijo el vicepresidente Marino Murillo, responsable de las
reformas económicas.
El
Gobierno dio luz verde en julio al comercio mayorista. Las ventas por
mayor operaban experimentalmente desde marzo en la Isla de la Juventud,
de 85.000 habitantes, situada en el mar Caribe a 130 km al sur de La
Habana.
Las autoridades
esperan que con el mercado mayorista, el reparto de tierras ociosas y
créditos blandos aumente la producción agrícola y bajen las
importaciones de alimentos, que ascienden a $us 1.900 millones al año.
La isla importa el 80% de lo que comen sus 11,1 millones de habitantes.
El TEDxUCB atrajo a 1.000 emprendedores
En la conferencia
TEDxUCB, un grupo de empresarios y autoridades universitarias
presentaron a unos 1.000 jóvenes, futuros emprendedores de nuevos
negocios, sus experiencias de crear y mantener empresas.
El TED (Tecnología, Entretenimiento, Diseño) es una organización
internacional dedicada a la difusión de “ideas dignas de difundir” y
hace años apoyan la realización de eventos locales que reúnen a personas
para compartir ideas que merecen ser difundidas. En La Paz, la
Universidad Católica Boliviana abrió sus puertas para la conferencia.
Uno de los expositores fue Walter Meléndez, artesano boliviano
exportador de cerámica, quien relató los pormenores de sus tropiezos y
esfuerzos para que sus obras puedan llegar a otros lugares del mundo.
Güimar Vaca, un emprendedor argentino, compartió sus experiencias y
visión del emprendedurismo en el área de servicios on line; hoy es
analista de negocios de Quasar Ventures.
Flavio Escobar, director de Supermercados Ketal, sostuvo que para tener
éxito hay que ser líder en todo el proceso de organizar un
emprendimiento.
Según
Amaru Villanueva Rance, fundador de la Revista Bolivian Express, su
primer paso fue solucionar un “ch’enko de identidad” antes de encontrar
su verdadera vocación.
Gabriela Flores, boliviana ganadora de Cartier Women’s Initiative Award
otorgado en Francia a mujeres emprendedoras de todo el mundo y fundadora
de Kirah Design, subrayó que una emprendedora tiene que dividir el foco
de su trabajo con todas sus otras obligaciones.
También participó Marko Machicao, viceministro de Turismo, quien se
refirió al potencial que tiene Bolivia y el departamento de La Paz para
impulsar el turismo comunitario; destacó el trabajo de comunidades
indígenas en el norte paceño.
Líder. “Bolivia es uno de los países más emprendedores del mundo, pero
con una baja generación de empleos”, afirmó el rector nacional de la
Universidad Católica Boliviana San Pablo, Marco Antonio Fernández, en la
conferencia denominada “Nuevas ideas para un nuevo mundo”.
De los emprendedores en Bolivia, el 51,4% son hombres y el 48,6% son
mujeres. El 42,7% dice tomar la iniciativa por necesidad; el 63,6% tiene
educación escolar y de ellos sólo un tercio completó sus estudios
secundarios. La edad promedio es 31 años. El 52,2% tiene un ingreso
promedio de 2.000 bolivianos.
Fernández recordó que esas cifras son resultado del estudio Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) Bolivia, investigación efectuada en 2008 y
2010.
Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero, 11 de agosto de 2013.
Andrés Urquidi: ‘El crédito forestal tiene como fin la explotación sostenible de la madera’
— ¿Cuánto de su cartera es para el crédito agropecuario?
— Hace unos tres años desarrollamos productos financieros para este sector. El 8% de nuestra cartera es crédito agropecuario.
— ¿Avanzaron más de lo esperado en este sector?
— La idea era llegar al 5% de la cartera, la superamos y sigue
creciendo. Estamos con buenas perspectivas y queremos alcanzar a otras
cadenas productivas. Actualmente estamos con créditos en las cadenas
productivas de leche, palmito, banano, café, cacao, caña de azúcar,
soya, arroz; y también con pequeños productores de flores y hortalizas.
El mayor porcentaje de nuestra cartera de créditos está en el occidente
del país.
— ¿Cuál el destino del crédito?
— El 40% de los créditos está en esta zona y son para capital de
operaciones y de trabajo, y en activos productivos como las viviendas
productivas. Tenemos tasas diferenciadas para el sector, menor entre
cinco y ocho puntos respecto al área urbana; el promedio debe estar en
torno al 12% o 13%.
— ¿Son recursos del banco o también usan los estatales?
— Son recursos del banco, no hemos trabajado con fideicomisos
(estatales), sí usamos algunos financiamientos de las ventanillas del
Banco de Desarrollo Productivo (BDP). Como Banco FIE ingresamos (al área
rural) con condiciones muy favorables que nos permitieron ganar el
mercado y ahora (con la nueva ley) van a entrar a pelear todos (el resto
de las entidades financieras), porque será casi obligatorio tener un
porcentaje de cartera agropecuaria.
— ¿Cuál será ese porcentaje en la Ley de Servicios Financieros?
— Aún no está definido, seguramente va a ser por reglamento.
— ¿Qué marca la diferencia de Banco FIE?
— Sobre todo yo diría que el conocimiento. Entramos al sector no por
obligación sino por convicción y ya estamos varios años por ahí. Primero
conocimos las actividades rurales, no necesariamente las agropecuarias,
pero después sí. Ese es un plus importante. Y buscamos generar impacto
importante en estas zonas, donde además se genera lealtad de nuestros
clientes. Ellos dicen: ‘el Banco FIE nos ha prestado cuando nadie más
quería prestarnos, y si me ofrecen los otros (las entidades
crediticias), seguiré trabajando con FIE, porque me ha ido bien o porque
fue dinero con suerte’. De las entidades reguladas grandes, fuimos los
primeros en llegar con servicios integrales (ahorro, transferencia,
giros y otros) frente a las IFD (instituciones financieras de
desarrollo) que sólo otorgaban crédito. Vamos a seguir generando nuevos
productos.
— ¿Como cuáles?
— Podemos mencionar uno en el que estamos más avanzados. Es el crédito
forestal, que tiene el objetivo de que se explote la madera de forma
sostenible. Estamos en la última etapa y empezaremos en el departamento
de Santa Cruz; después, en una segunda etapa, en el norte de La Paz.
— Esa cadena tiene muchas falencias y los carpinteros son los primeros en reclamar que no hay madera en el país.
— Sí. La idea es no hacer una explotación indiscriminada. En muchos
casos esos suelos pertenecen a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO),
pero como ellos no tienen recursos ni el conocimiento llega alguien que
les ofrecer elaborar su plan forestal y dotarles de maquinaria, pero
esta persona se lleva la mayor parte de la torta.
— ¿Significa que están ingresando con capacitación?
— Para la parte del cuidado sostenible del bosque y para equilibrar estas fuerzas dentro de la cadena.
— ¿Cuánto han invertido en personal para atender los nuevos productos y en tecnología?
— Vamos a hacer una inversión importante en la actualización del
software con el que trabajamos y las tecnologías que nos permitan llegar
a zonas de baja bancarización, no necesariamente con oficinas físicas y
que permitan el desplazamiento del personal, muchos de ellos son del
lugar. En total serán unos cinco millones de dólares que vamos a
invertir.
— ¿Cuánto personal tienen y cuántos son del área rural?
— El 60% de nuestros gastos son de personal. Contamos con 3.200
funcionarios en todo el país. Esto genera una responsabilidad muy fuerte
a la entidad para promover el desarrollo de las personas. El 30% de los
funcionarios, unas 900 personas, está en el área rural y periurbana.
Son técnicos especializados en el sector agropecuario y de otras
profesiones que nos han permitido ir construyendo las bases de datos.
También hay personal del banco en esos lugares.
— ¿Con la nueva Ley de Bancos, podrán seguir siendo creativos con respaldo legal?
— Así es. Puede llegar a ser favorable, porque muchas operaciones de
crédito agropecuario que se dieron cuando empezamos, en el marco legal
para las garantías, generó que la ASFI (Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero) norme el vacío para tener el microcrédito
agropecuario debidamente garantizado.
— ¿Qué tipo de garantías usan?
— Ahora ya está normado. La orden de compra fue innovadora en su
tiempo. Por ejemplo, si produces café y vendes a la planta acopiadora,
nosotros usábamos el contrato con el precio definido por la venta y la
usábamos para garantizar al productor. Esto en diferentes niveles de la
cadena, también para el exportador. Otra es la garantía prendaria sin
volverla warrant (pagar almacén y seguro), y la garantía personal. La
pequeña propiedad y el solar campesino es inembargable.
Perfil
Nombre: José Andrés Urquidi Selich
Nació: 21-02-1977
Profesión: Economista
Cargo: Gerente general Banco FIE
Especialista en microfinanzas
Es paceño, bachiller del colegio Saint Andrew’s y economista de la
Universidad Católica. Tiene maestrías en Administración de Empresas de
la Universidad Privada del Valle y de la Universidad de Santiago de
Chile. Realizó varios cursos de especialización en banca y
microfinanzas. Ingresó como responsable de Planificación y Control en
Banco FIE (2000). Continuó su carrera en esta entidad pasando por
jefaturas y gerencias de Planificación, Riesgos, Finanzas, Operaciones y
Comercial; en esta última durante cinco años antes de hacerse cargo el 3
de junio de este año de la Gerencia General de Banco FIE. “Fue una
sucesión planificada”, manifestó Andrés Urquidi. Expresa que tiene
varios desafíos en su gestión para que continúe el crecimiento del
banco; asegura que todas las acciones están comprometidas con el
fortalecimiento de los impactos económico y social en la cadena de valor
que han construido. “Nos falta mucho por hacer para la clientela,
empleados y proveedores, y desarrollar nuevos productos dirigidos a la
micro y pequeña empresa y otros segmentos”.
Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero, 11 de agosto de 2013.
Jorge Alvarez: El crecimiento de pólizas en el rubro de la construcción fue del 65%
— ¿Cuál es la tendencia actual en el mercado asegurador?
— En los últimos diez años se experimenta un crecimiento importante en
los seguros de vida, influenciado por el acceso al crédito y porque cada
préstamo tiene un seguro de desgravamen (al fallecimiento del cliente
la compañía paga a la entidad financiera el saldo). Para el boliviano
era importante asegurar sus activos antes que su vida, porque era mucho
más costoso acceder a un crédito para comprar un vehículo, una casa y
otros. Cuando se amplían las políticas de acceso al crédito y se amplían
los seguros a las microfinancieras hay un punto de quiebre para el
crecimiento. En los seguros generales primero estaban los de
automotores, luego daños a la propiedad de grandes industrias y en los
últimos tres años se registra un desarrollo importante en los ramos
técnicos, especialmente en pólizas para construcción y montaje.
— ¿A qué atribuye el crecimiento de estos seguros?
— Hay muchos proyectos de infraestructura que el país está encarando,
con participación pública y privada. El año pasado, el crecimiento de
esas pólizas fue del 65% con relación a 2011. Esto es bueno porque los
ejecutores de estos proyectos buscan un seguro que cubre varias cosas:
daños a la propiedad (si hay desplome), daños de la naturaleza
(deslizamiento, inundación, terremoto, especialmente en construcción de
carreteras), responsabilidad civil frente a terceros (por ejemplo: si
una viga cae en el techo del vecino, ese hecho está cubierto por una
póliza), y los equipos y materiales del constructor que están dentro de
la obra.
— ¿Cuáles son las pólizas más demandadas en este sector?
— Tenemos las pólizas todo riesgo de construcción y todo riesgo de
montaje que han tenido un movimiento importante en los últimos tres
años. Aseguramos proyectos de inversión pública, montajes de líneas de
producción, hornos y otros en las industrias bolivianas que buscan
producir más. Ambos seguros requieren de un conocimiento técnico y
especializado, es nuestra ventaja competitiva en el mercado. Tenemos 36%
de participación en este ramo. El mayor crecimiento se registró en
Santa Cruz, 52% de las ventas brutas en 2012; luego está La Paz con el
36%, le siguen Cochabamba y Tarija, especialmente en la construcción de
carreteras. Es bueno que en el país se esté velando por lo que pueda
suceder y exija que se contrate un seguro.
— De los contratos que tienen, ¿qué porcentaje son mixtos y cuántos privados?
— Diría que un 80% (mixto) y 20% (privado) en el último año. Tenemos
60% en carreteras, 40% en proyectos de montaje de energía —aseguramos
varios montajes de turbinas nuevas para atender la demanda energética
del país— y en inversiones privadas para la ampliación de industrias,
especialmente en Santa Cruz.
— ¿Cuál el valor de las pólizas?
— En términos de valores asegurados tenemos un proyecto de 300 millones
de dólares en la construcción de una carretera, y en la construcción de
un edificio o de una casa entre uno o dos millones de dólares, es lo
mínimo que tuvimos en este sector.
— ¿Con cuánto personal cuenta para analizar los riesgos?
— Nuestra área técnica está formada por 20 personas que trabajan en
diferentes rubros. El grado de especialización que uno tiene que
alcanzar dentro de la compañía es muy importante para ser más eficientes
y competitivos al momento de analizar un riesgo y generar la oferta.
Hicimos un análisis crítico y decidimos compartir ese conocimiento con
las empresas constructoras. Este año unas 300 personas de las cámaras de
la construcción de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y La Paz participaron
en los seminarios sobre el abanico de coberturas de riesgos.
— ¿Cómo está la relación con los reaseguradores para atender al sector de construcción?
— Como compañía siempre hemos tenido muy buena relación con el mercado
reasegurador. Esto es importante porque muchas veces no se analiza quién
está soportando adicionalmente un riesgo. Trabajamos con reaseguradores
de primer nivel que poseen calificación de riesgo de AA+ para arriba
porque la solvencia y seriedad de estas compañías, cuando sucede un
siniestro que esté cubierto, permite que el pago sea ágil. Un ejemplo es
el siniestro de la turbina de Guaracachi (indemnización de $us
11.775.662).
— ¿Han atendido otros siniestros tan grandes como ése?
— Nada grave que se relacione con una pérdida total. Están en el rango
de 300.000 a 500.000 dólares; hay fallas en el montaje inicial, puesta
en marcha de una maquinaria que generó rotura de engranajes, pérdida de
plataformas (máquinas) en las carreteras.
— ¿Qué planes para ampliar el negocio del seguro?
— Nuestra compañía ha generado el desarrollo del mercado asegurador con
innovación permanente. Ahora la tarea de todo el sector es empezar a
mirar la actividad económica a la pyme (pequeña y mediana empresa), un
rubro que se caracteriza por tener una dinámica propia y necesidades
diferentes a la de una empresa grande y corporativa. El boom de las
microfinanzas muestra que tiene que haber una oportunidad de negocio en
ese sector. Es una asignatura pendiente.
Perfil
Nombre: Jorge Álvarez Pol
Profesión: Ingeniero en Alimentos
Cargo: Director de Negocios de La Boliviana Ciacruz
Experto en seguros
Es paceño. Tiene 39 años. Es Ingeniero en Alimentos titulado en la
Universidad Nuestra Señora de La Paz. Posee una Maestría en Finanzas
Corporativas (UCB). Es candidato a máster en Filosofía y Ciencias
Políticas (CIDES-UMSA) y estudia Derecho (NUR). “Mi primer trabajo serio
después de salir de la universidad fue aquí, en La Boliviana Ciacruz.
Es anecdótico porque fue un profesor el que me llamó. La profesión
pudimos aplicarla rápidamente porque veía diferentes riesgos todos los
días. Es un negocio en el que uno no se aburre”. Empezó asegurando autos
y casas. Trabaja 14 años en esta compañía, pasó por diversas áreas y
desde enero de 2012 es Director de Negocios.
Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero, 4 de agosto de 2013.
Mancomunidad cultiva orégano para exportar
La siembra se desarrolla en la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca
del Caine y cuenta con el apoyo financiero de la Cooperación Sueca y
Alemana, a través del Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
(Proagro), señala el boletín de esta entidad de cooperación.
El proyecto “Introducción y validación del cultivo de orégano como
alternativa para pequeños/as agricultores/as con sistema de riego
familiar” empezó hace dos meses en Torotoro, Acasio, Anzaldo y Tarata.
La mancomunidad está conformada por 11 municipios de tres
departamentos. De Cochabamba están Tarata, Anzaldo, Arbieto, Sacabamba y
Capinota; de Potosí, Acasio, Arampampa, Torotoro, Sacaca y San Pedro de
Buena Vista; y de Chuquisaca, Poromo. En www.mmcc.org.bo se detalla que
la densidad poblacional es de 15 habitantes por kilómetro cuadrado. La
tasa de pobreza es de 85,3% y la tasa de pobreza extrema llega a 63%.
El proyecto de cultivo de orégano es ejecutado por la Fundación Valles.
Entre las metas más destacables están la producción de 220.000
plantines de orégano de las variedades Maru y Kaliteri; la instalación
de 60 parcelas de 250 a 500 metros cuadrados cada una; y la
implementación de cuatro escuelas de campo de un mínimo de 2.500 metros
cuadrados en cada municipio.
La UNEC SA (Unidad de Especias y Condimentos) que trabaja con los
productores de orégano de Tomina, en Chuquisaca, se comprometió a
comprar el producto para exportarlo al Brasil. El 9 de junio, El
Financiero informó que el 97% de la producción de esa zona se exportaba a
Brasil y Uruguay, el resto era destinado a atender el mercado nacional
que, además, compite con el orégano peruano.
Ingresos. En el boletín de Proagro se explica que el orégano se adapta
con facilidad a una altura entre los 1.900 y 2.900 metros sobre el nivel
del mar; soporta temperaturas bajas y tiene una vida útil de tres a
cinco años. La producción en el valle de Tarija genera unos Bs 18.000
anuales como ingreso neto promedio de una hectárea, en la mancomunidad
se espera iguales resultados.
La Fase II (2011–2014) de Proagro en Bolivia busca “contribuir a la
seguridad alimentaria e incremento de la rentabilidad de la producción
agropecuaria de pequeños/as productores/as”, con promoción y
asesoramiento técnico a sistemas sustentables de agua y gestión integral
de cuencas.
Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero, 4 de agosto 2013.
Nacional Vida ofrece un seguro corporativo de salud para pymes
“El seguro de salud corporativo que ofrecemos es uno de los beneficios
no monetarios más valorados por los trabajadores, brindándoles el acceso
a cuidados médicos con mayor comodidad”, explicó el gerente de Salud de
Nacional Vida, Jorge Paz.
Por su parte, el gerente regional en La Paz, Darío Mostajo Otasevic,
destacó que este producto está dirigido fundamentalmente a las pymes.
“Les ofrecemos la seguridad para que sus empleados puedan acceder a
facilidades y cuidados médicos de calidad, cada vez que lo necesiten”,
dijo en la presentación del producto.
Este seguro de salud brinda consultas de medicina general y
especialidades, atención hospitalaria, rayos X, laboratorios,
medicamentos hospitalarios y ambulatorios y cobertura para accidentes
personales, maternidad, entre otras prestaciones. Se excluyen de la
póliza las siguientes patologías o procedimientos: oncología, adenoma de
próstata, medicina nuclear, exoneración de primas, cirugías menores en
consultorio, cirugías cardiacas y de várices, trasplantes de órganos,
lentes, menopausia, histerectomía.
“Se trata de un seguro integral para los empleados de las compañías que
deseen adquirirlo, pues ofrece adicionalmente una indemnización de
2.000 dólares en caso de muerte por accidente del asegurado y una
indemnización para sepelio por el monto de 250 dólares”, detalló
Mostajo.
El Plan Salud
Corporativa cuenta con dos alternativas: una asegura un valor de hasta
5.000 dólares con una prima mensual por persona de 17 dólares; la otra
asegura hasta 10.000 dólares con una prima de 19 dólares.
Si desea tomar la cobertura odontológica se adicionan dos dólares mensuales por persona.
Para ser atendidos, los asegurados pueden recurrir a los centros
médicos de la red de proveedores médicos en cuatro ciudades del país. En
La Paz y El Alto están los hospitales Arco Iris, San Gabriel, Iraní,
Prosalud y Centro de Emergencias Nueva Esperanza. En Cochabamba pueden
acudir a las clínicas Boliviano Americana, 1º de Mayo, Santa Rita y
Prosalud. En Santa Cruz atienden en las clínicas Buena Salud, Ucebol,
Copacabana y también en Prosalud.
El convenio con los representantes de la red en La Paz fue firmado el
miércoles en el auditorio del Hotel Camino Real. “Ampliamos nuestra red
de proveedores hospitalarios al incluir a reconocidos centros de salud.
La firma de este convenio es un servicio más que brinda Nacional Vida a
los bolivianos que necesiten realizarse un tratamiento o consulta
médica”, expresó el vicepresidente ejecutivo del Grupo Nacional Vida,
José Luis Camacho.
Los
centros hospitalarios fueron escogidos luego de una exhaustiva
selección. Luego se capacitó a su personal en la temática de manejo de
seguros de salud.
Atienden los médicos registrados
El 30 de agosto de 1999 se fundó la Compañía Nacional Vida Seguros de
Personas, una sociedad anónima (SA) dedicada a prestar servicios en el
rubro de seguros de personas.
La póliza del seguro corporativo de salud de Nacional Vida cubre todos
los gastos médicos por enfermedad y/o accidente que no estén excluidos,
dentro del territorio boliviano, de acuerdo con los aranceles del
Colegio Médico de Bolivia; así como los honorarios profesionales de los
médicos legalmente inscritos en este colegio; también los análisis,
exámenes y radiografías para la determinación de un diagnóstico;
medicamentos recetados por el galeno tratante y adquiridos en una
farmacia. Pueden ser asegurados las y los funcionarios titulares de una
empresa y sus dependientes. La edad máxima de ingreso es de 64 años
(titulares).
El Grupo
Nacional Vida está conformado por empresas líderes en sus rubros:
Nacional Vida Seguros de Personas, Latina Seguros Patrimoniales,
Nacional Asistencia Redes y Servicios y T-Corp.
Cuenta con respaldo de corporaciones globales como Münchener Rück
(Alemania); Scor (Francia), Sancor, (Argentina) y Watson Wyatt
(Inglaterra).
Svetlana Salvatierra, 4 de agosto de 2013.
Svetlana Salvatierra, 4 de agosto de 2013.
‘Smart cities’ generan nueva relación ciudadano-gobierno
“La ciudad inteligente es la aplicación de las nuevas tecnologías a los
procesos propios de la ciudad”, explica el presidente de la Fundación
para el Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación
(Fundetic) de Bolivia, Sergio Valle. Y agrega que ayuda a modernizar la
gestión pública, los servicios públicos prestados al ciudadano y a
generar un nuevo relacionamiento entre el ciudadano y el gobierno.
“Las ciudades inteligentes están direccionadas a que los gobiernos
logren mayor eficiencia y transparencia en la gestión gubernamental y en
conectarse más fácilmente con los ciudadanos y permitirles mayor
acceso y rapidez en los trámites e información”, puntualiza Eduardo
Núñez, gerente de Estrategias de Plataforma para la subsidiaria de Latin
America New Markets de Microsoft, en una entrevista telefónica.
Ambos coinciden en que el uso de la tecnología es una herramienta para
la modernización de la gestión pública y la participación del ciudadano
activamente en los procesos de planificación en un gobierno local,
departamental o nacional.
“Bolivia está un poquito relegada. Según el último reporte del Foro
Económico Mundial, el país está en el puesto 119 de 144, que tiene un
entorno favorable al uso de la tecnología. Eso hace pensar en propuestas
para apoyar a los gobiernos”, indica Valle.
En Vancouver (Canadá) desarrollaron una aplicación a fin de que el
ciudadano tenga acceso a la información de los parquímetros para
dirigirse a ellos con mayor precisión; y la autoridad local recibe datos
inmediatos sobre los que están dañados para cambiarlos.
En Colombia hay información estadística que se ofrece para facilitar la
investigación; como la oficina de control aéreo, que tiene una
aplicación para saber cuántas personas entran y salen de los distintos
puntos migratorios.
En
Bolivia, a principios de esta década, la Alcaldía de La Paz avanzó con
la modernización facilitando el acceso a internet wifi en 12 parques y
plazas de la ciudad. También elaboró un padrón que eliminó las filas de
los contribuyentes de patentes en la oficina de Miraflores; ahora la
Dirección de Mercados manda un SMS (mensaje a través de un teléfono
móvil) informando sobre la deuda y un correo electrónico con el PDF de
la patente de mercado. “Esto cambia la vida del ciudadano”, expresa
Valle.
Si bien éstos son
los primeros pasos, Núñez aclara que hay mucho camino por recorrer.
Explica que, en general, en América Latina las distintas entidades
gubernamentales adquirieron tecnología de manera aislada para cumplir
con un objetivo y que no son compatibles con otros sistemas de otras
entidades similares. Si estuvieran conectadas las plataformas y los
lenguajes de programación, el acceso a la información sería más fácil;
ahora la persona tiene que ir a varios lugares para completar un trámite
(sea para hacer pagos de impuestos o sacar una ficha para ser atendido
en un centro de salud).
Ahorro. El objetivo es que se ahorre tiempo y se dé un buen servicio al
ciudadano, enfatiza Núñez. “¿Cuánto tiempo cuesta que una o varias
personas estén haciendo fila varios días para un trámite gubernamental?
Entonces, impacta también en el empleo y desarrollo del país”, subraya.
La propuesta de solución de Microsoft es “la interoperabilidad, la
capacidad de interconectar distintos sistemas y que puedan estar en la
nube para bajar los costos y mantenimiento. No importa si están en
Linux, Joomla u otro”.
En España, en 2010, las autoridades locales analizaban en un evento
sobre cómo manejar ciudades cada vez más grandes. El País registraba que
“la previsión que maneja Naciones Unidas señala que el 70% de los seres
humanos habitarán en centros urbanos en 2050. Advierte de que el
aumento de la población de las ciudades puede convertirse en un
auténtico problema, a no ser que se logre mantener la armonía entre los
aspectos espacial, social y ambiental de las localidades, así como entre
sus habitantes”.
España tiene red de 30 ciudades
En el sitio en internet www.massalamanca.es se destaca que el
ayuntamiento “trabaja para poner a Salamanca en valor como ciudad
inteligente con servicios públicos eficientes y sostenibles que mejoren
la calidad de vida de las personas”.
Su alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, en la presentación de la
iniciativa “Mi ciudad Inteligente” manifestó que “es una ciudad
comprometida con la innovación, con la sostenibilidad y con las nuevas
tecnologías y que el ayuntamiento trabaja para modernizar los servicios
que presta a las personas”.
Hay iniciativas como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, cuyas
propuestas finales se presentarán de forma inmediata, y que está siendo
un ejemplo de participación ciudadana a través de mesas sectoriales y de
foros de participación habilitados en la página web municipal. El
objetivo del Pan de Movilidad es convertir a Salamanca en una ciudad con
más zonas peatonales, fomento del transporte público y de la bicicleta,
más sostenible y que ayude a reducir el consumo energético y las
emisiones de gases contaminantes.
En materia de movilidad, también está el Sistema de Préstamo de
Bicicletas “SALenBICI”, que desde el 2011 registra más de 77.000
préstamos a ciudadanos.
Un ‘Barrio Digital’ en La Paz
Una nota de prensa de la Alcaldía de La Paz señala que “los habitantes
de Rincón La Portada ya cuentan con un nuevo sistema de información
denominado ‘Barrio Digital’, que les permitirá establecer comunicación
con la Alcaldía y el equipo del Programa Barrios y Comunidades de
Verdad”.
Primero se
realizó una capacitación llevada a cabo por funcionarios del programa
municipal a la población de la zona, donde los adultos, jóvenes y niños
procedieron al envío de mensajes vía celular y a realizar visitas a la
página web asignada.
A
través de este sistema, los vecinos podrán hacer conocer sus
sugerencias, inquietudes y observaciones con relación al proyecto de
mejoramiento que cambió la fisonomía de la zona, detalla la nota.
“Ya he enviado mensajes por mi celular y veo que he recibido una
respuesta inmediata del sistema, por eso pienso que este mecanismo de
comunicación va a ser muy efectivo y sobre todo beneficioso para la
zona, de este modo ya no vamos a tener que trasladarnos hasta las
oficinas del Programa para formular nuestras observaciones”, señaló
Freddy Huanto, presidente de la junta de vecinos de Rincón La Portada,
en La Paz.
Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero, 28 de julio 2013.
Infocred ayuda a bajar índices de morosidad
Identificar correctamente al titular de un crédito, establecer su nivel
de endeudamiento y su nivel de riesgo con la finalidad de que una
entidad financiera dé luz verde al préstamo solicitado es tarea de
Infocred BIC S.A.
La
institución, que presta servicios a las entidades microfinancieras,
bancos, mutuales, cooperativas e entidades financieras de desarrollo,
cumple diez años.
Una
forma de mostrar los resultados de su labor en este tiempo es el
análisis del índice de morosidad de la cartera del sistema financiero.
“Podemos afirmar que los principales grupos de clientes han
experimentado una importante reducción en los índices de morosidad desde
el momento en que empezaron a utilizar los servicios de la empresa”,
afirma Infocred en un boletín de prensa.
Según información difundida por la Asociación de Bancos de Bolivia
(Asoban), la cartera en mora, con atrasos superiores a los 30 días, al
30 de junio de este año, asciende a un total de 141 millones de dólares,
mientras que el índice de pesadez de la cartera es del 1,6%. Hace una
década la mora superaba el 10% en el sistema financiero nacional.
“La información que Infocred acumula en sus bases de datos es
celosamente resguardada, utilizando para ello estándares internacionales
de seguridad; velando por la confianza depositada por parte de los
proveedores de información”, destaca el comunicado de la entidad.
Esta empresa es un buró de información crediticia regulado por la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi). Su especialidad
es acopiar y distribuir información relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones crediticias contraídas por personas naturales y
jurídicas en el sistema financiero.
HISTORIA.
En sus inicios, de 1966 a 1999 estuvo relacionada con los servicios que
prestaba una central de riesgos a cargo de la Corporación de
Instituciones Privadas de Apoyo Empresarial (Cipame) y la Asociación de
Instituciones Financieras para el Desarrollo (Finrural), que buscaban
emular y complementar el servicio CIRC de la entonces Superintendencia
de Bancos y Entidades Financieras (SBEF).
Entre 1999 y 2001, Asofin y Finrural gestionaron cambios en la
normativa. En 2001 se promulgó la Ley de Fortalecimiento y Supervisión
Financiera. En julio de 2003, se refrendó el acta y minuta de
constitución de Infocred BIC S.A., y un año después la ASFI le otorgó la
licencia.
Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero, 28 de julio 2013
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