Siete propuestas de políticas para reducir informalidad

La informalidad, independientemente del concepto utilizado, afecta, entre el 40% y 80%, a trabajadores en 13 países de América Latina, generando empleos de baja calidad y sin acceso a seguridad social.
Es un resultado de estudios impulsados por el Programa Regional de Políticas Sociales en América Latina (SOPLA), de la Fundación Konrad Adenauer. En ese marco, se presentó en La Paz el libro Sector informal y políticas públicas en América Latina. En Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela analizaron el fenómeno de la informalidad en el ámbito laboral, detectaron causas y proponen políticas según las particularidades de cada país, apuntó Olaf Jacob, director del Programa SOPLA.
“Las mayores tasas de informalidad se registran en Paraguay (84%), Guatemala (77%) y Perú (70%), mientras que en Chile es inferior al 40%, independientemente de la definición utilizada”, señalan en el documento.
De manera general, reportan que  hay una concentración de trabajadores informales, en empresas unipersonales y microempresas y con menores niveles de educación. En Uruguay y Colombia se concentran en los sectores de menor desarrollo tecnológico y en Venezuela en las urbes.
Sostienen que los salarios promedio son más bajos para trabajadores ocupados como asalariados informales, mientras que los patrones o autoempleados logran ingresos promedio parecidos a asalariados formales.
Brasil, Chile y Guatemala registran altas tasas de pobreza en este grupo. En Bolivia enfatizan que la informalidad brinda una oportunidad de inserción laboral a jóvenes y mujeres. En Venezuela declaran que “le gusta ser su propio jefe”. 

Propuestas. El común denominador es la falta información estadística clara y precisa sobre el sector informal en cada país estudiado; que debería convertirse en prioridad para diseñar políticas públicas acordes a la realidad de cada país.
Los investigadores presentan temas recurrentes en los debates sobre la informalidad y sirven para refrescar la discusión. Una primera propuesta sugiere adoptar esquemas de monotributos para profesionales y microempresarios que “eviten el oportunismo político de cambiar reglas de juego una vez conseguida la formalización de una proporción importante de los independientes”.
Dos, plantean reducir la brecha de costos entre contratos informales y formales, haciéndolos más atractivos sin utilizar regímenes especiales. Tres, destacan la necesidad de contar con una mejor fiscalización del Estado en los procesos de vigilancia de la legislación laboral. Cuatro, reiteran la oportunidad de incentivos tributarios y simplificación de procedimientos para la micro y pequeña empresa. Cinco, consideran que las formas de contratación deben ser suficientemente flexibles para formalizar el trabajo en ciertos sectores a través de contratos alternativos frente a los indefinidos, especialmente en Bolivia. Seis, fortalecer a las organizaciones del sector informal precisa de campañas intensivas de información. Siete, sostienen la importancia de mejorar la calidad de educación y capacitación del trabajador informal.

Definiciones sobre la informalidad
-Definición productiva: se consi- dera informal si es trabajador independiente no calificado, asalariado de firma privada pequeña,  o trabajador sin remuneración. Esta definición se utiliza mucho en países en los que no hay registro sobre acceso a sistema previsional o tenencia de contrato de trabajo.
-Definición le-gal: es trabajador informal si su relación laboral no está sujeta a los estándares de la legislación laboral, impuestos, protección social o derechos a ciertos beneficios laborales. Dependiendo de la disponibilidad de datos, se usan variables como “tenencia de un contrato” o afiliación al sistema de salud y/o   previsión.

Algunas cifras de la informalidad en 13 países

Argentina
Después de la crisis 2002/3. “El total de asalariados informales urbanos habría caído de 4,9 millones el 2004 a poco menos de 4,2 millones en la actualidad”.

Bolivia
“Por encima del 50% de los trabajadores participa del mercado de trabajo como trabajador informal. Por su baja productividad es escasa su contribución al PIB”.

Brasil
“A pesar del reciente aumento de la formalización de puestos de trabajo (unos 9 millones) la informalidad es casi la mitad de la población ocupada”.

Chile
“En relación a países de la región mantiene tasas de informalidad moderadas (en torno al 35%) y mostrando gran dinamismo en creación de empleo”.

Colombia
“Durante el periodo estudiado, 2001-2008, la tasa de informalidad fluctuó entre 58% y 61%. El sector informal genera gran parte del empleo colombiano”.

Costa Rica
“La Encuesta de Hogares y propósitos Múltiples, 2001 al 2008, indica que entre el 31% y 37% se declaran patronos y trabajadores sin seguro social”.

Ecuador
“Según encuestas de empleo, número de contribuyentes a la seguridad social o relaciones de dependencia laboral, la informalidad es cercana al 60%”.

Guatemala
“Entre los años 2000 y 2006, se observa que la informalidad laboral se ha reducido de 84% a 77%, según el criterio legal, impulsado por la OIT”.

México
“El 2009 hay cerca de 28 millones de trabajadores informales, de 44 millones en la población activa ocupada, un 64% sin acceso a seguridad social”.

Paraguay
“Los empleos informales eran 88% de ocupados totales en 1997/8; se redujeron a 84% el 2008, son unos 2.251.000 trabajadores sin la seguridad social”.

Perú
“La informalidad se redujo con la flexibilización de los regímenes laborales y otros. Entre el 2000 y 2008, disminuyó de 76,8% a 71,3% de la PEA ocupada”.

Uruguay
“Cambia la metodología en las ECH. El 42,8% de trabajadores privados se empleaban en condiciones de informalidad el 2004, bajó a 38,3% el 2008”.

Venezuela
“La ocupación informal aumentó entre 1999-2003 por la contracción económica y se reduce a 44% por el crecimiento económico entre 2004-2008”.
Publicado en La Razón, 12 de diciembre 2010

Bolivia: Producción agrícola en occidente baja al 19,6%

Los valles y el altiplano concentraban el 25% del total de la producción en el año agrícola 2005/2006, reduciéndose en el periodo 2008/2009 al 19,6%, según una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
Frente a esta situación, Santa Cruz se convierte en el principal productor agrícola. “Mientras en la gestión agrícola 2005/2006, este departamento concentraba el 71,9% del total de la producción agrícola del país, hacia el 2008/2009 la misma llegó al 76,8%, cifras que ilustran el rol hegemónico de ese departamento en la agricultura nacional”, señala el informe del CEDLA.
Entre 2006 y 2009, Bolivia registró un incremento de 359.406 hectáreas en la superficie cultivada, de las que 315.447 le correspondieron al departamento de Santa Cruz, lo que representa el 87,8% de este crecimiento.
El estudio destaca que en Santa Cruz, el “80,8% del incremento de la superficie cultivada y el 91,6% del incremento de los volúmenes de producción en el mismo periodo, se concentran en cuatro cultivos nítidamente articulados al agro negocio, la agroindustria de exportación y la producción agrícola de corte capitalista: girasol, maíz en grano, caña de azúcar y sorgo en grano”.
Según el CEDLA, los volúmenes de producción de productos agrícolas industriales, en los periodos señalados, subieron de 9,5 millones a 12,3 millones de toneladas.

Volúmenes. El volumen de producción de tubérculos se incrementó de 1,1 millones a 1,2 millones de toneladas. Por rubro, el de frutales subió un poco más de 25.000 toneladas; de 831 mil a 856 mil toneladas. La producción de hortalizas subió unas 22.000 toneladas; de 256 mil a 278 mil toneladas. Por producto, se observa que la superficie cultivada de la mandarina se incrementó, en los periodos señalados, de 11.972 a 16.118 hectáreas, un 0,5%.
Por ejemplo, la superficie cultivada de naranja creció de 21 mil a 23 mil hectáreas. Estos son productos que en el departamento de La Paz, se cultivan en los Yungas. Similar comportamiento tuvieron el girasol, maíz en grano, caña de azúcar, sorgo en grano, trigo, papa, quinua, café y otros.
El CEDLA señala que si bien es posible advertir un incremento en las superficies cultivadas y en los volúmenes de producción de trigo en Potosí y Chuquisaca y Cochabamba, éstos son “casi marginales en relación con los que se han dado en Santa Cruz” y agregan que la limitada expansión de las superficies cultivadas “reflejan las limitaciones propias de la pequeña propiedad campesina que no puede expandir su superficie cultivada de trigo, si no es a costa de una mayor especialización productiva, o a través del arriendo y/o la compra intracomunal o extracomunal de tierras”.
Un dato que preocupa es la superficie cultivada de maíz/choclo. En la campaña 2005/2006 había 7.547 hectáreas y en la correspondiente a 2008/2009 se incrementó a 7.614 hectáreas; sólo 64 hectáreas nuevas para el cultivo de maíz/choclo. El CEDLA utiliza datos en base a información del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2008 del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Decrementos. Si bien se observa que en Santa Cruz se concentra la mayor parte de la producción agrícola, la superficie cultivada de algunos productos agroindustriales ha disminuido. El CEDLA señala, en base a información preliminar, que la superficie cultivada de soya bajó de 947.783 hectáreas a 892.682 hectáreas para sus respectivos establecimientos.
Casi el 50% de reducción sufrió el cultivo del sésamo; bajó de 45 mil a 20 mil hectáreas cultivadas. La yuca tuvo similar situación; los cultivos se redujeron de 30,8 mil hectáreas a 28,7 mil hectáreas.

Publicado en La Razón, 28 de noviembre 2010

Crece el empleo pero todavía se enfrenta a la informalidad

Según cifras del INE, la Población Económicamente Activa creció en 0,8% en el segundo trimestre del 2010, en relación con similar periodo del 2009; sin embargo, continúa el debate respecto a la necesidad de generar empleo digno y disminuir la informalidad.

“Asegurar el Derecho al Empleo Digno para los entrantes al mercado laboral en los próximos cinco años, implica para el país crear 580.000 nuevos puestos de trabajo, 94% de los cuales deberán ser urbanos”, dice el académico y analista Enrique Velasco Reckling, que con apoyo del INASET y Ayuda Obrera Suiza publicó el libro El derecho al empleo digno en el marco de las autonomías. Empero, añade, “el reducir la informalidad en un 50%, para ofrecer empleo digno a los bolivianos/as, es un desafío mucho mayor, exige mejorar 1.800.000 puestos de trabajo, 365 mil por año, el triple de la cantidad de nuevos puestos de trabajo”.
Velasco sostiene que Potosí es el departamento donde el desafío de reducir la informalidad y mejorar la calidad de empleo es mayor. “Debe mejorar o crear ocho veces más el número de empleo que en su demanda actual”.
Le sigue Oruro que necesita siete veces más empleos, Chuquisaca y La Paz cuatro, Cochabamba, Tarija y Beni tres, mientras que Santa Cruz y Pando sólo necesitarán duplicar su actual requerimiento”, precisa en el estudio.
Adelanta que el desafío para el país es encarar de manera concertada, entre empresarios, trabajadores, Estado central y nuevas entidades autonómicas, un debate sobre las competencias autonómicas para alcanzar objetivos comunes de desarrollo y de creación de empleo de calidad.
Según las estadísticas trimestrales de la Encuesta de Empleo del Instituto Nacional de Estadística (INE), “desde enero de 2009, la población en edad de trabajar ha aumentado y la población en edad de no trabajar ha disminuido, provocando que la Población Económicamente Activa (PEA) haya aumentado de manera sostenida”, precisa la Fundación Milenio en su Informe de Economía al primer semestre 2010.
La Población Económicamente Activa en el segundo trimestre del 2009 era el 55,9%; mientras que en similar periodo del 2010 habría alcanzado al 56,4%. La tasa de crecimiento de la PEA, estimada por la Fundación Milenio, es de 0,8%. La tendencia en la generación de empleo se mantiene.
El sector de Comercio es el que lidera las estadísticas de empleo. En el 2009 era el 25,5% de la PEA y hoy supera el 26,6%. Le sigue la Industria Manufacturera con el 14,45% en el 2009 y sube a 15,41% este año.
El sector Transporte que ocupaba el tercer lugar en el 2009 con el 10,14%, este año, en el segundo trimestre, se redujo al 9,93%. La Agricultura queda muy lejos de estas actividades, y también tuvo una reducción de 2,7% a 1,9%.
El INE, en su proyección de la población económicamente activa urbana (1990-2010), señala que un total de 2.916.353 de personas estarían ocupadas. En comparación con el 2005, la PEA urbana era de 2.386.602; eso significa que en cinco años 529.751 personas ingresaron a la actividad laboral.
En el caso del área rural, la estimación para este año es 1.270.012 personas ocupadas. En el área rural, en relación al 2005, habían 55.882 empleos; el total estimado ese año era de 1.214.130 de personas en la PEA rural.
“Prácticamente el 100% del empleo rural es temporal (estacional y no pleno), informal (sin contratos de trabajo ni prestaciones sociales) y de muy baja productividad”, precisó Velasco.
Y respecto a las personas ocupadas en las áreas urbanas, “sólo un 60% (1,6 millones) tiene un empleo pleno y no más del 35% (un millón) tiene empleo formal.  Y de los que tienen empleo formal, una tercera parte corresponde al empleo público”, indicó.

Debate. Existen tres temas en el debate sobre el empleo que “distraen” su adecuado tratamiento.
Un primer nivel de debate se refiere a la Tasa de Desempleo Abierto y en qué sectores hay mayor incidencia (jóvenes, mujeres, trabajo infantil, etc.) y “como resultado, los programas o proyectos relativos al empleo, se focalizan en los grupos vulnerables, sin atacar específicamente el desempleo global”, señala Enrique Velasco, director del INASET, en su estudio.
En el sitio www.mintrabajo.gob.bo, una nota de prensa informa que se “inauguró oficialmente el Programa Mi Primer Empleo Digno, en su fase de Expansión que tiene como meta 4.000 beneficiarios y permitirá mejorar y ampliar el desarrollo de habilidades de los jóvenes para la inserción en el mercado laboral”. Ocurrió el 22 de noviembre. Tiene apoyo del Banco Mundial (BM).
Las ocupaciones que se ofrecen inicialmente en este programa de empleo son: Construcción Civil, Confecciones Textiles, Carpintería y Metal Mecánica.
Según Milenio, “el empleo en el sector de la Construcción muestra un crecimiento de 7,7% respecto al primer trimestre del año. La oferta de mano de obra en este sector ha disminuido, confirmando la tendencia de crecimiento del sector y el aumento de personas ocupadas en esta actividad”.
Y el empleo en la Administración Pública “ha aumentado en relación al primer y segundo trimestre”, en un 10,8%. Un segundo tema de debate se refiere a la calidad del empleo.
Velasco precisa que “el pleno empleo es del orden del 60% mientras que la informalidad no supera el 35%. Frente a esas cifras, se hace aún más evidente que la discusión en torno a la Tasa de Desempleo es muy poco relevante para caracterizar la dramática realidad del empleo en Bolivia; se estima que sólo uno de cada cinco personas ocupadas (20%) tiene un empleo formal y pleno, en tanto que los otros cuatro (80%) están afectados por diferentes grados de precariedad”.
Señala que un tercer tema de debate se refiere a la identificación de los sectores cuyo desarrollo ofrecería posibilidades de contribuir a mejorar la oferta de puestos de trabajo, pero “están ausentes los criterios básicos como el valor agregado y la productividad del trabajo en cada uno de los sectores”.

Compromisos. Según análisis de la Fundación Jubileo, “Bolivia ha suscrito al menos 10 tratados o convenios internacionales para erradicar la pobreza y crear empleo” y pocos han sido cumplidos por los diferentes gobiernos en el país.
Advierten que si bien en cuatro décadas la pobreza moderada y la extrema se redujeron en términos porcentuales, la población sigue en aumento. Frente a ello, Velasco sugiere que los gobiernos subnacionales jueguen un rol “relevante en la construcción de la Bolivia Productiva”.

Empleo informal afecta
“La informalidad del empleo afecta a casi 3,7 millones de ocupados, en tanto que el subempleo (que puede incluir varias formas de empleo temporal o de autoempleo forzado) afecta a unos tres millones”, sostiene Enrique Velasco.
n “En los sectores empresarial y semiempresarial los ocupados están concentrados en el tramo por debajo de un costo de una Canasta Normativa Alimentaria y una proporción menor al 15%, en ambos, lograría cubrir su ingreso a una canasta completa”, según el CEDLA.

La Ley del Trabajo sigue en el debate nacional
La ministra de Trabajo, Carmen Trujillo, anunció el jueves que el consenso con la Central Obrera Boliviana (COB) para aprobar la nueva Ley General del Trabajo supera el 70% y aseguró la remisión de esa norma a la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta antes de fin de año, según la agencia gubernamental ABI.
“El Gobierno y las organizaciones sociales hemos superado el 70% de consenso de la nueva Ley del Trabajo, que ahora toma en cuenta a todos los sectores en el marco de la Constitución Política del Estado”, puntualizó.
La nueva norma contiene 122 artículos, que se sustentan en la antigua Ley General del Trabajo, y según la ministra mejora las políticas de seguridad social para los trabajadores y la prohibición del trabajo forzoso. Sin embargo, los empresarios tienen su propuesta y aún esperan por el diálogo y consenso con este sector.

Publicado en La Razón, 28 de noviembre 2010

‘El BID quiere mayor transparencia, pero también un mayor control’

Luis Felipe Polo

Es el Coordinador de Comunicaciones Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en su visita a La Paz conversó con La Razón sobre la nueva política de acceso a la información de este organismo multilateral, enfatizando en la mejora a los mecanismos de difusión y consulta de proyectos aprobados en los países de América Latina; también reiteró la existencia de un mecanismo de denuncia de proyectos del banco por incumplimiento de políticas operativas.

— Recién aprobaron cambios a la política de información pública del BID, ¿cuál el objetivo?
— Se quiere que el BID sea más conocido y sus proyectos puedan ser difundidos. En Bolivia cumplió 50 años beneficiando a millones de personas. En América Latina es el único banco multilateral que financia a los 24 países. Hace un mes se aprobó la nueva Política de Acceso a la Información que reemplaza a la Política de Disponibilidad de Información vigente y se implementará a partir de enero del 2011. Habrá una mayor apertura de la información del banco con la autorización de los gobiernos —dueños de los proyectos—. Se podrá pedir información al BID, dentro de la política de confidencialidad establecida.
— ¿En la web también modificarán el acceso a documentos?
— La apertura será mayor a la de ahora. Se difundirá información de los proyectos aprobados por el directorio del banco. Lo que también queremos hacer en nuestra página web es dedicar cada mes a un país, difundiendo, además, videos sobre los proyectos en estos países. Bolivia es accionista y tendrá un mes en la página web.
— ¿Otras actividades en el marco de esta apertura?
— La idea es que el BID sea conocido como BID. También queremos realizar convenios con universidades para que dentro de sus cursos puedan dedicarle espacio a las organizaciones multilaterales. Queremos elevar el perfil de los profesionales dentro del BID; hay varios bolivianos en Washington en la oficina en Bolivia. Habrá mucha más apertura y ahora con el incremento de capital, el más alto de la historia, setenta mil millones de dólares hay más oportunidades de que se pueda invertir en nuevos proyectos. Por ejemplo, en Bolivia la biodiversidad y el cambio climático son temas en los que se podría invertir. El banco está invirtiendo en el apoyo a los microempresarios y sectores que han estado marginales y trabajar directamente con ellos.
— ¿Cambia la lógica del banco?
— Sí, claro. El BID va a cambiar porque el mundo está cambiando. Ésta tiene que ser la década de América Latina; no se sintió tan fuerte la crisis tanto como en otros países por los manejos económicos de los países; también creo que es producto de las multilaterales que han estado apoyando. Si el BID aprobaba por ejemplo 8 ó 9 mil millones en préstamos, ahora, a partir del incremento de capital, estará aprobando 12 mil millones. Será mucho dinero apoyando a los gobiernos y a los sectores privados.
— ¿Mejoran tiempos en los procedimientos de préstamos?
— Se han bajado, pero todavía no son los óptimos como cualquier multilateral o cualquier banco nosotros también demoramos en los trámites burocráticos; pero se ha bajado en los casos de los préstamos que ahora salen en cuatro a cinco meses, comparado con el pasado se demoraba un año a año y medio. Depende de los montos a prestar, pero si se trata de bajar los tiempos incluso dentro del banco hay una normativa donde los proyectistas tienen la obligación de cumplir con una serie de tiempos, muy rígidos, para presentar proyectos, para así no tener esa desventaja tan grande y así los proyectos de los países puedan salir en tiempo. Sobre las tasas, seguirán siendo favorables. Cada proyecto es diferente. En el caso de Bolivia no se encarecerán las tasas de los préstamos porque el país está catalogado en el sector de los países pobres.
— ¿Y mecanismos de control?
— Hay varios sistemas de control dentro del banco, en junio se aprobó un programa de investigación y consulta independiente, es un mecanismo para recibir denuncias de comunidades afectadas por proyectos del BID porque incumplieron con sus políticas operativas. Tiene un panel independiente del directorio que investiga si éstos efectivamente incumplieron con las políticas operativas y toma las medidas correctivas, no hay resarcimiento económico. El BID quiere mayor transparencia, pero también un mayor control. En esta área está, desde el pasado septiembre, Isabel Lavadenz, una boliviana, es la encargada de la negociación. Su función es muy importante porque es una oficina dentro del banco para recibir denuncias contra el banco.

Publicado en La Razón, 28 de noviembre 2010