La Paz, 2 Feb (Erbol).- La escasez y la especulación de productos, como el azúcar, es la factura que el país paga por la confrontación que su momento propició el Gobierno de Evo Morales con el sector productivo, además de las dificultades jurídicas para la inversión privadas.
Así respondió a la red Erbol el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Demetrio Pérez, cuando el periodista le preguntó si la actual crisis implica una factura por esos desaciertos del Gobierno en relación con el sector productivo del país. “Yo creo sí, sin lugar a dudas. Esa vez, cuando hubo distanciamiento entre el Gobierno y el sector productivo y empresarial, cuando no hubo comunicación directa en mesas de diálogo y la aprobación de leyes”, había necesidad de concertación para evitar esta situación.
Según el líder empresarial, en el último año hubo una incomunicación de su gremio con las autoridades de administración de Evo Morales, de quienes dijo que siempre alegaban falta de tiempo u otras prioridades. “No sabemos las razones del porqué; según nos dijeron, tenían otra agenda u otra propiedad”, afirmó.
Coincidentemente a las declaraciones de Pérez, el presidente Morales insistió la mañana de este miércoles en Oruro, en ocasión de una cumbre campesina por la seguridad alimentaria, en promover la producción alimentaria en el país. "Bolivia debe crear una empresa de producción que impulse acciones que permitan contar siempre con el suficiente abastecimiento para la población”, afirmó.
En el análisis del titular de Anapo, los empresarios limitaron sus inversiones debido a la inseguridad jurídica propiciada desde las políticas del Gobierno. Las autoridades nacionales “aprobaron las leyes de acuerdo a su iniciativa, como ellos quisieron, sin adecuarse a la realidad del sector”, cuestionó.
Pérez recordó, por ejemplo, que la exigencia de la Función Económica Social (FES) para las tierras productivas, establecida en la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA, implica una limitación para las inversiones. “La FES está aprobada por dos años, pero un financiamiento se produce para entre ocho y diez años”, así quieren los bancos para garantizar sus ganancias.
Así, propuso la modificación de la ley, para evitar la reversión de tierras con el argumento de que no son usadas en más de dos campañas de cosecha debido a su carácter de “uso forestal intensivo”.
Otra de las observaciones planteadas por el dirigente se refiere al constante avasallamiento de tierras. “De una vez (el Gobierno debe) frenar esta situación, y es gente (los avasalladores) que está atemorizando (…). Las reglas tienen que ser claras para la seguridad jurídica”, desafió.
Como medida de solución, demandó del Gobierno una urgente reunión para resolver las diferencias. “Tenemos que resolver los problemas de prioridad en este mes de febrero, para que los productores tengan que hacer una planificación” para la producción.
Anapo y Gobierno habían resuelto una alianza estratégica que no avanza desde el año pasado
Así respondió a la red Erbol el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Demetrio Pérez, cuando el periodista le preguntó si la actual crisis implica una factura por esos desaciertos del Gobierno en relación con el sector productivo del país. “Yo creo sí, sin lugar a dudas. Esa vez, cuando hubo distanciamiento entre el Gobierno y el sector productivo y empresarial, cuando no hubo comunicación directa en mesas de diálogo y la aprobación de leyes”, había necesidad de concertación para evitar esta situación.
Según el líder empresarial, en el último año hubo una incomunicación de su gremio con las autoridades de administración de Evo Morales, de quienes dijo que siempre alegaban falta de tiempo u otras prioridades. “No sabemos las razones del porqué; según nos dijeron, tenían otra agenda u otra propiedad”, afirmó.
Coincidentemente a las declaraciones de Pérez, el presidente Morales insistió la mañana de este miércoles en Oruro, en ocasión de una cumbre campesina por la seguridad alimentaria, en promover la producción alimentaria en el país. "Bolivia debe crear una empresa de producción que impulse acciones que permitan contar siempre con el suficiente abastecimiento para la población”, afirmó.
En el análisis del titular de Anapo, los empresarios limitaron sus inversiones debido a la inseguridad jurídica propiciada desde las políticas del Gobierno. Las autoridades nacionales “aprobaron las leyes de acuerdo a su iniciativa, como ellos quisieron, sin adecuarse a la realidad del sector”, cuestionó.
Pérez recordó, por ejemplo, que la exigencia de la Función Económica Social (FES) para las tierras productivas, establecida en la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA, implica una limitación para las inversiones. “La FES está aprobada por dos años, pero un financiamiento se produce para entre ocho y diez años”, así quieren los bancos para garantizar sus ganancias.
Así, propuso la modificación de la ley, para evitar la reversión de tierras con el argumento de que no son usadas en más de dos campañas de cosecha debido a su carácter de “uso forestal intensivo”.
Otra de las observaciones planteadas por el dirigente se refiere al constante avasallamiento de tierras. “De una vez (el Gobierno debe) frenar esta situación, y es gente (los avasalladores) que está atemorizando (…). Las reglas tienen que ser claras para la seguridad jurídica”, desafió.
Como medida de solución, demandó del Gobierno una urgente reunión para resolver las diferencias. “Tenemos que resolver los problemas de prioridad en este mes de febrero, para que los productores tengan que hacer una planificación” para la producción.
Anapo y Gobierno habían resuelto una alianza estratégica que no avanza desde el año pasado
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