La auditoría de gestión evalúa el grado de eficiencia y eficacia de los logros obtenidos por una empresa en función al cumplimiento de sus objetivos y la correcta utilización de sus recursos. Tendencia que se puede aplicar a empresas públicas del país.
En el marco de apoyo de la cooperación española al proceso de fortalecimiento institucional de Bolivia, se realizó un seminario taller en el que se analizó el “Proceso de la auditoría de gestión de una empresa pública”, y se transmitió la experiencia de ese país sobre normativa y gestión de los procesos de auditoría del sector público.
En el evento participaron expertos del Tribunal de Cuentas de España (TC) y de la empresa pública de agua Canal de Isabel II, que junto a sus pares de la Contraloría General del Estado (CGE) de Bolivia y funcionarios de empresas públicas bolivianas, analizaron la importancia de avanzar y profundizar las auditorias de gestión en las empresas públicas.
Este tipo de auditoría no sólo evalúa la parte contable, también estima los objetivos y planes organizacionales; vigila la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento; comprueba la confiabilidad de la información y de los controles; verifica la existencia de métodos adecuados de operación y comprueba la correcta utilización de los recursos.
Canal de Isabel II es la empresa responsable de la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad (Autónoma) de Madrid. Fue creada en 1851. En 1984, se le encomienda, además de los servicios tradicionales del abastecimiento, la depuración de las aguas residuales y la mejora y conservación de los ríos.
“Casi 2.200 trabajadores cumplen su cometido con la máxima eficiencia, haciendo uso de la más moderna tecnología. Lo que coloca a Canal de Isabel II como empresa puntera y líder en su sector a escala internacional”, destacan en su sitio web.
“Permanentemente hacemos auditoría de gestión, a los riesgos, para enfocar nuestros procedimientos y se cumpla con los objetivos de la empresa con el fin de que sus procesos sean más eficientes, eficaces y más globales”, subrayó Soledad Llamas, responsable de Auditoría Interna del Canal de Isabel II.
“Los procesos que se están auditando nos permite mejorar”, se implantan nuevos controles y procedimientos. “Somos una empresa pública pero queremos ser la mejor, compitiendo con las privadas”, expresó.
Un ejemplo. “Las empresas privadas buscan ganar dinero y obtener beneficio, Canal de Isabel II busca dar el mejor servicio al ciudadano, la forma de gestionar marca la diferencia: quizá a nosotros no nos interese tanto el coste de algunas cosas si va en beneficio del ciudadano”, explica Llamas y recuerda que la empresa rinde cuentas a la Comunidad de Madrid.
Fiscalización. El Tribunal de Cuentas, que funciona desde mediados del siglo XVI, es un Órgano Constitucional del Estado, previsto en el artículo 136 de la Constitución Española y cumple las funciones fiscalizadora (control externo) y jurisdiccional del enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurren los que tienen a su cargo el manejo de bienes y recursos públicos.
El TC al igual que la Contraloría General del Estado boliviano fiscaliza a posteriori. En el caso de la española, ingresa a fiscalizar a petición de los parlamentarios o por decisión propia en función a un plan anual de fiscalizaciones porque no podrían abarcar a todas las entidades públicas. Por ejemplo, España tiene unas 400.000 sociedades estatales, además de empresas públicas de todo tamaño.
Administración estatal, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, empresas públicas y sociedades estatales entran en ese plan. Los informes se realizan generalmente en el lapso de un año. En 13 de las 17 comunidades autónomas española operan las Cámaras de Cuentas que son órganos de control autonómicos. “Dependen de la Cámara de Representantes autonómicos. Somos órganos independientes del Ejecutivo”, precisa el subdirector del Departamento Financiero y de Fundaciones y Otros Entes Estatales, Alberto Rubio García.
Por ello, es que buscan que más empresas públicas en su país incluyan la auditoría de gestión, aunque tiene empresas públicas que cotizan en bolsa y tienen más exigencias. “En general, la mayoría de los informes no dan lugar a un proceso de tipo penal (malversación de fondos y cohecho). La normativa es exigente. Es garantía de una buena gestión”, sostuvo Rubio.
Doble control si cotiza en bolsa
Una empresa pública española tiene el 51% de las acciones y la normativa que aplica a sus actividades es pública, indica el subdirector del Departamento Financiero y de Fundaciones y Otros Entes Estatales del Tribunal de Cuentas, Alberto Rubio. “Independientemente de las exigencias que pide el mercado de valores a las empresas públicas que están cotizando en bolsa”, aclaró.
El usar ambas normativas es casi un doble control, manifiesta Soledad Llamas, responsable de Auditoría Interna de Canal de Isabel II. Sin embargo, Rubio explica que en algún momento se creó un problema de competencias para auditarlas “por temas de confidencialidad, pues cierta información es sensible a la valoración de sus acciones”, precisa. Lo que no impide que estas empresas cumplan con la norma pública y entreguen toda esa documentación a los órganos autonómicos y ellos, a su vez los remiten al TC.
Contraloría General del Estado
En Bolivia
La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. Está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa.
Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero, 19 junio 2011
En el marco de apoyo de la cooperación española al proceso de fortalecimiento institucional de Bolivia, se realizó un seminario taller en el que se analizó el “Proceso de la auditoría de gestión de una empresa pública”, y se transmitió la experiencia de ese país sobre normativa y gestión de los procesos de auditoría del sector público.
En el evento participaron expertos del Tribunal de Cuentas de España (TC) y de la empresa pública de agua Canal de Isabel II, que junto a sus pares de la Contraloría General del Estado (CGE) de Bolivia y funcionarios de empresas públicas bolivianas, analizaron la importancia de avanzar y profundizar las auditorias de gestión en las empresas públicas.
Este tipo de auditoría no sólo evalúa la parte contable, también estima los objetivos y planes organizacionales; vigila la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento; comprueba la confiabilidad de la información y de los controles; verifica la existencia de métodos adecuados de operación y comprueba la correcta utilización de los recursos.
Canal de Isabel II es la empresa responsable de la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad (Autónoma) de Madrid. Fue creada en 1851. En 1984, se le encomienda, además de los servicios tradicionales del abastecimiento, la depuración de las aguas residuales y la mejora y conservación de los ríos.
“Casi 2.200 trabajadores cumplen su cometido con la máxima eficiencia, haciendo uso de la más moderna tecnología. Lo que coloca a Canal de Isabel II como empresa puntera y líder en su sector a escala internacional”, destacan en su sitio web.
“Permanentemente hacemos auditoría de gestión, a los riesgos, para enfocar nuestros procedimientos y se cumpla con los objetivos de la empresa con el fin de que sus procesos sean más eficientes, eficaces y más globales”, subrayó Soledad Llamas, responsable de Auditoría Interna del Canal de Isabel II.
“Los procesos que se están auditando nos permite mejorar”, se implantan nuevos controles y procedimientos. “Somos una empresa pública pero queremos ser la mejor, compitiendo con las privadas”, expresó.
Un ejemplo. “Las empresas privadas buscan ganar dinero y obtener beneficio, Canal de Isabel II busca dar el mejor servicio al ciudadano, la forma de gestionar marca la diferencia: quizá a nosotros no nos interese tanto el coste de algunas cosas si va en beneficio del ciudadano”, explica Llamas y recuerda que la empresa rinde cuentas a la Comunidad de Madrid.
Fiscalización. El Tribunal de Cuentas, que funciona desde mediados del siglo XVI, es un Órgano Constitucional del Estado, previsto en el artículo 136 de la Constitución Española y cumple las funciones fiscalizadora (control externo) y jurisdiccional del enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurren los que tienen a su cargo el manejo de bienes y recursos públicos.
El TC al igual que la Contraloría General del Estado boliviano fiscaliza a posteriori. En el caso de la española, ingresa a fiscalizar a petición de los parlamentarios o por decisión propia en función a un plan anual de fiscalizaciones porque no podrían abarcar a todas las entidades públicas. Por ejemplo, España tiene unas 400.000 sociedades estatales, además de empresas públicas de todo tamaño.
Administración estatal, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, empresas públicas y sociedades estatales entran en ese plan. Los informes se realizan generalmente en el lapso de un año. En 13 de las 17 comunidades autónomas española operan las Cámaras de Cuentas que son órganos de control autonómicos. “Dependen de la Cámara de Representantes autonómicos. Somos órganos independientes del Ejecutivo”, precisa el subdirector del Departamento Financiero y de Fundaciones y Otros Entes Estatales, Alberto Rubio García.
Por ello, es que buscan que más empresas públicas en su país incluyan la auditoría de gestión, aunque tiene empresas públicas que cotizan en bolsa y tienen más exigencias. “En general, la mayoría de los informes no dan lugar a un proceso de tipo penal (malversación de fondos y cohecho). La normativa es exigente. Es garantía de una buena gestión”, sostuvo Rubio.
Doble control si cotiza en bolsa
Una empresa pública española tiene el 51% de las acciones y la normativa que aplica a sus actividades es pública, indica el subdirector del Departamento Financiero y de Fundaciones y Otros Entes Estatales del Tribunal de Cuentas, Alberto Rubio. “Independientemente de las exigencias que pide el mercado de valores a las empresas públicas que están cotizando en bolsa”, aclaró.
El usar ambas normativas es casi un doble control, manifiesta Soledad Llamas, responsable de Auditoría Interna de Canal de Isabel II. Sin embargo, Rubio explica que en algún momento se creó un problema de competencias para auditarlas “por temas de confidencialidad, pues cierta información es sensible a la valoración de sus acciones”, precisa. Lo que no impide que estas empresas cumplan con la norma pública y entreguen toda esa documentación a los órganos autonómicos y ellos, a su vez los remiten al TC.
Contraloría General del Estado
En Bolivia
La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. Está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa.
Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero, 19 junio 2011
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