Vías Bolivia creó sistema automatizado para cobrar pejae carretera La Paz-Oruro

Diciembre 2010. Se lanza el decreto del gasolinazo. Protestas, vandalismo y robo de equipos en la caseta del peaje de la autopista. Anécdota en la historia del retraso en pruebas y puesta en marcha del nuevo sistema de control y cobro de peaje y pesaje en la ruta La Paz-Oruro.

Mayo 2011 inicia la modernización de los sistemas administrativos y operativos de Vías Bolivia para cumplir con sus funciones y también la concienciación de los usuarios de esta carretera internacional.

“Sales de La Paz. Pagas peaje en el retén de Achica Arriba y dices que vas a Oruro. Te entregan una boleta valorada. Pero resulta que estabas yendo a Cochabamba. Por ello en Caihuasi volvemos a cobrar. Pero si dices desde el principio que vas a Cochabamba en este retén sólo se hace control de la boleta”. Así se recauda hoy el peaje por uso de ésta y todas las carreteras del país. El control es deficitario y sólo apunta a la recaudación, explica el director general ejecutivo de Vías Bolivia, José Luis Villazante.

Ahora, en Achica Arriba, una cámara registra el vehículo y la placa en un software diseñado exclusivamente para este fin. El conductor debe incluir sus datos, señalar su destino final y pagar el costo actual de las tarifas del peaje. El funcionario capacitado en el nuevo sistema imprime la boleta electrónica que tiene código de barras y la entrega. Todo es filmado. Y se puede verificar en línea las 24 horas, en cualquiera de los retenes y en la oficina central de Vías Bolivia.

En Caihuasi, el conductor debe mostrar la boleta que será verificada por un lector electrónico del código de barras. En la pantalla de la computadora confirmará si se trata del mismo vehículo, placa y conductor. Lo mismo sucederá en los otros retenes de control del peaje. El pesaje y medición de vehículos (de carga) automatizado vendrá en una siguiente fase, según el plan de Vías Bolivia.

“El control se da en tiempo real”, asegura el director de Operaciones, Marcelo Ordóñez.

Antes del uso de la tecnología, un equipo de la institución “hacía de policía” para hacer operativos en los retenes y ver si había evasión, boletaje clonado, corrupción. “Es incómodo para el funcionario, queremos cambiar esta hermenéutica para dar más confianza y afrontar el tema de forma estructural”, afirma Villazante.

Hasta junio se implementará el sistema en el corredor bioceánico que une a Bolivia con Brasil y los puertos del Pacífico (70% de la red de caminos). Luego, otras rutas internas donde hay mayor recaudación. El sistema de conectividad es propio por costos y temas de seguridad, aclara el director de Planificación y Desarrollo, Rolando Gutiérrez. No usan los servicios de ninguna telefónica.

Habrá un control del 100% de la recaudación. Hay 128 retenes. “En el 60% se recauda el 95% del peaje”, aseguró el director de Administración y Finanzas, David Soliz.

La atención al usuario busca ser de mejor calidad. El reto para otras entidades estatales es dar seguridad vial. Y a seguir el viaje...

 

Pasos en el proceso del proyecto

 

• El proyecto de la automatización del peaje y pesaje se inicia el 2008.

• El 2009 se presenta un proyecto a la ABC  por un monto de Bs 3,5 millones para poder automatizar la parte troncal de la Red Vial Fundamental. Pero la inversión era muy alta y no se contaba con los recursos necesarios. El proyecto queda pendiente.

• El 2010 deciden encarar el proyecto con recursos propios y de la ABC, con profesionales bolivianos. El plan incluye la compra de equipos para 17 retenes (40 carriles); construcción de infraestructura (6 meses); instalación y pruebas (hasta abril del 2011).

 

Las tarifas del peaje vigentes serán revisadas

 

Vías Bolivia adelantó que se realizará un estudio para un nuevo tarifario
“El tarifario del peaje está aprobado por una normativa de 1992, las carreteras eran más de 1.000 kilómetros pavimentadas y ahora son más de 4.000 km; las condiciones han mejorado, pero el tarifario se ha mantenido”, señaló el director general ejecutivo de Vías Bolivia, José Luis Villazante.
Así empieza la explicación sobre la necesidad de actualizar el sistema tarifario boliviano. Los recursos que se obtienen por concepto de peaje y el control que se realiza a la verificación de pesos y dimensiones vehiculares en la Red Vial Fundamental sirve para que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) realice el mantenimiento de estas rutas.
“El Ministerio de Obras Públicas está preparando una nueva Ley de Transportes y una reglamentación para el estudio. El tema es delicado y estamos en su tratamiento... básicamente por el tema social”, expresó.
En esta historia, diferentes sindicatos, libres y confederados, han solicitado y obtenido reducciones y diferentes tratos. “Se ha pedido toda esta información para ir reuniéndonos con los sindicatos” para avanzar en “adecuar de manera legal, financiera para tener un nuevo tarifario”, adelantó.
Villazante aseguró que para la implementación del nuevo sistema de control y cobro de peaje automatizado para la carretera La Paz-Oruro “vamos a mantener la norma que teníamos”.
Para el estudio de tarifas cuentan con apoyo del BID y de la ABC. Además, con las entidades estatales respectivas se analizará la visibilidad de las placas, que a pesar de tener una norma, no es cumplida. En cuatro horas de la primera prueba del nuevo sistema, observaron que las placas no están en su lugar, los mataburros las tapan, los camiones las tienen en el parabrisas, perdieron la pintura o son antiguas.

 

Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero, 8 mayo 2011

‘Vamos a trabajar con microempresas en los retenes’

José Luis VillazanteMediante Resolución Suprema Nº 4490, José Luis Villazante fue posesionado como el nuevo director general ejecutivo de Vías Bolivia, entidad estatal encargada del cobro de peajes, del control de pesos y dimensiones de la Red Vial Fundamental. La posesión la realizó el presidente de la ABC, Luis Sánchez, en el marco del decreto 28631, que en su artículo 32, parágrafo f), establece que las entidades descentralizadas “están a cargo de un director general ejecutivo, quien ejerce la representación institucional y es la máxima autoridad ejecutiva”. Antes de asumir el cargo, estuvo por más de cuatro años en el Directorio de la ABC.

— Es el cuarto director (otros salieron por indicios de corrupción). ¿Cómo encontró a Vías Bolivia al asumir el cargo?
— Cuando el Estado se hace cargo, ha costado regularizar el funcionamiento de la institución. Primero recuperamos los retenes, un tanto deficitarios, que estaban a cargo de TollSA; después recuperamos los que estaban bajo administración de ConoSur. Ya con la administración de todos los retenes hemos ido organizándonos un poco. Vías Bolivia tiene cuatro años funcionando y todavía hay   muchas falencias en su funcionamiento. La principal es que la mayoría de mi personal es eventual; tenemos un sistema de recaudación muy rudimentario que genera problemas en temas de evasión, corrupción de funcionarios que administran los retenes y en el control del parque vehicular a nivel nacional. Otra dificultad fuerte es el tema de pesos y dimensiones; tenemos varias estaciones de pesaje que no reúnen las condiciones, sólo dos están certificadas por Ibmetro. Estas dificultades hacen que no podamos ejercer un buen control.
— ¿Qué cambios pueden hacer en esta gestión a su cargo?
— Estamos haciendo cambios en el tema de control de peaje para que sea automatizado, empieza este mes en la carretera de La Paz a Oruro y luego en el resto de las carreteras, según manda el decreto de creación de Vías Bolivia (D.S. 28948 del 25 de noviembre de 2006). También se hará similar trabajo para el control de pesos y   dimensiones vehiculares. Esto se hace en coordinación con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), nuestro ente tutor.
— ¿Cuánto personal tienen?
— Unas 850 personas a nivel nacional. Tenemos 128 retenes. Santa Cruz tiene la mayor cantidad, por la geografía y el movimiento.
— ¿Qué control realizan para evitar la corrupción?
— Hay dos razones por las que se va el personal. Tenemos un sistema de rotación del personal que permite hacer cambios cada 20 días; uno que estaba en la caseta de la autopista se lo manda a los Yungas u otro lugar alejado y decide retirarse voluntariamente, generalmente por razones familiares. La otra es porque los hallamos reciclando boletas; cobrando para ellos sin dar la  boleta, esta es una práctica que casi se ha institucionalizado porque hasta los transportistas son cómplices, si el peaje es Bs 3 pagas Bs 2 y no te dan boleta. Al año, la rotación por cualquiera de estos motivos es del 70% del personal operativo en retenes. Por actos de corrupción de ese 70% el 10% sale (destituido y con procesos correspondientes, internos y/o en la justicia). En la metodología de cobro del peaje actual, el riesgo es muy alto.
— ¿Cuánto se recauda ahora?
— Oscila entre Bs 760 mil y Bs 900 mil. Según norma, el 17% se queda para gastos administrativos, costos de mantenimiento, alquileres e infraestructura y el 83% se transfiere a la ABC para que realice mantenimiento de carreteras.
— ¿Y las estaciones de pesaje serán mejoradas y también automatizadas como el peaje?
— En el primer circuito de control de peaje automatizado tenemos dos estaciones de pesaje, en Achica Arriba y Caihuasi. Serán automatizadas y estarán conectadas en línea. Sin embargo, nuestra Ley de Cargas está desactualizada porque no considera a ciertos tipos de vehículos con ciertas dimensiones y por analogía se clasifica al que más se parece. El ministerio del área está actualizando la Ley de Transportes. Nuestras estaciones de pesaje las heredamos del ex Servicio Nacional de Caminos; la tecnología de ese entonces de las balanzas móviles se adecuaron a fijas en algún momento de la transición a los privados. Sólo tenemos una estación modelo en Mataral (Vallegrande), certificada para peso estático. Y la de Ivirgarzama sufrió daños porque le cayó un rayo; está en reparación y volverá a estar en funcionamiento en unas semanas.
— ¿Cuál el costo de construir una estación de pesaje?
— Los costos de equipos e infraestructura para la construcción de una estación de pesaje aproximadamente son de un millón de dólares. Hemos tenido acercamientos con la ABC. Se han hecho adendas con las empresas que construyen carreteras para que cuenten con estaciones de pesaje (en San José de Chiquitos y Padresama de Villa Tunari).
— ¿En toda carretera nueva?
— Creo que la ABC acertó con las dobles vías (La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz) porque están establecidas las estaciones de pesaje y de peaje con reglamentaciones específicas. Vías Bolivia podrá tener la administración.
— ¿Pueden administrar otras empresas el peaje?
— Vamos a trabajar con microempresas en los retenes. Se ha hecho una consultoría para los retenes automatizados y nos ha dado como resultado que se puede contar con microempresas similares a las de conservación vial para que se encarguen de la administración de los peajes. Estamos cambiando el modelo: las personas van a ser del propio lugar; ya no habrá las famosas rotaciones; se implementará mejores condiciones. En las de doble vía se contará con 12 personas en tres turnos de ocho horas. Queremos asociar a estas personas y seguir pagando el sueldo que percibían dándoles responsabilidades. No nos representa mayor gasto. Empezaríamos en el retén de Caihuasi con dos microempresas. El objetivo es mejorar el servicio y enseñar a nuestra gente a ser emprendedores.

Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero, 8 mayo 2011

22 comunidades inician negocio forestal con Baba Carapa

No sólo tala sino madera predimensionada (secada y cortada) comercializarán 22 organizaciones comunitarias forestales de Ixiamas, Porvenir y Guarayos en el mercado nacional. Fueron capacitadas por Baba Carapa, programa de PUMA Fondo Ambiental.

Empresas exportadoras bolivianas de muebles de madera tienen intenciones de negocio, anunció Juan Carlos Chávez, gerente general de PUMA FA. También iniciarán conversaciones con asociaciones de carpinteros para conocer sus necesidades de contar con materia prima de calidad.

La primera producción estará lista a fines de año. Los tres Centros Comunitarios de Negocios Forestales (Confor) estarán instalados y en operación en julio. Allí se acopiará y procesará la madera seleccionada de los bosques por las Organizaciones Forestales Comunitarias (OFC) y las Asociaciones Sociales del Lugar (ASL).

En el baba carapa (en idioma takana) o Casa Grande del Yanacona se realiza cada principio de año una ceremonia anual en honor de los beneficios que da el bosque: agua, frutos, alimentos, viento, energía y salud de sus habitantes. De ese concepto proviene el nombre del programa impulsado por PUMA Fondo Ambiental. 

Las Escuelas de Proyectos y de Gestión están concluyendo la capacitación. En Ixiamas, norte de La Paz, empezarán las acciones de inversión de las OFC y ASL. Ellas son socias de los Confor.

El primer paso para avanzar en este desarrollo rural comunitario es verificar que todos los que dicen ser parte de la comunidad estén registrados, que sus estatutos sean claros para operar el manejo del bosque. “Es crucial para su trabajo”, afirmó Chávez.

Luego realizarán el censo de aprovechamiento maderable en el bosque. “Saber qué madera y en qué lugar está la que se aprovechará está en función de los mercados”. En el caso de maderas desconocidas se buscará algún nicho de mercado, agregó.

Esta actividad se realiza bajo la normativa de la Ley Forestal vigente y de los procesos exigidos por la certificación del Sello Verde, reconocido internacionalmente por el manejo sustentable del bosque, especialmente amazónico.
En un mes y medio empezarán las actividades de lindeo, corte,  arrastre, carguío, transporte hasta los Confor, que están en plena construcción, precisó.

“La idea es que dentro del bosque ellos identifiquen sus potencialidades y a futuro el objetivo es profesionalizarlos a nivel técnico que les habilite para trabajar o capacitar en otras comunidades”. Las mujeres son capacitadas en temas administrativos.

No fue fácil iniciar el Baba Carapa, recuerda. “ La primera sensación fue de desconfianza”, porque tenían promesas incumplidas. Sin embargo, el movimiento que genera la construcción de los Confor “cambia la percepción”. La inversión por cada centro modelo es de aproximadamente dos millones de dólares.

De esta forma, los habitantes de estas zonas alejadas de centros urbanos, poco accesibles por falta de caminos y falta de servicios básicos se formalizan y enfrentan el desafío de mejorar su calidad de vida, y luchar contra la tala ilegal.

Empleo y equipos en los confor
Los Confor generarán de 30 a 40 empleos en su inicio y en siete años serán más de 400 empleos; además de promover la creación de empresas de servicios.

El equipamiento incluye aserraderos industriales y digitalizados y 2 ó 3 hornos de secado en los tres Confor.

‘Se les da una especie de subvención para operar’

Juan Carlos Chávez
Gerente General de PUMA FA

“La madera que se encuentra en El Alto es de tercera, cuarta y menor calidad. Esta madera lo que está haciendo es empobrecer al bosque y a las comunidades al mismo tiempo. Se empobrece el consumidor de las ciudades porque un mueble no durará lo mismo que uno hecho con madera de calidad. Se trata de ver cómo podemos mejorar la oferta para el consumidor urbano de lo que tienen estas comunidades alejadas. Empezamos con 22 ASL y TCO (llegaremos a 55 en siete años) con las que tenemos contratos firmados de donación con carga. Es decir que PUMA FA les da una especie de subvención para que vayan teniendo un capital de operaciones, que no tienen. Se espera enfrentar al “habilito”, el intermediario que les paga por dejar sacar la madera que quieran. Ahora ellos saben cuál es el valor real de la madera. Puede haber perdidas, pero en el manejo de diversas especies pueden encontrar oportunidades. Los participantes están cursando en las Escuelas de Gestión temáticas administrativas para manejar los recursos”.

‘La evaluación ambiental estratégica es un referente’
Evelyn Taucer
Gerente General de Simbiosis
“El Programa Forestal Baba Carapa está contribuyendo a los objetivos nacionales de reducción de la pobreza y conservación de los bosques naturales, beneficiando a más de 5.000 familias indígenas y campesinas. (Simbiosis es la empresa que realizó la Evaluación Ambiental estratégica). La evaluación sirve para tener un referente para Baba Carapa sobre los elementos más relevantes en términos de su impacto en los ecosistemas, el involucramiento de los actores, de los habitantes de la áreas boscosas. Hemos seguido la metodología respectiva (no es lo mismo que el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental) según el marco legal y de las políticas (sectoriales). Los Confor que habrá en Ixiamas, Porvenir y Urubichá pretenden ser modelos. Tres industrias forestales comunitarias autosostenibles e inclusivas que brindan espacios para acopio, servicios de transformación y agregación de valor a los productos del bosque y de capacitación permanente técnica especializada de las organizaciones forestales comunitarias”.

Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero, 8 mayo 2011

Modelos de desarrollo aún ignoran articular la economía rural al desarrollo

En India, México o Bolivia las políticas públicas destinadas a las poblaciones rurales, alejadas de centros urbanos, aún ignoran las necesidades de sus habitantes y muestran desarticulación para integrarlas a cualquier modelo de desarrollo económico.

“En las búsquedas y planteamientos de nuevos modelos de desarrollo, de nuevos paradigmas, antes de escuchar sólo las señales del mercado, se debería escuchar las señales de la naturaleza. Ésta puede ser una gran contribución de países y organizaciones de productores que están en estas búsquedas”, es una de las conclusiones del seminario internacional Modelos de desarrollo rural y economía campesina indígena, situación y perspectivas en el sur, evento organizado por el Cipca.
“Creo que nos estamos enfrentando a un peligro, a un discurso neocampesinista por parte del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la FAO en el caso de América Latina y la CEPAL que nos están hundiendo en un modelo rural, de producción pequeña y mediana alimentaria en zonas de bajo potencial, protegidas por el Estado y la cooperación, con poca producción de alimentos y generación de empleos. Y por otro lado, una cultura empresarial de alto rendimiento que es un tema de acumulación”, advierte Armando Bartra, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Hay dos Indias, la rica y la pobre”, enfatizó Dhansidh Lakra, quien llegó para explicar que en ese país con una población estimada en 1.160 millones de habitantes (segundo más poblado del mundo) sólo el 27% de la población tiene acceso a servicios básicos. “Por lo menos Bolivia tiene 24 horas de luz eléctrica, en la India hay lugares donde sólo hay luz durante cinco horas”. En Bolivia, se estima que unas tres millones de personas no tienen acceso a la electricidad y aún utilizan leña, detalla un documento de la Plataforma Energética.
Lakra manifestó que las propuestas de desarrollo a pequeña escala no son suficientes en comunidades que no cuentan con las capacidades para supervisar, mantener las obras y existe una falta de articulación con planes nacionales de desarrollo económico. India está considerada en el grupo de las economías emergentes, por su desarrollo en tecnología, junto a Brasil, Rusia y China (las BRIC).
“En el caso de México hay campesinos que están perdiendo tierra y agua y recursos naturales, esa riqueza natural que era su posesión (...), pero lo más dramático es que ellos están abandonando lo que poseían porque no encuentran lo que llaman desarrollo, la posibilidad de vivir de esas tierras y esas aguas y vivir con dignidad, y bien”, subrayó Bartra.
En los diferentes países de América Latina y en la India “lo rural, la economía campesina indígena, los pequeños productores campesinos indígenas mantienen sus múltiples roles y funciones”. Seguridad alimentaria, económica, protección del medio ambiente, de la biodiversidad, generación de empleo, desarrollo de tecnologías, conocimientos y saberes; “pese a su estancamiento y cierto retroceso frente a la agroindustria”.
El área rural enfrenta amenazas externas como la “desatención o insuficiente atención de los Estados a la economía campesinas indígena y de pequeños productores de la agricultura familiar; ausencia de políticas de promoción y fortalecimiento productivo, de políticas comerciales que favorezcan al sector, insuficiente inversión productiva”. Y también afrontan causas internas que muestran “la debilidad y dispersión de los productores, de las organizaciones de productores y su escasa visión de alianzas que superen lo local y nacional”, destaca el Cipca. Empero, los productores de la agricultura familiar siguen siendo actores relevantes.
“En todos los países, los pequeños productores campesinos indígenas, pescadores, pastores, recolectores y otros, son actores activos y dinámicos que vienen planteando propuestas y alternativas de desarrollo (como el vivir bien en Ecuador y Bolivia), con mucha capacidad de incidencia en las políticas públicas (Brasil), aunque los procesos sociales y políticos de cada país hacen que sus gobiernos los tomen en cuenta en diverso grado”, señala Lorenzo Soliz Tito, director general del Cipca.
En el caso de Bolivia, los expositores ratificaron la falta de información actualizada, confiable, relevante y accesible que dificulta la formulación de propuestas, acciones, políticas, programas, inversiones para la economía campesina indígena. Aunque sostienen que hay una mayor participación y aporte de mujeres y jóvenes en las comunidades.
“Pese a los cambios en leyes, políticas y normas, en la práctica, las inversiones para el sector agropecuario siguen siendo bajas porcentualmente (no supera el 10%, pese al incremento en cifras absolutas), lo que da una idea acerca de la importancia real que se asigna al sector”, alerta Soliz.
Los avances en materia de saneamiento de la tierra han permitido el acceso de campesinos indígenas a la tierra y los recursos naturales, falta avanzar hacia el control y gestión de los territorios para seguir contribuyendo a la seguridad alimentaría y la economía del país, enfatizó Soliz.
Para dar continuidad al debate nacional sobre esta temática, Cipca propuso crear el Foro Andino Amazónico para analizar experiencias e iniciativas exitosas y fracasos sobre la economía campesina indígena, “de reflexión y construcción colectiva y democrática sobre el desarrollo rural (gestión de recursos naturales, participación social y política)”, dado que “existe la necesidad de mayor vinculación entre actores involucrados en el desarrollo rural: productores(as), academia e investigadores, Estado, promotores del desarrollo, cooperación”, puntualizó.

Presión por más productos alimenticios
Una conclusión del seminario internacional, organizado por el Cipca, se refirió a la necesidad de “mantenerse alerta frente a la presión que el mundo va a ejercer sobre Latinoamérica por mayor requerimiento de productos alimenticios en los próximos 30 años. África y Latinoamérica están en ‘la mira’ de las transnacionales y gobiernos. Lo que haga o deje de hacer el Gobierno boliviano, en términos de políticas públicas” (tierras especialmente) y cumplimiento de la Constitución, tendrá consecuencias, advierten.

20.831 familias de tierras bajas obtuvieron títulos

Plan quinquenal de Cipca logró beneficios en temas de tierra y economía

En el período 2005-2010, Cipca completó un plan quinquenal con un resultado relevante para que 20.831 familias campesinas indígenas de tierras bajas, de las 22.069 previstas, obtengan títulos de sus tierras y territorios. Tienen 11,4 millones de hectáreas, frente a las 11,6 millones planificadas, que les permite proyectar su desarrollo sociocultural y económico en una perspectiva de largo plazo.
Asimismo, Cipca señala que 1.852 familias están en proceso de reasentamiento en más de 180.000 hectáreas para garantizar el control y gestión de las tierras tituladas.
Otras 12.158 familias campesinas indígenas en siete regiones del país implementan propuestas productivas con enfoque agroecológico en más de 360 mil hectáreas, orientada al autoconsumo y al mercado local y de países vecinos.
El impacto es el incremento en los ingresos familiares anuales. La organización y capacitación de las Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas les permite ofrecer productos locales como el chocolate, mermelada de frutas, harina de trigo, yogurt y otros para los programas de desayuno escolar. Aprendieron a participar en la licitaciones públicas de sus municipios.
La relación de cadenas productivas avanza con la generación de convenios con empresas privadas para proveerles de maíz, harina de algarrobo, ají, frijol; también lograron acuerdos para la exportación de cacao en grano sobre todo a Argentina. S.S.

Aumenta ingreso familiar
-En las áreas intervenidas con proyectos de Cipca, el ingreso familiar anual se incrementó de $us 1.125 a $us 2199 por año.
-15 Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas proveen de productos al desayuno escolar.

Tres jesuitas fundaron el Cipca una tarde de 1970
“El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) nace una tarde de octubre en 1970, pero empieza su trabajo en el altiplano de La Paz a principios de 1971. Fue fundada por tres jesuitas: Luis Alegre, Xavier Albó y Francisco Javier Santiago. Xavier sigue siendo parte de la institución”.
“Se podría decir que el haber acompañado —junto con otras instituciones— en su largo caminar al movimiento campesino indígena en Bolivia, para que se constituya en actor de los grandes cambios sociales, legales y políticos que se dan al inicio del presente siglo, quizá es el mayor aporte y, a la vez, un aprendizaje que ha enriquecido a Cipca”.
Recuerda que “cuando las doctrinas del pensamiento político concentraban sus esperanzas en los tradicionales sectores populares de vanguardia, Cipca hizo su apuesta por los campesinos, en razón a su peso demográfico, su riqueza cultural, su capacidad productiva. Los fundadores sostenían ‘el futuro de Bolivia se decide en el campo y no en las minas’”.
Para Cipca, “el golpe de 1980, tuvo consecuencias, ya era conocida por su trabajo en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y el Chaco en formación de líderes, los programas radiales de sensibilización sobre la problemática campesina, programas de fortalecimiento de identidad cultural, aspectos productivos”. Pasó a la clandestinidad, pero siguió. Hoy, a 40 años de su fundación, trabaja en siete regiones, 35 municipios, 504 organizaciones campesinas indígenas mixtas y cerca de 85.000 personas.

Svetlana Salvatierra. Publicado en El Financiero 1 de mayo de 2011