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17.9.12

Autonomía local impulsa participación y desarrollo

Un estudio internacional destaca los aciertos de la descentralización. Charagua y Viacha son ejemplos en rendir cuentas y control social.
Las autonomías profundizan la participación popular iniciada con la transferencia de recursos a los municipios, según investigadores. La participación de la sociedad civil que exige rendición de cuentas y planificar su desarrollo enfrenta hoy el desafío de obtener más recursos.
La investigación de Jean-Paul Faguet Decentralization and popular democracy: governance from below in Bolivia, realizada con base en estudios de caso y modelos econométricos, muestra que se produjeron cambios cuantitativos y cualitativos tras la aplicación de la Ley de Participación Popular 1551 (1994).
El profesor de Economía Política del Desarrollo en la London School of Economics (Inglaterra) presentó su estudio en Santa Cruz, durante el Quinto Encuentro de Economistas organizado por el Banco Central de Bolivia y luego en La Paz en el evento de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung sobre descentralización y democratización en Bolivia.
Faguet se preguntó por qué algunos gobiernos locales se desempeñan bien y otros mal. “Hay que entender las dinámicas a nivel local”,  la participación de las autoridades de la sociedad civil y empresarios en los planes de desarrollo;  el seguimiento con transparencia son claves, dijo.
Los resultados hallados en los municipios de Viacha (La Paz) y Charagua (Chuquisaca) confirman que el cambio fue positivo en la asignación de recursos —de un criterio político a uno per cápita—, mayor responsabilidad de los municipios y la creación de comités de vigilancia. “Se municipalizó el país. La descentralización no elimina la responsabilidad central, sino que más bien la cambia”, precisó. El estudio que abarca desde 1987 hasta  2009, muestra que el “Gobierno centralizado invirtió en transporte, energía, hidrocarburos y multisectorial, y los gobiernos locales en educación, urbanismo y vivienda y transporte y salud”.
Recordó que antes de esta reforma, los municipios grandes (del eje central) recibían hasta Bs 77 mil  per cápita. “El Gobierno eligió invertir 0,0% en el 40% de los municipios del país, manifestó.
Para el economista Édgar Moncayo, la tendencia en los países de América Latina es buscar la “convergencia entre descentralización y desarrollo local”, de forma que la descentralización “aporte al desarrollo social y la transformación productiva”.
El ejemplo se puede observar en los estudios de caso de Faguet. Viacha  es un municipio cercano a la sede de gobierno, su economía estaba ligada a la planta embotelladora de la CBN y a la cementera Soboce, con bajos niveles de atención en servicios básicos, educación y salud. En Charagua, 25% de su población era ganadera y el resto guaraníes con economía de subsistencia y falta de caminos para atender un espacio territorial de dos veces el tamaño de Holanda.
“Diez años después encontré algo dramático”, señaló Faguet. Mientras en el primero, la corrupción frenó su desarrollo, en el segundo hubo avance con la participación en la política de los indígenas a través de la Asamblea del Pueblo Guaraní. En este periodo, ambos mejoraron sus indicadores de educación, salud y acceso a internet. Empero, el debate hoy incluye el acceso a más recursos para atender lo que manden sus cartas orgánicas municipales e indígenas.

Los hitos en las normas bolivianas
Ley 1551
La Ley 1551 del 20 de abril de 1994, promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada “reconoce, promueve y consolida el proceso de participación popular articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, a la vida jurídica, política y económica del país”.
Autonomía
La nueva Constitución Política del Estado aprobada por voto popular y promulgada el 7 de febrero de 2009  reconoce una nueva estructura y organización territorial y manda que una ley regule los niveles de autonomías: Departamental, Municipal, Regional e Indígena Originaria Campesina.

Rendición de cuentas, pilar en la planificación del municipio

Los estudios de caso sobre los resultados de la descentralización en Viacha y Charagua muestran que la interacción entre autoridades y sociedad civil organizada exige mayor transparencia y planificación.
Con la Participación Popular hay alcaldes que cumplen con normas de planificación
Los departamentos, municipios y pueblos indígenas originario campesinos tropiezan con diversas problemáticas que afectan sus capacidades de gestión y planificación para superar la pobreza. Sin embargo, la participación de la sociedad civil en la definición del uso de sus recursos tiene un impacto positivo con la rendición de cuentas de sus autoridades.
Según investigadores económicos, la tendencia en América Latina en los países que avanzan en la descentralización, especialmente en Bolivia, apunta a una “convergencia entre la descentralización y el desarrollo local para el desarrollo social y la transformación productiva”, manifestó Edgard Moncayo, durante su exposición en el Quinto Encuentro de Economistas, organizado por el BCB.
“El carácter democrático de la elección de las autoridades autonómicas, junto al funcionamiento y al ejercicio de democracia deliberativa en diferentes niveles legislativos, departamentales, municipales e indígenas que —sin estar exento de tropiezos— está presente en todo el territorio nacional, nos muestra que el proceso autonómico boliviano es un proceso irreversible, que recoge una tradición de vieja data”, señalan los editores del libro Descentralización y democratización en Bolivia. La historia del Estado débil, la sociedad rebelde y el anhelo de democracia, Moira Zuazo, Jean-Paul Faguet y Gustavo Bonifaz.
“El aspecto político es fundamental, debe ser abierto, transparente y donde nuevos entrantes pueden comenzar a competir. Esto es endógeno a las presiones y al engranaje político (local) de la economía con partidos políticos, y a la diversidad y habilidad de las organizaciones en la sociedad civil”, precisa Faguet.
Esa competencia política se organiza con base en la atención de las necesidades locales (inversión en educación, salud, servicios básicos, infraestructura y otros) y a una interacción entre economía y sociedad civil, ciudad y campo, subraya el investigador.
Cita como ejemplo positivo lo      sucedido en el municipio de Viacha (La Paz). Antes de la reforma de la descentralización es conocido que las autoridades políticas eran elegidas por la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), cuyo líder también era principal accionista de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN). “La CBN abandona la ciudad. Quilmes la compra y decide cerrar. Eso levanta una distorsión grande sobre la política y a la larga sobre la sociedad civil. Vemos el ascenso de la sociedad organizada civil y ven la posibilidad de lograr algo”. En cifras muestra el cambio: “hay un gobierno municipal abierto, transparente. La mayoría tiene electricidad, agua potable y el 70% de las escuelas tiene internet. El alcalde da informes cuatrimestrales a la población e informes semanales al Comité de Vigilancia. Los presupuestos son hechos a nivel de distrito y comunidad”. La rendición de cuentas es clave.
Y en Charagua (Santa Cruz), otro buen ejemplo de desarrollo local “las tendencias se han profundizado”. Faguet señala que aún falta mucho por hacer, pero ahora es la comunidad la que maneja sus presupuestos y finanzas.
El rol del sector privado
Se propone que el sector privado empresarial también participe en esta forma de gestión. Se depende de su aporte para que el municipio avance en la construcción de planes y proyectos de desarrollo consensuados.

Guaraníes avanzan en la autonomía indígena

Ellos “(los guaraníes) quieren seguir profundizando en la descentralización interna del municipio, a nivel submunicipal y comunal. En mi opinión, están construyendo sobre los logros de la Participación Popular, renombrándola autonomía y eso está bien”, dijo Jean-Paul Faguet.
El proyecto de Estatuto de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae fue presentado de forma simbólica al Tribunal Constitucional en junio. Se prevé que hasta fin de año entre en vigencia.
“Me parece magnífico que las autonomías den más recursos y potestades. El incógnito son las autonomías indígenas porque ese nivel da privilegios especiales que no tienen otros —como el de la Justicia— si los derechos son similares no sería un problema, pero depende de cómo se lleve adelante”, sostiene Faguet.
El mayor problema será el fiscal. Para Faguet no es un tema que provenga de las leyes, sino “por los cambios en el régimen fiscal que han transferido IDH y regalías de forma desigual, y eso va a llevar a tensiones políticas y sociales”.
Hay “necesidad de un pacto fiscal que considere tanto brechas verticales como horizontales, y concordante con una visión de ‘gestión por resultado’”, subraya la economista Nicole Czerniewicz.

 


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