Un estudio internacional destaca los aciertos de la
descentralización. Charagua y Viacha son ejemplos en rendir cuentas y
control social.
Las autonomías profundizan la participación
popular iniciada con la transferencia de recursos a los municipios,
según investigadores. La participación de la sociedad civil que exige
rendición de cuentas y planificar su desarrollo enfrenta hoy el desafío
de obtener más recursos.
La investigación de
Jean-Paul Faguet Decentralization and popular democracy: governance from
below in Bolivia, realizada con base en estudios de caso y modelos
econométricos, muestra que se produjeron cambios cuantitativos y
cualitativos tras la aplicación de la Ley de Participación Popular 1551
(1994).
El profesor de Economía Política del
Desarrollo en la London School of Economics (Inglaterra) presentó su
estudio en Santa Cruz, durante el Quinto Encuentro de Economistas
organizado por el Banco Central de Bolivia y luego en La Paz en el
evento de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung sobre descentralización y
democratización en Bolivia.
Faguet se preguntó por
qué algunos gobiernos locales se desempeñan bien y otros mal. “Hay que
entender las dinámicas a nivel local”, la participación de las
autoridades de la sociedad civil y empresarios en los planes de
desarrollo; el seguimiento con transparencia son claves, dijo.
Los resultados hallados en los municipios de Viacha (La Paz) y Charagua
(Chuquisaca) confirman que el cambio fue positivo en la asignación de
recursos —de un criterio político a uno per cápita—, mayor
responsabilidad de los municipios y la creación de comités de
vigilancia. “Se municipalizó el país. La descentralización no elimina la
responsabilidad central, sino que más bien la cambia”, precisó. El
estudio que abarca desde 1987 hasta 2009, muestra que el “Gobierno
centralizado invirtió en transporte, energía, hidrocarburos y
multisectorial, y los gobiernos locales en educación, urbanismo y
vivienda y transporte y salud”.
Recordó que antes de
esta reforma, los municipios grandes (del eje central) recibían hasta Bs
77 mil per cápita. “El Gobierno eligió invertir 0,0% en el 40% de los
municipios del país, manifestó.
Para el economista
Édgar Moncayo, la tendencia en los países de América Latina es buscar la
“convergencia entre descentralización y desarrollo local”, de forma que
la descentralización “aporte al desarrollo social y la transformación
productiva”.
El ejemplo se puede observar en los
estudios de caso de Faguet. Viacha es un municipio cercano a la sede de
gobierno, su economía estaba ligada a la planta embotelladora de la CBN
y a la cementera Soboce, con bajos niveles de atención en servicios
básicos, educación y salud. En Charagua, 25% de su población era
ganadera y el resto guaraníes con economía de subsistencia y falta de
caminos para atender un espacio territorial de dos veces el tamaño de
Holanda.
“Diez años después encontré algo dramático”,
señaló Faguet. Mientras en el primero, la corrupción frenó su
desarrollo, en el segundo hubo avance con la participación en la
política de los indígenas a través de la Asamblea del Pueblo Guaraní. En
este periodo, ambos mejoraron sus indicadores de educación, salud y
acceso a internet. Empero, el debate hoy incluye el acceso a más
recursos para atender lo que manden sus cartas orgánicas municipales e
indígenas.
Los hitos en las normas bolivianas
Ley 1551
La Ley 1551 del 20 de abril de 1994, promulgada por Gonzalo Sánchez de
Lozada “reconoce, promueve y consolida el proceso de participación
popular articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, a
la vida jurídica, política y económica del país”.
Autonomía
La nueva Constitución Política del Estado aprobada por voto popular y
promulgada el 7 de febrero de 2009 reconoce una nueva estructura y
organización territorial y manda que una ley regule los niveles de
autonomías: Departamental, Municipal, Regional e Indígena Originaria
Campesina.
Rendición de cuentas, pilar en la planificación del municipio
Los estudios de caso sobre los resultados de la descentralización en
Viacha y Charagua muestran que la interacción entre autoridades y
sociedad civil organizada exige mayor transparencia y planificación.
Con la Participación Popular hay alcaldes que cumplen con normas de planificación
Los departamentos, municipios y pueblos indígenas originario campesinos
tropiezan con diversas problemáticas que afectan sus capacidades de
gestión y planificación para superar la pobreza. Sin embargo, la
participación de la sociedad civil en la definición del uso de sus
recursos tiene un impacto positivo con la rendición de cuentas de sus
autoridades.
Según investigadores económicos, la
tendencia en América Latina en los países que avanzan en la
descentralización, especialmente en Bolivia, apunta a una “convergencia
entre la descentralización y el desarrollo local para el desarrollo
social y la transformación productiva”, manifestó Edgard Moncayo,
durante su exposición en el Quinto Encuentro de Economistas, organizado
por el BCB.
“El carácter democrático de la elección
de las autoridades autonómicas, junto al funcionamiento y al ejercicio
de democracia deliberativa en diferentes niveles legislativos,
departamentales, municipales e indígenas que —sin estar exento de
tropiezos— está presente en todo el territorio nacional, nos muestra que
el proceso autonómico boliviano es un proceso irreversible, que recoge
una tradición de vieja data”, señalan los editores del libro
Descentralización y democratización en Bolivia. La historia del Estado
débil, la sociedad rebelde y el anhelo de democracia, Moira Zuazo,
Jean-Paul Faguet y Gustavo Bonifaz.
“El aspecto
político es fundamental, debe ser abierto, transparente y donde nuevos
entrantes pueden comenzar a competir. Esto es endógeno a las presiones y
al engranaje político (local) de la economía con partidos políticos, y a
la diversidad y habilidad de las organizaciones en la sociedad civil”,
precisa Faguet.
Esa competencia política se organiza
con base en la atención de las necesidades locales (inversión en
educación, salud, servicios básicos, infraestructura y otros) y a una
interacción entre economía y sociedad civil, ciudad y campo, subraya el
investigador.
Cita como ejemplo positivo lo
sucedido en el municipio de Viacha (La Paz). Antes de la reforma de la
descentralización es conocido que las autoridades políticas eran
elegidas por la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), cuyo líder también era
principal accionista de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN). “La CBN
abandona la ciudad. Quilmes la compra y decide cerrar. Eso levanta una
distorsión grande sobre la política y a la larga sobre la sociedad
civil. Vemos el ascenso de la sociedad organizada civil y ven la
posibilidad de lograr algo”. En cifras muestra el cambio: “hay un
gobierno municipal abierto, transparente. La mayoría tiene electricidad,
agua potable y el 70% de las escuelas tiene internet. El alcalde da
informes cuatrimestrales a la población e informes semanales al Comité
de Vigilancia. Los presupuestos son hechos a nivel de distrito y
comunidad”. La rendición de cuentas es clave.
Y en
Charagua (Santa Cruz), otro buen ejemplo de desarrollo local “las
tendencias se han profundizado”. Faguet señala que aún falta mucho por
hacer, pero ahora es la comunidad la que maneja sus presupuestos y
finanzas.
El rol del sector privado
Se propone que el sector privado empresarial también participe en esta
forma de gestión. Se depende de su aporte para que el municipio avance
en la construcción de planes y proyectos de desarrollo consensuados.
Guaraníes avanzan en la autonomía indígena
Ellos “(los guaraníes) quieren seguir
profundizando en la descentralización interna del municipio, a nivel
submunicipal y comunal. En mi opinión, están construyendo sobre los
logros de la Participación Popular, renombrándola autonomía y eso está
bien”, dijo Jean-Paul Faguet.
El proyecto de Estatuto
de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae fue presentado de forma
simbólica al Tribunal Constitucional en junio. Se prevé que hasta fin de
año entre en vigencia.
“Me parece magnífico que las
autonomías den más recursos y potestades. El incógnito son las
autonomías indígenas porque ese nivel da privilegios especiales que no
tienen otros —como el de la Justicia— si los derechos son similares no
sería un problema, pero depende de cómo se lleve adelante”, sostiene
Faguet.
El mayor problema será el fiscal. Para Faguet
no es un tema que provenga de las leyes, sino “por los cambios en el
régimen fiscal que han transferido IDH y regalías de forma desigual, y
eso va a llevar a tensiones políticas y sociales”.
Hay “necesidad de un pacto fiscal que considere tanto brechas verticales
como horizontales, y concordante con una visión de ‘gestión por
resultado’”, subraya la economista Nicole Czerniewicz.
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