Por fin habrá datos y estadísticas que servirán, espero, para definir nuevas políticas de lucha contra el narcotráfico y en beneficio del desarrollo rural de familias campesinas dedicadas al cultivo de la hoja de coca. El 10 de septiembre presentarán los resultados del “monitoreo de cultivos de hoja de coca” y el “estudio integral” .
Antes de que concluya esa investigación, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, dijo que “será el estudio el que dirá si se requiere de 12.000, 16.000 ó 20.000 hectáreas de coca”, pero, si hay más, anunció que “compraremos toda esa coca para que no se desvíe al narcotráfico, por supuesto, con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN)”.
Recuerdo que los que pagamos impuestos (grandes empresas, pequeñas formales, profesionales independientes, trabajadores dependientes y servidores públicos a los que descuentan el IVA y demás bolivianos dedicados a alguna actividad registrada con un Número de Identificación Tributaria) aportamos a esa arca estatal. Y se supone que ese dinero financiará a las obras públicas (caminos, educación y salud) y cualquier otro destino debería ser consultado a la población que somos beneficiarios de esas obras, dicen las leyes.
Cáceres dijo que los resultados del estudio dirán cuántos bolivianos la consumen y ese dato será expresado en libras y convertido en hectáreas. El artículo 4 de la Ley 1008 (del régimen de la coca y sustancias controladas promulgada el 19 de julio de 1988) “entiende como consumo y uso lícito de la hoja de coca las prácticas sociales y culturales de la población boliviana bajo formas tradicionales, como el ‘acullicu’ y masticación, usos medicinales y usos rituales”.
Tres cosas me causan molestia y me obligan a pedir un referéndum por adelantado. Uno, sugieren que se compre con dinero de nuestros impuestos la hoja de coca de zonas donde no deberían cultivar la “coca originaria y ancestral”. Hoy son 30.900 hectáreas cultivadas, y según la estrategia de lucha contra el narcotráfico de este gobierno, sólo deberían ser 20.000 hectáreas.
Dos, si el estudio dice que de esas 20.000 hectáreas sólo se requieren para el consumo tradicional unas 16.000 hectáreas, entonces comprarán con plata del TGN esas 4.000 hectáreas de hoja de coca.
Y la tercera: deduzco que si compramos (yo a través de mis impuestos) esas hojas de coca o las almacenaremos (con no sé qué destino) o nos prestaremos plata (de no sé qué organismo o país) para quemarlas, al respecto el Gobierno anunció que buscan platita para incinerar 907 toneladas de hojas de coca decomisadas por ilegales.
Antes de que concluya esa investigación, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, dijo que “será el estudio el que dirá si se requiere de 12.000, 16.000 ó 20.000 hectáreas de coca”, pero, si hay más, anunció que “compraremos toda esa coca para que no se desvíe al narcotráfico, por supuesto, con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN)”.
Recuerdo que los que pagamos impuestos (grandes empresas, pequeñas formales, profesionales independientes, trabajadores dependientes y servidores públicos a los que descuentan el IVA y demás bolivianos dedicados a alguna actividad registrada con un Número de Identificación Tributaria) aportamos a esa arca estatal. Y se supone que ese dinero financiará a las obras públicas (caminos, educación y salud) y cualquier otro destino debería ser consultado a la población que somos beneficiarios de esas obras, dicen las leyes.
Cáceres dijo que los resultados del estudio dirán cuántos bolivianos la consumen y ese dato será expresado en libras y convertido en hectáreas. El artículo 4 de la Ley 1008 (del régimen de la coca y sustancias controladas promulgada el 19 de julio de 1988) “entiende como consumo y uso lícito de la hoja de coca las prácticas sociales y culturales de la población boliviana bajo formas tradicionales, como el ‘acullicu’ y masticación, usos medicinales y usos rituales”.
Tres cosas me causan molestia y me obligan a pedir un referéndum por adelantado. Uno, sugieren que se compre con dinero de nuestros impuestos la hoja de coca de zonas donde no deberían cultivar la “coca originaria y ancestral”. Hoy son 30.900 hectáreas cultivadas, y según la estrategia de lucha contra el narcotráfico de este gobierno, sólo deberían ser 20.000 hectáreas.
Dos, si el estudio dice que de esas 20.000 hectáreas sólo se requieren para el consumo tradicional unas 16.000 hectáreas, entonces comprarán con plata del TGN esas 4.000 hectáreas de hoja de coca.
Y la tercera: deduzco que si compramos (yo a través de mis impuestos) esas hojas de coca o las almacenaremos (con no sé qué destino) o nos prestaremos plata (de no sé qué organismo o país) para quemarlas, al respecto el Gobierno anunció que buscan platita para incinerar 907 toneladas de hojas de coca decomisadas por ilegales.
Svetlana Salvatierra
es editora de El Financiero
es editora de El Financiero
Publicado en La Razón, 31 de julio, 2011.
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