Editorial de Correo del Sur, publicado 9 enero 2011
Durante los últimos días, desde la misma noche en que se abrogó el DS 748, el Gobierno Nacional se ha dado a la tarea de “crear las condiciones” para que el pueblo boliviano acepte sin poder objetar la drástica disminución de la subvención de los precios de los carburantes y todas sus previsibles consecuencias.
Lo ha hecho porque, según la interpretación del equipo gubernamental, el fracaso del primer intento se debió a que el pueblo no estaba suficientemente preparado. Y para ello, desarrolla un plan de acción que tiene dos elementos principales: una convocatoria al debate nacional, la difusión de información, de todos los datos que respaldan la necesidad y conveniencia de adoptar drásticas medidas económicas, por una parte, y una “ofensiva estratégica” para desalentar e incluso eliminar cualquier posibilidad de que las movilizaciones sociales de resistencia se repitan.
El primer elemento, cuya necesidad y conveniencia es tan evidente que merece el respaldo y la participación activa de toda la sociedad, pero muy especialmente de quienes más saben de materia económica e hidrocarburífera, ha quedado, lamentablemente, sólo en el plano del anuncio. No se ha dado el primer paso necesario, que es la amplia e irrestricta difusión de la información relativa al real estado de la economía nacional, del sector hidrocarburífero, a las reservas de hidrocarburos realmente existentes, a las razones por las que no se han hecho las inversiones que urgen y mucho menos de las múltiples dificultades que han llevado a resultados tan diferentes a los esperados tras cinco años de la “nacionalización”.
Sin esa información será imposible que las muchas dudas que pesan sobre la manera como el gobierno está conduciendo la economía nacional, y muy especialmente en su sector hidrocarburífero, sean despejadas y, por consiguiente, que se superen las resistencias que ya se manifestaron de manera racional.
El segundo plan de acción dirigido a crear las condiciones necesarias para aplicar las medidas de ajuste consiste en descalificar a quienes conservan un espíritu crítico al juzgar los actos gubernamentales e incluso a quienes sin más argumento que la defensa de su propia economía, la de sus familias y sus empresas o fuentes de ingresos se niegan a aceptar pasivamente medidas que tienen todo el aspecto de arbitrarias, abusivas y adversas a los intereses de todos los sectores de la sociedad y sobre todo de los más pobres.
Parte fundamental de esa línea de acción consiste en un nuevo esquema de división de la población boliviana y, lo que es peor, promoviendo resentimientos, enemistades y antagonismos que sólo pueden conducir a futuros enfrentamientos. “Patriotas” y “traidores” son los dos grandes sectores en los que en palabras presidenciales estamos ahora divididos los bolivianos. Dos categorías que, por lo mucho que implican, llevan los gérmenes de la intolerancia, la radicalidad, la enemistad y el enfrentamiento.
Entre una y otra fórmula, entre el debate y la confrontación de ideas y la convocatoria implícita a que el asunto se resuelva mediante la imposición de los “patriotas” sobre los “traidores”, resulta evidente cuál es la mejor. Es de esperar que quienes con tanto entusiasmo se inclinan por tomar el segundo no sean los que finalmente se impongan.
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